Toma nota.../Take note...

Todo indica que el nuevo presidente chino Xi Jinping se apresta a iniciar un nuevo ciclo de reformas económicas para atender algunos cambios fundamentales necesarios para que China mantenga un elevado crecimiento económico y ajuste su patrón de crecimiento para depender proporcionalmente más del consumo interno y menos de las exportaciones y las inversiones.  XI Jinping se ha rodeado de académicos de prestigio y  funcionarios reformistas, algunos que tienen una trayectoria en posiciones clave, especialmente en campañas contra la corrupción.

 China ha desarrollado tensiones (riesgos y vulnerabilidades) en el área rural, el sector financiero y las finanzas de los gobiernos locales en el contexto de una población envejecida.  Estas tensiones se originan en una estrategia de desarrollo que ha mantenido las tierras rurales como propiedad estatal, ha sido muy dependiente de la inversión en infraestructura y la relocalización del exceso de mano de obra rural hacia las fábricas urbanas.   El modelo de crecimiento vigente logró resultados extraordinarios en las décadas recientes y convirtió a China en el primer país manufacturero y exportador mundial y la segunda economía, pero que cada vez se considera más insostenible.

La transición hacia un crecimiento sostenible en el futuro, con base en un uso más eficiente de los recursos, mayor inclusión social y orientación hacia los consumidores, requiere que se adopten reformas estructurales y en las áreas financieras y fiscal.

En área rural todavía reside un 49% de la población y los agricultores solo tienen derecho al uso de la tierra pero no tienen su propiedad, lo que impide hipotecarla y solo pueden vender sus viviendas a otros agricultores, lo que ahoga el mercado de tierras, tanto rural como urbano.  Otra reforma crucial es privatizar algunas empresas estatales que generalmente operan ineficientemente y dependen mucho de los recursos del sistema financiero.  Se planea utilizar el valor de estas empresas para financiar la mejora de las pensiones.  El sistema financiero a su vez está debilitado por los préstamos que ha hecho tradicionalmente a las empresas estatales.

El 26 de julio de 2007 Raúl Castro anunció que Cuba requería reformas estructurales y conceptuales, así como  la eliminación de prohibiciones absurdas para superar el entorno de baja productividad que determina que los salarios de los trabajadores sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Posteriormente en 2010 el gobierno anunció que las empresas estatales y la administración pública tenían nóminas infladas o trabajadores redundantes que es imprescindible eliminar.  Su número se estimó en 1.8 millones de trabajadores o aproximadamente el 38% de la fuerza laboral.  Dicha eliminación es fundamental para que las empresas estatales sean rentables, tengan mayores niveles de inversión para actualizar su acervo de capital y sus niveles tecnológicos, puedan hacer una mayor contribución al estado y pagar mayores salarios reales para incentivar a los trabajadores.  Menores nóminas les permitirán pagar mayores  impuestos al estado y que este a su vez disminuya o elimine los subsidios por pérdidas y dedique los recursos públicos a la inversión pública y al gasto social cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años.  También tendería a mejorar la situación del sector bancario que se ve obligado a brindar recursos a empresas no rentables contaminando su cartera y haciéndola más frágil y vulnerable.

El problema estratégico es que la reducción de empleados redundantes y la consecuente restructuración de las empresas estatales depende inexorablemente de la expansión del sector privado o no estatal como ha ocurrido en todas las antiguas economías del socialismo real estalinista.  El gobierno cubano durante la autoridad de Raúl Castro ha adoptado algunas medidas para expandir las actividades del cuentapropismo y dar tierras ociosas en usufructo a agricultores privados para que aumenten la capacidad de absorción de trabajadores.  Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para lograr las metas establecidas de reducción de las nóminas infladas.

Después de la caída del muro de Berlín los antiguos países socialistas de Europa y la Unión Soviética, que tenían una estructura productiva más parecida a la de Cuba que China y Viet Nam con menor proporción del PIB y empleo en la agricultura, comenzaron a privatizar las empresas estatales y alentar nuevas empresas privadas para aumentar su productividad y eficiencia competitiva y así superar su situación de pobreza y atraso.  Algunos economistas propusieron que había que transformar esas antiguas economías socialistas para que aumentaran el sector privado de menos del 20% en la generación del PIB y el empleo a aproximadamente el 80%.

Nicolás Maduro confronta tres crisis simultaneas que se refuerzan mutuamente, se han acentuando recientemente y constituyen un complicado circulo vicioso que recuerda la ley del economista Rudiger Dornbusch.  Dicha ley establece que los economistas, pero también otros estudiosos sociales, suelen tener la oportunidad de equivocarse por partida doble respecto a la dinámica propia de las crisis.  Tardan más en llegar de lo que se piensa, pero entonces suceden mucho más rápido de lo que se piensa.

Venezuela sufre de una situación económica insostenible, heredada de las patéticas políticas de Chávez, quien estimulaba mucho la demanda agregada mediante políticas populistas expansivas del gasto público, mientras que, a la vez, restringía la oferta agregada con expropiaciones de empresas, rigidices e inflexibilidades laborales, y con controles de precios.  Estos hacen que muchos bienes tengan precios por debajo de su costo de producción, lo que desalienta la inversión privada extranjera y alienta la fuga de capitales.  Como secuela de las políticas públicas, así como del estancamiento de la producción y del precio del petróleo, en Venezuela se ha desatado una elevada inflación y un creciente desabastecimiento, con un producto en contracción, escasez de divisas a pesar de la devaluación de 47%, una deuda externa no inferior al 55% del PIB a la tasa de cambio sobrevaluada de Bs6.3 por US$1 y una elevada tasa de riesgo país de alrededor de 800 puntos.

Hay dos importantes temas de política económica que se están debatiendo activamente en los países avanzados en recesión o crecimiento anémico:  si las políticas monetarias no convencionales, principalmente la flexibilización cuantitativa, son pertinentes, y cuáles son las políticas fiscales más apropiadas (austeridad o estímulo) para superar la situación existente.

Cuando se entró en la Gran Recesión hubo consenso de que los bancos centrales redujeran las tasas de interés hasta nivel cero o cercano a cero.  Una vez que se logró ese nivel, o sea que se agotó la política monetaria tradicional de disminuir las tasas de interés, hubo la decisión de mantener políticas monetarias expansivas comprando valores públicos e hipotecarios en poder del sistema financiero, particularmente en EEUU, para inyectar mayores recursos a las carteras de los bancos comerciales y reducir las tasas de interés de mediano y largo plazo.  También se hicieron promesas de mantener esta política en el futuro.  Ello ha desatado un amplio debate sobre la propiedad de las medidas ya que varios especialistas (entre otros: John Taylor, Nouriel Roubini, Martin Feldstein) consideran que se están creando severas distorsiones en el sistema financiero, entre ellas burbujas de crédito, y, por ende, en la economía real, así como en las tasas de cambio internacionales, propiciando una incipiente guerra cambiaria.  Estos especialistas expresan serias dudas sobre si la política no convencional, dada la magnitud de las compras de valores realizadas y los plazos de reacción a las políticas monetarias, se podrá revertir oportuna y apropiadamente, o sea sin acentuar presiones inflacionarias o desatar presiones contractivas.