Venezuela / Venezuelan Affairs

El pasado 07 de noviembre culminó el lapso de permanencia legal para más de 600.000 venezolanos en Norteamérica, mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de pausar indefinidamente el estatus migratorio que protege a la mayor cantidad de connacionales.

 Dicha decisión desampara a cientos de miles de familias que han mantenido a lo largo del 2025, la esperanza de mantenerse legalmente en este país, al caracterizarse la migración venezolana de ser un grupo nacional disciplinado y cuidadoso en el ingreso legal a los EEUU. Resaltando que la mala conducta de una minoría ínfima no puede desprestigiar el buen comportamiento ciudadano de la inmensa mayoría de nuestro gentilicio.

En efecto, de una población aproximada de 1.200.000 personas, el ingreso de cada ciudadano venezolano ha sido registrado a través de diferentes figuras de las leyes migratorias norteamericanas, a saber, parole humanitario, asilo político, peticiones familiares y TPS, siendo ésta ultima la modalidad que mas protegía a nuestros compatriotas.

La publicación del Migración Policy Institute (MPI) señala que desde la decisión por la administración anterior, designando a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), en 2021, permitiendo que un número significativo de venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos, recibieran autorización de trabajo y protección contra la deportación. Este estatus amplió en elegibilidad en julio de 2023.

En el contexto de la agonía del régimen chavomadurista acelerada por la victoria electoral de Edmundo González en julio 2024, el desolado acto de usurpación presidencial del poder en enero 2025, y la ofensiva desatada de la administración Trump en el Caribe contra el narcotráfico que amenaza la permanencia en el poder a Nicolás Maduro, ha sumergido a los interesados en un debate sobre el país posible que se avecina.

Como es natural cuando se trata de abordar la transición de una gestión que demolió durante el siglo XXI a la nación mas próspera de América Latina en el siglo pasado, el cruce de ideas se centra en el restablecimiento de las instituciones públicas, la libertad de expresión, la reconstrucción de la economía y de las empresas básicas: PDVSA, Guayana, Electricidad, Telecomunicaciones, entre un amplio etcétera que componen la envergadura de un país.

Entre tantas deliberaciones debe dársele especial relevancia a la importancia que merece al valor del trabajo, que constituye para los pueblos del mundo en la actividad económica que dignifica al ser humano, lo motiva y lo reproduce. En el caso venezolano durante el siglo XXI ha alcanzado el extremo de la degradación y el abaratamiento, como no lo ha conocido región alguna en el continente americano.

Según datos extraoficiales ya que la CEPAL coloca siempre un asterisco a los datos sobre la economía local, la relación entre el factor Capital y el Factor Trabajo se ubica a partir del indicador Ingreso Nacional en el orden de 90% para el Capital y el 10% para el Trabajo, que de corroborarse saltarían las alarmas al significar la extrema precariedad de los salarios y de la condición de vida de la población.

En reiteradas oportunidades Nicolás Maduro se ha pronunciado por una “constituyente obrera”, la última la ha manifestado el pasado jueves 23/10/2025 juramentando una comisión de marras, la cual tiene como “objetivo fundamental ser el motor inicial para la organización de un proceso nacional, que estará destinado a refundar el instrumento del Movimiento Obrero Nacional y adaptarlo al Socialismo Bolivariano del siglo XXI, y alineado al Plan Estratégico de las 7 Grandes Transformaciones y el Programa de la Patria”.

Semejante encomienda viene entrelazada con un plan trazado por el régimen en agosto pasado, denominado “las tres tareas de la clase obrera”: “el plan productivo de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), con el objetivo de impulsar la producción nacional, garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales, afianzar la gestión productiva, en el esquema de nuevas formas de organización, «Poder Obrero», y en el plan de los Cuerpos Milicianos de la Clase Obrera Trabajadora”.

Estos planteamientos del régimen forman parte de un discurso desgastado hasta la saciedad a lo largo del siglo XXI, como antesala de la ofensiva brutal contra la condición de vida de los trabajadores, de la libertad sindical y gremial, utilizando el poder del estado a través del Ministerio del Trabajo, los tribunales del poder judicial, el control de las elecciones sindicales a través del CNE, para imponer el grado de precarización laboral mas abyecto que se conozca en la región.

La canonización del Dr José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles conforma un acontecimiento histórico para los venezolanos, luego de una larga espera por el Médico de los Pobres y posteriormente con la Madre María de San José, se ha concretado con la educadora y fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, que nuestro país venere hoy por primera vez dos santos.

En el caso del Siervo de Dios se debe destacar su presencia en cada hogar y rincón del país, siendo para la población de cualquier estrato social el santo venerado y solicitado, a la hora de remediar las situaciones mas extremas que pueda sufrir cualquier ser humano nacido en estas tierras. Con tanta relevancia que ha integrado el alma de la nación desde su muerte hace mas de un siglo en 1919 hasta el presente.

En todo ese tiempo la referencia popular del Dr. José Gregorio Hernández no estuvo relacionada con gobierno alguno, siendo su figura inmaculada y respetada por gestiones de todo corte, dictaduras, gobiernos democráticos de diferentes tendencias, las cuales jamás osaron utilizar la imagen del santo como respaldo de cualquier gestión presidencial.