Desde el anuncio público del “histórico acuerdo” petrolero entre Estados Unidos y Venezuela el pasado 28 de agosto de 2026, no cesa una lluvia de confeti en medio de una danza de compromisos de 65.000 millones de barriles petroleros de la reserva petrolera venezolana, entre la actual administración norteamericana y la compañía petrolera NABEP concesionada por el régimen usurpador de Delcy Rodríguez.
Las dimensiones del presuntuoso convenio no dejan de asombrar, de parte del gobierno norteamericano se exalta que tendrá una duración de 25 años, 100 años e incluso el presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo petrolero con Venezuela garantizará energía para Estados Unidos hasta por 500 años, por otra parte, desde el Rodrigato se divulga que el pacto producirá los recursos para la reconstrucción del país, por cierto destruido por el chavomadurismo durante 27 años. Hasta ahora hemos visto decenas de entrevistas de expertos petroleros de todo calibre a nivel nacional e internacional, de universidades, de reconocidos centros de investigación, así también de connotados juristas, quienes manifiestan su justificado rechazo a un desigual convenio que de entrada le entrega gratuitamente 35% de participación accionaria al Pentágono y un 20% de la producción al costo.
Ahora bien, considero que en toda esta polémica hay un gran ausente, donde no se ha planteado sobre quien o quienes son los que van a extraer el precioso mineral de las entrañas del suelo venezolano, incluso no se menciona en que condiciones laborales se desarrollarán las operaciones en el contexto de tan rimbombante acuerdo.
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