Venezuela / Venezuelan Affairs

La sabiduría popular nos señala en el laberinto de los tiempos que "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra", resaltando el origen de los errores humanos de los cuales también se aprende como lecciones de experiencia para intentar evitar frustraciones y desengaños.

En nuestra Venezuela del siglo XXI se han convocado no solo 2, algunos hablan de 18 otros indican solo 9, al recurrir a la IA nos indica “9 es el conteo de las grandes etapas históricas estructuradas, mientras que 18 refleja la totalidad de los intentos y reuniones formales de negociación que se han convocado de forma intermitente para buscar una transición o salida política”.

Desde la primera gran cita formal al diálogo en la Venezuela chavista ocurrida en abril de 2002, de la mano del presidente Hugo Chávez, tras los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril han transcurrido numerosas convocatorias hasta la reciente de agosto 2026, con la particularidad que todas han finalizado con ganancia de tiempo para la tiranía gobernante.

¿Esto pudiera plantearnos que el diálogo se debe desechar? Para nada, al ser el terreno propicio para evitar conflictos bélicos, siempre y cuando la calidad del encuentro reúna a las partes que representan el poder, por un lado, y por el otro el reconocimiento legítimo de la población quien en el caso venezolano manifestó en julio 2024 mediante el voto soberano, sus deseos de cambio y de desalojar del poder al mandatario usurpador por la via democrática.

 América Nuestra:

Si Venezuela está en un limbo y ya tiene encima un tutelaje y una presidenta interina designada calculen ustedes, apreciados lectores, cómo estará Cuba. A ese limbo lo llamamos vacío de poder, incertidumbre, inquietud o zozobra. Como prefieran, según sea el caso. El problema es que la aludida -más no mentada- gobierna colocada a dedo por el interventor, y no porque su estatus sea legal. De hecho, va contra las disposiciones de la Constitución Nacional. Lo procedente sería que se consultara al Soberano, que es el pueblo venezolano y no otro, acerca de quién debe conducir los destinos del país. 

Y no sólo lo procedente, también lo prudente, pues la tragedia sobrevenida coloca en riesgo los planes de tutor y tutelada -que no son los mismos, ni mucho menos, así lo parezcan-, a juzgar por el termómetro de la indignación ciudadana ante el pésimo manejo de la emergencia, cuya manifestación más indignante y dolorosa ha sido la llamada “desatención” a la urgencia, cuando en realidad ha sido una fría y calculada pretensión de dejar a la gente a su suerte.

Pero salió al paso la sociedad civil de este país la cual, a fuerza de abandono y carencias, ha fortalecido un músculo que combina la resistencia a un régimen cruel con la resiliencia y la capacidad de respuesta ante la dimensión de cualquier eventualidad. Como dicen nuestros llaneros: somos del tamaño del compromiso que se nos presente.

Así es como hemos llegado -arrastrando dos décadas de arbitrariedad y destrucción- a soportar un terremoto como muy pocos se han registrado en la historia planetaria, sorprendiendo al mundo con una respuesta masiva, unitaria y solidaria que desde el primer momento se hizo presente para socorrer, aliviar y reafirmarnos en la convicción de que no nos hacen falta gobierno ni militares, porque es la hora de la gente, de las comunidades organizadas, el momento de ejercitar ese músculo para dar el frente a un país que necesita persistir en la asistencia humanitaria y en una reconstrucción que será larga y demandante.

Hace 2 años el pueblo venezolano concretó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante, sin emplear la violencia millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular no se ha concretado todavía motivando a que integrantes de la sociedad civil denuncien la incongruente situación que sufre el país.

El Comité Cúmplela en defensa de la Constitución, Espacio Consenso, Frente Norte de Caracas, organizaciones políticas y sociales, junto a integrantes de Gremios, centrales y federaciones sindicales sindicales, sindicatos no confederados, han manifestado su posición ante las sedes del CNE de la ciudad capital y varias regiones del pais, en torno al significado del 28/07/2024 y la crisis que estremece a la nación.

La declaración señalada indica “a dos años de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranía que despojó al pueblo, el país entero se levanta y exige, democracia, justicia, libertad y la restitución del estado de derecho”.

Por tanto, restablecer nuestra soberanía, el Estado de Derecho y de Bienestar pasa entre otras cosas, por el respeto al Artículo 5 de la Constitución Nacional, ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y en consecuencia la juramentación del Presidente electo Edmundo González Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional, el cual tendrá entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, éticamente irreprochable y técnicamente capacitado.

por Milagros Betancourt C.

Luego de años de remisión constante a la Corte Penal Internacional de escritos, informaciones y evidencias por parte de diversos actores nacionales e internacionales sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en las últimas dos décadas, y luego de culminado un Examen Preliminar ordenado de oficio en 2018, actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) conduce una investigación al respecto, iniciada el 3 de noviembre de 2021.

Dicha investigación se realiza apegada a los tres principios fundamentales que orientan la actuación de la CPI establecidos en el Estatuto de Roma, que son 1) el carácter complementario de su jurisdicción (principio de complementariedad) que implica que la Corte sólo puede actuar cuando los Estados no pueden o no quieren; 2) la responsabilidad penal individual, que implica que únicamente es competente para juzgar a individuos, a personas naturales; y 3) la legalidad, referido a que las conductas punibles, es decir los crímenes,  deben estar previamente tipificadas en un instrumento legal, en este caso el propio Estatuto de Roma.

Con estos aspectos en mente, haremos un balance de las actuaciones de la Corte desde antes del inicio de la investigación y durante su desarrollo, asi como los retos que tenemos para lograr el objetivo de hacer justicia y lo que podemos esperar.