Para nadie es un secreto la evidente y profunda división en la oposición venezolana, que larvada durante más de una década brotó sin medias tintas con las primarias presidenciales de 2023, aquel domingo de octubre la figura de María Corina Machado arrasó al desprestigiado liderazgo de la Plataforma Unitaria. El resultado de aquella consulta obligó a la maltrecha dirigencia, con los resabios del caso a apoyar con “dientes apretados” al presidente electo el 28-J 2024 Edmundo González Urrutia, ante la peor paliza que haya recibido un mandatario candidato en Latinoamérica durante el siglo XXI.
Consumado el asalto al poder con la fraudulenta y descalificada asunción de Maduro en enero 2025, no reconocida tanto a nivel nacional como internacional, este procedió a convocar anticipadamente elecciones legislativas y regionales el próximo 27 de mayo, como anzuelo para garantizarse el “reconocimiento” a su denostado mandato, atrayendo a la participación de la oposición inconforme por su disminuido estatus político. Aun así esta insiste en participar con un CNE perpetrador de la mayor estafa electoral de nuestra historia republicana, con el objetivo de aspirar a mantener sus cuotas de poder locales y el botín de cargos a su militancia.
Demás está decir que estos resentimientos internos en la oposición venezolana son alentados desde los altos estamentos del gobierno nacional, utilizando al teniente del Furrial a tambor batiente para profundizar las diferencias opositoras, alimentadas por informantes y alacranes. Ahora bien, estas maniobras distractivas del régimen contienen un objetivo mayor, y es el de mantener ocupada a todos los factores opositores solo en el escenario electoral, ocultando sus verdaderas intenciones de imponer con su proyecto de reforma constitucional al vertical Estado Comunal.
Entre tanto Nicolás Maduro no pierde tiempo, anunció desde febrero a cuatro comisiones para la reforma de la constitución, de las cuales son: para un «nuevo sistema de Estado democrático, e incorporar al Poder Comunal, Social y Popular» encabezada por Jorge Rodríguez, «En los términos jurídico, constitucional» bajo la coordinación de Tarek William Saab en su condición de presidente de la comisión especial, «definir los parámetros, valores y principios» presidida por Cilia Flores, mientras que la cuarta y última comisión realizará el «Nuevo Modelo Económico diversificado», encargada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Conjuntamente con este Comité de marras cuya única característica es la fidelidad perruna, nombró una macro comisión integradas por 25 funcionarios, entre ellos ministros, representantes de los poderes públicos, militantes del PSUV, cuya función es ser Comisarios de un régimen cuyo modelo es copia del dictatorial estado castrista.
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resolver la disputa entre ambos países en base al Acuerdo de Ginebra de 1966