Venezuela / Venezuelan Affairs

En reportaje de la web INFOBAE recientemente publicado el 22/05/2026 se informa que "Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)", resaltando “la disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas, en el marco del Foro de Diálogo Social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmando de esta manera el acercamiento del chavismo con los patronos en el marco del “nuevo momento político” que se inauguró el 3 de enero, tras el ataque militar de Estados Unidos”.

Resulta asombroso que en la actualidad se mantenga en la agenda del Foro Social la permanencia de los CPT en nuestro país, con la anuencia de los diferentes actores sociales que integran la instancia: Centrales sindicales, Fedecámaras y la OIT, ya que la posición del Régimen es mantener esta figura creada para atentar contra la libertad sindical y la propiedad privada.

Los CPT forman parte del proyecto de Estado Comunal desde 2007 cuyo objetivo originalmente trazado, es implantarlo como una organización de los trabajadores sustituta de los sindicatos y de control del Estado sobre las empresas privadas y públicas, quien no lo entienda así debe remitirse a las normativas ilegalmente creadas desde 2017. La propuesta inicial de los CPT fue planteada en la fracasada reforma constitucional de 2007 sometida por Hugo Chávez al país y derrotada en el referéndum del 2-D 2007. Dicho intento no se detuvo allí, continuó presente en los Planes Simón Bolívar elaborados por asambleas tumultuarias en Guayana y en los textos de las leyes orgánicas comunales aprobadas írritamente por la Asamblea Nacional de diciembre 2010.

En las últimas semanas se han publicitado numerosos llamados a elecciones por parte de voceros de organizaciones políticas opositoras y de la sociedad civil, exigiendo en el plazo mas inmediato posible la convocatoria a elecciones como fase necesaria para la reinstitucionalización del país.

Entre estas iniciativas participamos en la propuesta del Espacio Consenso y el Comité en defensa de la Constitución Cúmplela, la cual convoca a toda la población a reforzar la aspiración de realizar elecciones libres en nuestro país, a través de acto público cuya consigna central indica “EL 28 DE JULIO, YA DECIDIMOS POR DEMOCRACIA Y LIBERTAD”, a realizarse el próximo viernes 15 de mayo de 2026 (9:00 AM), en la sede de la APUCV, en Caracas, y en diferentes sedes en otras ciudades del país.

En el contenido de la invitación al evento se reafirma que efectivamente, el 28 de julio de 2024 el pueblo venezolano se expresó de manera firme e irrefutable en favor de un cambio de gobierno y del restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Por ello, hoy más que nunca, debemos luchar porque se respete la soberanía popular y que se reconozca ese triunfo.

Solo un gobierno legítimo, que sea el resultado de la voluntad popular, puede construir una democracia plena y robusta, recuperar y consolidar la soberanía nacional y conducirnos al desarrollo económico que garantice la participación de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos y libertades. ¡Exigimos una transición inmediata a la democracia! ¡por justicia democracia y libertad.

 El documento elaborado en la Mesa Nacional de Diálogo para los consensos laborales y sociales el pasado 30 de abril es una oda al desprecio de la condición de vida de los trabajadores activos, pensionados y jubilados en Venezuela. Lo que supuestamente iba a ser un “aumento responsable” a decir de la mandataria interina, se ha trastocado en una oportunidad perdida para abordar con seriedad el salario y el poder adquisitivo.

Las expectativas bien fundadas de atender las justas exigencias de centrales sindicales, gremios profesionales, sindicatos no confederados, organizaciones de jubilados y pensionados culminaron en la frustración persistente, al conocerse los alcances de un acuerdo que mantiene en la ruina a millones de seres humanos, a quienes se les ha repetido el mismo discurso a lo largo de estos años.

Efectivamente desde 2019 una Comisión de Encuesta acordada por la OIT estableció la obligación al régimen de acordar políticas favorables al salario mínimo, las reuniones tripartitas y la libertad sindical, designando un Foro Social permanente hasta lograr restablecer los convenios laborales violados. Directriz que comenzó a concretarse desde marzo 2022.

 Desde esa fecha hasta el pasado 30 de abril han transcurrido 1507 días, en cuyo periodo se han realizado 5 Foros Sociales, se han aprobado decenas de comisiones y propuestas para el calculo del salario sin aplicación alguna. Durante 4 años, 1 mes y siete días jamás se afectó al salario que permaneció en el recien acuerdo firmado el 30/04/2026 en 130 bs., integrado a los bonos de guerra y cesta ticket sin ninguna incidencia salarial.

El cambio que Venezuela espera con ansiedad hace indispensable el retorno de María Corina Machado, para iniciar la verdadera transición, el regreso a la institucionalidad democrática y la recuperación del devastado país.

Objetivamente hablando es imposible desconocer que María Corina Machado, en la encrucijada actual de Venezuela, es la líder de su país; su voz es escuchada por la gran mayoría de los venezolanos que tenemos la esperanza puesta en ella para, bajo su conducción, abrirle camino al cambio.

Luego de transcurridos más de cuatro meses del día en que María Corina salió de Venezuela, para recibir el premio Nobel de la Paz y luego efectuar un importante periplo por países de Europa y América, gira todavía inconclusa, se ha acrisolado su liderazgo y su estatura de estadista, María Corina debe retornar a Venezuela para ponerse a la cabeza del movimiento iniciado por trabajadores, pensionados, jóvenes, el liderazgo político y organizaciones de la sociedad civil, en búsqueda del anhelado cambio hacia la democracia y la libertad.

Con el inicio del presente año, el 3 de enero abrió una esperanza para la democracia en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y su enjuiciamiento en New York, entre otros crímenes, por narcotráfico y terrorismo. El gobierno de los Estados Unidos asumió un tutelaje sobre la nación suramericana, determinando un presidente interino sin legitimidad: Delcy Rodríguez, íntimamente vinculada al régimen criminal de Maduro, tiene expedientes por delitos de lesa humanidad.