Venezuela / Venezuelan Affairs

Maduro anunció el pasado 15 de febrero la creación de la comisión para la reforma constitucional. La cual encabezará como presidente el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acompañado de un secretariado ejecutivo formado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el abogado Hermann Escarrá y la primera dama Cilia Flores. Así también convocó a liderazgos de otras instituciones a sumarse a los trabajos de la comisión y recaben propuestas y opiniones sobre posibles cambios a la Constitución.

Algunas personas a quienes llamó a esta labor son el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Alfred Nazareth, entre otras personas cercanas al oficialismo (CNN 15/02/2025).

Ante esta sórdida convocatoria no es necesario mucho esfuerzo en imaginarse cuál será su producto ideológico, al notarse la parcialidad absoluta de sus integrantes con el curso de la gestión de Maduro, quienes han compartido sin escarnio alguno las violaciones permanentes a la Carta Magna al convertirla en letra muerta.

Pues bien, ahora han recibido el funesto encargo de diseñar el guion para sustituirla definitivamente por un panfleto que justifique el nuevo estado, que entre bambalinas han venido fraguando a lo largo del siglo XXI bajo la calificación de estado comunal, orientado a garantizar Il Nuovo Ordine con el control absoluto del país.

Sin ir muy lejos en materia de comparaciones observemos como fue el proceso de cambio constituyente en 1999, cuando la furia de la revolución bolivariana irrumpía en la escena política con la elección de un nuevo presidente en diciembre de 1998, sin embargo este visualizaba al inicio la consulta a representantes de diferentes corrientes del pensamiento político venezolano, cuando gozaba de la aureola del cambio para luego asumir la pose reaccionaria y autoritaria a lo largo de su gestión.

Desde que Luis Fragachán compusiera en el siglo XIX el sabroso merengue venezolano El Norte es una Quimera, mucha agua ha cruzado no solo los puentes de Nueva York, también el mar Mediterráneo y el Canal de La Mancha, al convertirse tanto Europa como EEUU en una especie de tierra prometida, de sueño a alcanzar así la vida corra peligro. 

Las olas migratorias de dimensiones épicas, como las registradas desde Irlanda, Escocia, Alemania, Italia hacia una Norteamérica cuna de la revolución industrial, remarcada esta última en el excelente film Cabrini de 2024 que relata el trato inhumano de mas de 2 millones de migrantes italianos, a finales del siglo XIX en Nueva York y la gesta heroica de la monja Francesca Cabrini en defensa de su gente.

Por tanto, ¿Ha cambiado en el siglo XXI la aspiración de millones de seres humanos a una vida digna en otro país cuando la economía nacional no lo permite?

De aquel curso migratorio histórico pasamos a otro que identifica desde mediados del siglo XX hasta el presente otros periplos, al consolidarse la Unión Europea (UE), donde los migrantes del África y el Medio Oriente visualizan su norte franco en esta región, entre tanto América Latina ha acentuado la diáspora en primer lugar hacia EEUU y en menor grado hacia Canadá.

En el caso especifico de Venezuela como ya sabemos su diáspora expande 9 millones de sus connacionales hacia todos los continentes, particularmente 2/3 en Suramérica, 14% en Europa y el 12% en América del Norte, convirtiéndola en la población migrante mas vulnerable y notoria a nivel planetario.

En tal sentido ¿Podrán estos muros antinmigrantes acordados por la UE y América del Norte impedir el flujo de millones en procura del sueño de sus vidas?, evidentemente no, destacando que solo la promoción y el acuerdo de una política migratoria como lo establece el Pacto del Futuro de respeto e integridad a los migrantes, tratándolos como seres humanos sería la base de un nuevo ordenamiento mundial de ese inmenso flujo que ha demostrado su aporte a las economías donde se han incorporado.

El reciente anuncio del gobierno de Donald Trump revocando el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que obtuvieron ese beneficio en 2023, ha generado un impacto notable en el seno de la migración venezolana residente en EEUU y a nivel planetario.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi L. Noem, se trata de aproximadamente 350.000 venezolanos que quedarán desprotegidos ante una posible deportación de Estados Unidos 60 días después de que el gobierno publique oficialmente su suspensión, agregó ese periódico. La intención de esta medida presume que un segundo lote de connacionales de aproximadamente 250.000 amparados por el TPS desde marzo 2021, pudiera verse afectado al concluir la vigencia del ultimo lapso acordado para septiembre 2025.

Estos datos son significativos al registrarse una población migrante venezolana de aproximadamente un 1.100.000, quienes permanecen actualmente en territorio norteamericano, cifra que representa el 12% del éxodo criollo a nivel global donde resalta la presencia de 6 millones solo en Suramérica y de 9 millones a nivel mundial.

 Así también es necesario destacar que la intención de etiquetar a la población migrante venezolana con las fechorías del Tren de Aragua, es una calumnia que no se corresponde con la realidad de una diáspora calificada en forma mayoritaria por sus reconocidos niveles de profesionalismo, buena conducta y de altos valores democráticos.

En la actualidad el volumen migrante que registra nuestro país representa el mas alto a nivel global según cifras de la ACNUR, organismo especializado de la ONU para este sector de población vulnerable objeto de su atención permanente.

En nuestra historia del siglo XX se observa un criterio compartido al definir al régimen perejimenista como una dictadura, ese nivel de acuerdo todavía no se visualiza en la oposición venezolana, en torno a la caracterización del mandato madurista, a pesar de su robo a las elecciones presidenciales el pasado 28-J 2024 y del golpe de estado perpetrado el pasado 10-E 2025.

Ambos asaltos contra el estado de derecho ha sido acompañado con la detención y condena a miles de opositores, al asesinato de decenas de ciudadanos, al acoso y persecución a familias en un estilo cercano a la Sippenhaft, conocido como un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich, según el cual un acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes, de modo que tales familiares del acusado eran considerados igualmente culpables, arrestados y en algunos casos también condenados a muerte por el delito que cometió su pariente acusado.

Ese nivel de discrepancia ha estado presente durante el siglo XXI al convertirse en evidente la deriva dictatorial desde los inicios de la gestión madurista desde 2013, cobrando más relevancia ante la dimensión de las felonías del régimen en el último semestre cuando el país vive inmerso de facto en un estado de sitio.

 Estos desacuerdos han generado numerosos descalabros en las acciones opositoras, que conocieron victorias y luego dolorosas decepciones en la sufrida población, como en los señalados eventos de las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015, luego con el interinato fallido de Juan Guaidó y ahora amenaza la victoria popular del 28-J.