Colombia ha sido sin duda alguna el Estado mas acosado por los extremismos políticos y el crimen organizado, dos factores cismáticos que afectan profundamente el desarrollo humano, aunque es obligado reconocer que, a pesar de las profundas crisis, la alternabilidad democrática no ha sido quebrantada y no por falta de malas intenciones de algún que otro gobernante.
Son muchos los factores que se han complotados contra la democracia colombiana. Sujetos y entidades que siempre han sido conscientes que sus operaciones subversivas o de tráfico de drogas, para asegurar su éxito, tienen que estar vinculados a activos extranjeros.
La violencia en Colombia como en el resto de los países del hemisferio es una especie de plaga, pero la situación en ese país sudamericano se agravó después del triunfo de la insurrección castrista en Cuba y el incremento del cultivo, fabricación y tráfico de narcóticos en el territorio nacional. La transnacionalización en la ejecución y preparación de estos actos delictivos tienen una mayor garantía de triunfo cuando factores extranjeros inciden en los mismos, de ahí la importancia de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y el totalitarismo de Miguel Díaz Canel en Cuba.
Tanto Caracas como La Habana ejercen una gran influencia sobre los grupos delictivos colombianos porque son factores importantes en las gestiones del crimen organizado a la vez que representan modelos de autoridad, no de gobierno, que inspiran a los aspirantes a déspotas.
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No puedo esconder mi profunda satisfacción con la heroica acción del ejercito ucraniano, al observar las cámaras de los drones que impactaron contra la aviación rusa el pasado domingo 01/06/2025 captando el momento de la colisión.
La represión en Cuba es cada vez más dura y cada vez más como reacción a protestas por hambre. Y es comprensible que la gente se indigne: un reciente sondeo muestra que sólo el 29% de los cubanos hace dos comidas al día. Según el informe de Food Monitor, otro 9,8% de los encuestados afirma que nunca consume vegetales. Estos actos represivos, especialmente cuando van dirigidos contra jóvenes y ciudadanos desarmados, genera gran preocupación en materia de derechos humanos. Que se enfrente a una solicitud fiscal de 8 a 10 años de cárcel por expresar una necesidad básica no solo constituye una posible violación de la libertad de expresión, sino también del derecho a la protesta pacífica, consagrados ambos en la 
documento al que el régimen, visto lo visto, no se atiene en lo absoluto.
En el Combinado del Este, Lázaro Piloto Romero, de 58 años, sufrió una brutal agresión. Fue arrestado en 2023 y sentenciado a siete años por propaganda contra el orden constitucional tras una protesta pacífica. Y en el mismo penal, de máxima seguridad, un rapero inició esta semana una huelga de hambre.