Algunos economistas, en particular, Herman Daly, John B. Cobb y Philip Lawn han afirmado que el crecimiento de un país, que ha aumentado la producción de bienes y ha ampliado los servicios, tiene tanto costos como beneficios, y que los beneficios no sólo se miden con el Producto Interno Bruto (PIB). Afirman que en algunas situaciones la expansión y proliferación de instalaciones de producción dañan la salud y el bienestar de las personas, así como su entorno cultural. Sugieren también que el crecimiento logrado mediante el abuso de recursos no renovables no es sostenible debido a su bajo rendimiento ecológico y, por lo tanto, debe considerarse antieconómico.
Jigme Singye Wangchuck, rey de Bután, como respuesta a las críticas de la constante pobreza económica de su país, propuso en 1972 elaborar un índice de felicidad nacional bruta (FNB). Este concepto se ajustaba particularmente a las peculiaridades de la economía de Bután, cuya cultura estaba basada principalmente en el budismo, para destacar que mientras que los modelos económicos convencionales observan el crecimiento económico como objetivo principal, este concepto de FNB se basaría en la premisa de que el verdadero desarrollo de la sociedad humana consiste en el refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual y su complementación. Los cuatro pilares de la propuesta FNB serían: 1) la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario; 2) la preservación y promoción de valores culturales; 3) la conservación del medio ambiente; y, 4) el establecimiento de un buen gobierno.
El problema es que nunca sugirió el rey de Bután una definición cuantitativa que pudiera traducirse en un índice o en una serie de indicadores. Por lo tanto, el FNB se limitó a plantear una condición cualitativa no mesurable.
Probablemente inspirado por el FNB se ha elaborado posteriormente un indicador de progreso genuino (IPG), que es un sistema alternativo de medición que se agrega al sistema nacional de cuentas, aspirando a que reemplace la medición del producto interno bruto (PIB) o adopte una función suplementaria como medida del crecimiento económico. El IPG se utiliza en las teorías de la llamada "economía verde", en las teorías de sostenibilidad y en tipos más incluyentes de la economía, conocidos como economía de coste real. Según Paul R. Krugman, “el coste real de un bien incluye aquello a lo que se debe renunciar para conseguirlo” [Macroeconomía: introducción a la economía. Paul Krugman; Barcelona, Reverté (2007)]. Es decir, si talamos un bosque para tener madera y no gastamos en repoblarlo con las mismas características ambientales anteriores, ese gasto no incurrido que provoca una degradación ambiental debe incluirse como una deuda no pagada o como una pérdida neta del IPG.
El IPG y el FNB coinciden en adjudicar una mayor pertinencia a valores subjetivos como el bienestar que a valores objetivos como el consumo. Sin embargo, según Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, el FNB puede medirse con una nueva técnica llamada método de reconstrucción del día (MRD), que consiste en la recolección de memorias del día de trabajo previo a través de un simple diario. Este método permite a investigadores de diversas disciplinas evaluar cómo la gente pasa su tiempo y la calidad subjetiva de sus diversas actividades y valores. El MRD pide a los encuestados que reconstruyan el día anterior mediante un cuestionario estructurado para ser autoadministrado.
Por su parte, los expertos en estadísticas que han desarrollado el IPG identificaron 26 indicadores que pueden calcularse con datos verificables. Por ejemplo, la actividad económica pura derivada del crecimiento explosivo de la expansión urbana contribuye en gran medida al PIB. Sin embargo, junto con la desorganización resultante se producen desplazamientos de larga duración, aumento de la congestión del tráfico y accidentes vehiculares, y conversión excesiva del uso de la tierra rural o semirural en urbana. En definitiva, la mayor circulación de dinero dentro de una economía no significa necesariamente que esta sea sostenible o próspera. Esto puede resultar en un IPG inversamente proporcional al PIB en los casos más extremos.
En el grabado podemos comparar el IPG (GPI en inglés) y el PIB (GDP en inglés) de los Estados Unidos entre 1960 y 2004.
A principios de los 90 se alcanzó un consenso en la teoría del desarrollo humano y la economía ecológica sobre el resultado del crecimiento del suministro de dinero como un simple vehículo de estímulo inflacionario, lo que provoca realmente una pérdida de bienestar. En otras palabras, que a falta de una inversión adecuada en renglones esenciales, como los servicios sociales y la preservación ecológica, el consumismo pagado en efectivo sin una consecuente ampliación de la actividad económica productiva sólo podía resultar en una degradación de la calidad de vida.
En teoría se define el desarrollo humano como un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones o calidad de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno saludable en el que, además, se respeten los derechos humanos de todos ellos. A ese concepto se le denomina Teoría del Desarrollo Humano.
Como indicador del desarrollo humano se ha elaborado un Índice de Desarrollo Humano (IDH) que ofrece una medición por país elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: educación, nivel de vida digno y vida larga y saludable.
Indudablemente, la búsqueda de la felicidad corresponde a la aspiración humana de un estado de bienestar que no depende del dinero circulante sino de la forma en que la riqueza material puede traducirse en satisfacciones personales, tanto materiales como espirituales.
El PIB es un pobre indicador de desarrollo humano y dista mucho de ser un índice de felicidad porque refleja una aparente riqueza material para un país sin analizar el bienestar que esta conlleva para cada uno de sus habitantes y porque el PIB no garantiza la calidad de vida de los ciudadanos, individualmente o en su conjunto.