Después de 14 votaciones y 43 días del estancamiento más largo de la historia por cuestiones presupuestarias, se logró el 9 de noviembre una votación bipartidista que acomodó la supermayoría necesaria de senadores para llegar a un acuerdo para cesar la congelación de fondos y reabrir el gobierno. Siete demócratas y un independiente se unieron a 52 de los 53 republicanos para alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar.
La Cámara de Representantes reanuda hoy 12 de noviembre sus sesiones para considerar la legislación como la propone el Senado. El presidente Donald Trump ha indicado que promulgará la ley si se aprueba, lo que hace probable que el gobierno reabra por completo a fines de esta semana.
Los elementos clave del acuerdo incluyen:
Financiamiento de las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero de 2026. Esta es una medida temporal o "resolución de continuidad" que extiende el financiamiento para todas las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero de 2026, a fin de dar tiempo a las negociaciones sobre los elementos del presupuesto en los que no hay acuerdo hasta ahora.
Aunque los escenarios, las circunstancias y las consecuencias suelen ser distintos, la historia se repite constantemente en cuanto a los errores que se cometen al tratar de emplear los antiguos métodos y recursos para resolver nuevos problemas y conflictos. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló en sólo 117 días el mejor avión de combate de ese conflicto, el P-51 Mustang, y lo produjo por sólo 50,000 dólares cada uno, es decir, aproximadamente 500,000 dólares de hoy, dejando atrás la tecnología de la época y, además, produciéndolo en masa gracias a su bajo costo.
La tendencia a aferrarse a tecnología y estrategias anticuadas sucede con graves y trágicas consecuencias en los escenarios de guerra que periódicamente conmueven a la humanidad. El ejemplo del P-51 Mustang está en agudo contraste con el prolongado desarrollo y abrumador costo de producción del F-35, considerablemente más complejo, a un costo más de 100 veces mayor en términos reales. Por añadidura, su mantenimiento es también abrumadoramente costoso, requiriendo 20 horas de cuidados por cada hora de vuelo, por lo cual sólo el 30% de los F-35 están listos para realizar operaciones en cualquier momento.
Mientras tanto, hoy día estamos presenciando una transformación radical y profunda en el material de guerra, las tácticas y estrategias que las grandes Potencias como EE.UU. y Rusia se resisten a comprender. Es así como asombra al mundo que el pequeño David ucraniano se haya enfrentado con éxito al Goliat ruso a lo largo de tres largos años de guerra. Sencillamente porque el aparato militar ruso es en gran medida obsoleto y los ucranianos están utilizando material de bajo costo pero de considerable efectividad, como se ha comprobado en los enfrentamientos navales en el Mar Negro y en la notable ausencia de la fuerza aérea rusa en los cielos de Ucrania debido a que las defensas de bajo costo pueden derribar aviones que cuestan cientos de millones de dólares.
En la II Guerra Mundial, los alemanes desarrollaron los tanques más formidables de la época, pero a un alto costo de producción. Los aliados los abrumaron con cantidades masivas de tanques inferiores, pero de costo mucho más bajo. Mientras que Alemania construyó unos 26,000 tanques y los italianos poco más de 1,800 durante la guerra, los aliados construyeron aproximadamente 186,000 tanques. Por el contrario, los costos incontrolables e insostenibles de los armamentos de hoy son evidentes en todas partes. El precio de más de 15 mil millones de dólares por un portaaviones (sin contar los aviones y los buques auxiliares), 500 millones de dólares por un B-2 y 7 millones de dólares por un tanque no permite comprar o producir muchos de ellos. Y las grandes Potencias que hacen alarde de ellos no pueden permitirte perder ninguno. Aparte de los costos, se necesitan muchos meses o años para producir más de esos costosos aparatos y los rusos están pagando el precio en una guerra sumamente costosa y prolongada.
Es irresponsable negar que China ha estado gobernada por una feroz dictadura expansionista desde que Mao Tse Tung [Mao Zedong] tomó el control absoluto del país a fines de 1949. Aunque los fundamentos del comunismo maoísta se han diluido con el paso de los años hasta derivar en un capitalismo mafioso de Estado, sería sumamente ingenuo suponer que el propósito de hegemonía mundial del régimen totalitario se haya moderado. Sencillamente, ha cambiado su estrategia desde aquellas tácticas agresivas del maoísmo a estas ahora orientadas a la penetración gradual para desestabilizar y debilitar al enemigo como pasos previos para movidas más agresivas de expansionismo territorial o de hegemonía económica y comercial. Los hechos parecen demostrarlo.
Ahora se está destapando una de las características de esa estrategia. Se trata de la compra de grandes extensiones de terreno cultivable en Estados Unidos y, sobre todo, de la característica de los lugares dónde estas propiedades están situadas, en su mayoría en zonas aledañas a bases y otras instalaciones militares y plantas de energía nuclear del país.
La creciente preocupación por las tierras agrícolas de propiedad china en EEUU deriva de los temores del efecto que pueden ejercer en la seguridad nacional, especialmente en relación con la proximidad a bases militares, a plantas de energía nuclear y a su potencial de espionaje.
En cuanto al volumen de las tierras adquiridas, debe reconocerse que es una fracción del total de tierras extranjeras o agrícolas en el país. Aunque los datos sugieren que la propiedad china es relativamente pequeña, especialmente en comparación con la de otros países, como Canadá, no cabe duda de que su extensión es considerable. Investigadores independientes estimaron que China tenía propiedades en unos 383,935 acres de tierra en EEUU en 2021; de estas alegaciones, el Departamento de Agricultura (USDA) ha confirmado que entidades chinas poseían 277,336 acres [1,125 km²] de tierra agrícola en EEUU el 31 de diciembre de 2023: en Texas (123,708 acres), Carolina del Norte (44,263 acres), Missouri (42,905 acres), Utah (33,035 acres), Florida (12,798 acres) y 20,627 en varios otros Estados, principalmente en California).
Es importante conocer la magnitud de la asistencia pública en EEUU y su relación con el PNB y la deuda nacional para poder llegar a conclusiones razonables. Podemos observar en este cuadro que aumentó considerablemente entre 2019 y 2021 y se acercaba al 100% del PNB como resultado de la crisis provocada por la pandemia.
Más adelante veremos en este breve análisis que el aumento experimentado entre 2021 y 2024 fue mucho mayor.
En cuanto a la ayuda pública, el programa de "food stamps" fue instaurado en 1939, en los últimos años de la Gran Depresión que aquejó a Estados Unidos desde 1929, y fue suspendido en 1943 debido a que la guerra prácticamente hizo desaparecer el desempleo. En 1959, durante la presidencia de Eisenhower, la ley federal 86-341 autorizó a la Secretaría de Agricultura a que reiniciara un programa de food stamps. Años después, Lyndon Johnson motivó al Congreso a hacer permanente este programa con el Food Stamp Act de 1964. Es importante recordar que con ese programa sólo se podían obtener productos alimenticios y no estaba permitida la compra de productos importados, medidas que con el tiempo han ido siendo anuladas. Con ese programa en marcha, su resultado fue que en 1970 unos 6 millones de habitantes estaban recibiendo food stamps, equivalente a aproximadamente el 3% de la población.
En 1986 esta proporción se había más que duplicado y el 7.66% de los habitantes del país recibían food stamps. Y en 2024, ya se había cuadruplicado hasta alcanzar el 12.3% de los habitantes del país que recibían beneficios SNAP, el equivalente actual de los food stamps.
One of the bills, in the Senate, is a Democratic initiative and enjoys broad bipartisan support. It is the End Prescription Drug Ads Now Act, which would prohibit direct-to-consumer advertising and promotion of prescription drugs and biologics.
The other is a Republican initiative in Congress. It is the No Tax on Home Sales Act—H.R. 4327, according to which any profit from a home sale, no matter how large, would be tax-free if the home was a primary residence.
The Senate bill would only prohibit direct-to-consumer advertising of approved prescription pharmaceuticals and biologics, sparing medical devices, dietary supplements, cosmetics, over-the-counter drugs, compounded drugs, and other marketed but unapproved drugs.
Direct-to-consumer (DTC) advertising refers to the marketing and advertising of pharmaceutical products directly to consumers as patients, as opposed to targeting health professionals specifically. The term is primarily synonymous with the advertising of prescription medicines via mass media platforms—most commonly on television and in magazines, but also on online platforms. The bill defines DTC advertising as “any promotional communication targeting consumers, including through television, radio, print media, digital platforms, and social media, for purposes of marketing such a drug."
Separately, several Republican members of Congress, including Senator Josh Hawley (R-Mo.), introduced the No Handouts for Drug Advertisements Act, which would amend the Internal Revenue Code to prevent companies from deducting expenses relating to DTC advertising of prescription-only drugs in tax filings.