La Paz, Ago. 28.– 500 personas adultas mayores de diferentes regiones del país fortalecen sus capacidades para promover y defender los derechos humanos, tras concluir el Programa de Formación de Promotoras y Promotores en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Su formación permitirá que los conocimientos adquiridos sean replicados entre sus pares y en sus comunidades.
“Las personas adultas mayores tienen derechos y son fundamentales en la vida de la sociedad. Además de conocer los derechos que ustedes tienen y los derechos humanos, asumimos el compromiso de aportar al cambio de la realidad, de aportar al cambio de una sociedad”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante el acto de graduación.
El Estado de Botsuana suscribió en 2024 un convenio por el que paga 3.500 euros mensuales —4.094,65 dólares al cambio oficial— por cada especialista, mientras el profesional cubano recibe sólo 1.000 dólares (un 24,42%). La diferencia bruta asciende al 75,58% de la tarifa contractual. En esta investigación, Prisoners Defenders documenta el convenio oficial entre Cuba y Botsuana; una facturación anual estimada superior a 4,2 millones de dólares para un contingente de 90 profesionales; y una regulación interna de obligado cumplimiento, firmada el 3 de julio de 2026 por el jefe de misión cubano, Dr. Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, que restringe desplazamientos, visitas, amistades, pernoctas, uso de vehículos, libertad de expresión y vida social.
Ante la carestía de médicos especialistas, Botsuana es, desde hace muchos años, un cliente fiel de las brigadas médicas cubanas del régimen caribeño. Éstas, sin embargo, se producen en un marco retributivo y de violación de derechos que posee todos los indicadores de trabajo forzoso, una de las formas contemporáneas de la esclavitud moderna.
En primer lugar, el Gobierno de Botsuana no puede alegar desconocimiento del mecanismo que detrae de los profesionales cubanos la mayor parte de su retribución: el Convenio vigente -al que ha tenido acceso Prisoners Defenders a pesar de haber sido ocultado bajo cláusulas de confidencialidad- obliga a la parte cubana a emitir una factura mensual que separe expresamente el importe destinado a los profesionales y el importe transferido a Cuba. El Parlamento de Botsuana confirmó en abril de 2025 las tarifas de 3.500 euros por especialista y 2.800 euros por profesional auxiliar, así como pagos a Cuba por P419.360.047 (31.3 Millones de dólares al cambio vigente) durante la década anterior. Sin embargo, ocultó deliberadamente que dichos fondos no están destinados a los profesionales cubanos.
In July 2026, the European Court of Human Rights notified dozens of written judgments, decisions, and interim measures.
Notable actions included a Grand Chamber ruling scheduled in Jesus Pinhal v. Portugal on July 9, judgments addressing religious freedom and detention conditions, and scheduling a future hearing regarding unaccounted-for Ukrainian children in Crimea.
Key Judgments and Case Activity
Jesus Pinhal v. Portugal (July 9, 2026): The Grand Chamber delivered a ruling concerning overlapping criminal and administrative proceedings brought against a former bank vice-chairman by financial authorities.
Barsuk and Gyl v. Ukraine (July 9, 2026): A judgment involving Jehovah's Witnesses applicants addressing rights violations and state measures.
S.T. v. the Czech Republic (July 16, 2026): A Chamber judgment addressing police obligations to protect life and properly investigate potential discriminatory use of force.
G.K. and A.S. v. Switzerland: Noted for addressing overly formalistic approaches by authorities regarding vegan diet accessibility in detention.
Interim Measures (Rule 39): The Court processed numerous emergency requests, including examining 60 requests between July 13 and 17, and another 67 requests between July 27 and 31, 2026.
Sofia, July 1 (DP.net).– The Commissioner for Human Rights Michael O’Flaherty is conducting a five days visit to the country. The Commissioner will focus during his visit primarily on issues pertaining to the human rights of older persons in residential care. He will also address issues concerning the human rights of Roma people, with particular attention to housing rights.
O'Flaherty urgently demanded action from Bulgaria's Prime Minister following the illegal demolition of Roma homes in Sofia's Zaharna Fabrika, which left over 200 people, including vulnerable groups, homeless. The Commissioner highlighted defiance of European Court of Human Rights (ECtHR) orders, cited a lack of basic sanitation and shelter, and demanded immediate relief alongside long-term, consultative housing solutions.
Ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en el Sudán en los primeros cinco meses de 2026, mientras esas aeronaves no tripuladas hacen más mortífero ese conflicto africano.
El Cairo, Jun.10.– El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un “fuerte aumento” de los ataques con drones, así como violaciones y violencia sexual en la guerra de Sudán, que ya va por su cuarto año.
Indicó que su oficina registró la muerte de más de 1.000 civiles por drones entre enero y mayo de este año.