Titulares

Jorge Eduardo Mora expuso la hoja de ruta que contempla operativos en zonas priorizadas, refuerzo de la inteligencia y cooperación con Estados Unidos para enfrentar a las estructuras criminales.

Bogotá, Ago.14.– El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, presentó la hoja de ruta de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030, con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca recuperar el control territorial, fortalecer la presencia del Estado y enfrentar a los grupos armados y las economías ilícitas.

En una columna publicada en Semana, Mora expuso los principales objetivos de la estrategia y explicó que la denominada “Patria Milagro” parte del diagnóstico de un deterioro del orden público durante los últimos años.

Según el ministro, los Grupos Armados Organizados (GAO) incrementaron su capacidad criminal en un 125% y se consolidaron en el 57% de los municipios del país. Paralelamente, los cultivos de coca aumentaron un 54%, situación que, según señaló, “fortaleció las economías ilícitas que financian la violencia y erosionan la gobernanza territorial”.

Ago. 10 (DPnet).– No es cierta la historia de que Evo Morales es propietario de más de 100,000 hectáreas de plantaciones de coca, como se ha estado difundiendo últimamente en diversos medios. Lo que sí es cierto se refiere a que durante su presidencia, en marzo de 2017, aumentó por decreto presidencial de 12,000 a 22,000 las hectáreas de cultivo legal de coca. 

También es cierto que ha dominado el sindicalismo cocalero (con más de 35,000 miembros) la mayor parte de este siglo. Además, según el Vicemisnisterio de Defensa Social, se calcula que hay más de 18,000 hectáreas de cultivo ilegal de coca que seguramente está orientado al narcotráfico y se concentran en las zonas de Trópico de Cochabamba (región del Chapare) y de los Yungas de La Paz. 

Asimismo, preocupa a las actuales autoridades bolivianas el avance de estos sembradíos ilícitos dentro de parques nacionales y áreas protegidas del país, como el Parque Nacional Cotapata y el TIPNIS. Aunque Evo Morales no ha sido condenado ni juzgado por tener vínculos directos con el cultivo ilegal o con el narcotráfico, se reconoce que, sin embargo, su rol político y sindical lo sitúa en el centro de una persistente controversia sobre el desvío de estos cultivos hacia fines ilícitos.

Rosario Murillo y Daniel Ortega han cancelado indefinidamente las elecciones en Nicaragua, en una movida antidemocrática. En respuesta, Estados Unidos, junto con otros países, ha impulsado una iniciativa crucial en un foro continental, instando a todos los cancilleres latinoamericanos a unirse para condenar el flagrante menosprecio de la dictadura nicaragüense por los principios democráticos.

Lula abraza a Ortega y lo defiende ante la OEA

Washington DC, Ago.10 (DPnet).— A excepción de Brasil, todos los miembros de la OEA se han unido para respaldar una decisión fundamental: convocar una Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina. Este encuentro tiene como objetivo condenar enérgicamente la suspensión injusta y definitiva de las elecciones en Nicaragua, una medida impuesta hace casi tres semanas por la dictadura liderada por Rosario Murillo y Daniel Ortega.

Esta crucial iniciativa diplomática, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, contó con el apoyo unánime de todos los miembros de la OEA, salvo Brasil. Tal respaldo mayoritario subraya la urgencia de la situación.

• The Cuban Observatory for Human Rights (OCDH) documented at least 356 repressive actions in Cuba during July, a month marked by the fifth anniversary of the July 11, 2021 protests.
• The organization warned of an increased police presence and abuses against activists, political prisoners, independent journalists and religious leaders, amid the worsening economic and social crisis on the island.

Aug. 6.— The Cuban Observatory for Human Rights (OCDH) recorded 356 repressive actions in Cuba during July, of which 54 were arbitrary detentions and 302 corresponded to other violations of fundamental rights, according to the organization's monthly report released this Wednesday.

Among the main documented abuses are 109 police sieges of activists' homes, 78 violations against political and common prisoners, as well as harassment, threats, police summonses and interruptions of communications.

The provinces of Havana, Santiago de Cuba and Camagüey concentrated the highest number of incidents during the month in which the fifth anniversary of the historic protests of July 11 was commemorated.

In statements to Martí Noticias, Yaxys Cires, director of Strategy at the OCDH, said that the increase in repression is occurring in a context of profound deterioration of living conditions in the country.