A nivel internacional y nacional persisten voces y posturas institucionales solidarias con el régimen que domina en Venezuela, bajo el argumento de la injerencia extranjera y la defensa de la soberanía nacional persisten en sus posiciones de lavar las verrugas del régimen, aunque la tiranía encarcele, desaparezca y asesine inocentes.
Quien tenga dudas sobre el efecto del talante dictatorial gobernante debe aclararlo con los informes de la comisión de DDHH de la ONU emitidas durante la gestión de Michelle Bachelet, cuyo contenido registraba los miles de ejecuciones de las parapoliciales FAES y la gestión de las mazmorras que padecen centenares de presos políticos.
En ese campo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones identifica desde 2015 a julio 2025 al menos 22 presos políticos quienes han muerto bajo custodia de la dictadura venezolana, según informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al cual se debe agregar la muerte reciente del Exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Diaz. La organización advierte que las autoridades penitenciarias retrasan deliberadamente la atención médica de los detenidos, lo que ha resultado en desenlaces fatales evitables.
Es un modus operandi criminal que ahora amenaza directamente al movimiento sindical venezolano con la detención del secretario general de la CTV, compañeros José Elías Torres y de William Lizardo de Fetraconstrucción, a quienes hasta el momento se desconoce su sitio de detención y su estado de salud, aun cuando se ha advertido en ambos casos del complicado cuadro médico de cada uno.
Estas viles acciones del Ejecutivo Nacional han tenido como respuesta el repudio del movimiento sindical internacional y nacional como indicáramos la semana pasada, asi también de la OIT, cuyo Servicio de Libertad Sindical recientemente nos ha respondido “A este respecto, deseo informarles que la OIT ha intervenido ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y que lo mantendré al corriente de toda respuesta que se reciba. Asimismo, y en atención a lo solicitado en sus comunicaciones, tengo a bien informar que los hechos alegados en las mismas, junto con las observaciones que presente el Gobierno, serán incorporados al caso núm. 3451 en instancia ante el Comité de Libertad Sindical.
En este contexto de terrorismo de estado es oportuno concretar la mas amplia unidad del movimiento sindical libre en Venezuela, meta no lograda a lo largo del siglo XXI a pesar de los diferentes intentos que apuntaban a ese objetivo, representados en las elecciones sindicales generales de 2001, la conformación de FADESS en 2010, la Asamblea de centrales sindicales CTV, ASI, UNETE, CGT, CODESA, sindicatos no confederados con la comisión de Alto Nivel de la OIT en enero 2014.
En todas y cada una de estas oportunidades la injerencia de los partidos políticos opositores, por una parte, y por la otra las artimañas del régimen quien creo en 2015 su propia central oficialista la CSBT, redundaron en el fracaso de la ansiada unidad sindical y en la fragmentación del movimiento sindical a nivel nacional y territorial. Hoy desde las cúpulas gubernamentales se pretende promover otra falacia con la operación fraudulenta de convocar una “constituyente obrera”, que ni es constituyente ni es obrera, es solo un aparato vertical en el mismo estilo del fascismo del Duce Benito Mussolini y Francisco Franco, al ser presididas las asambleas de delegados sindicales a la “fulana constituyente” por gobernadores, ministros y alcaldes.
Ante esta barbarie que pretende eliminar la libertad sindical observo con mucho optimismo la firma del ACUERDO UNITARIO DE LOS TRABAJADORES POR EL RESCATE DEL SALARIO, LAS PENSIONES Y LA LIBERTAD SINDICAL, auspiciado por múltiples organizaciones sindicales entre ellas la UNETE, CUTV, CODESA, ASI, CGT y representantes de la CTV, sindicatos no confederados, corrientes sindicales clasistas, cuyo contenido destaca la acción sindical en torno a:
• Exigir el cese de la criminalización del ejercicio sindical y la lucha por las libertades públicas.
• Exigir libertad plena para todos los dirigentes sindicales detenidos o judicializados.
-El reconocimiento a que ninguna diferencia es más importante que el hambre de los trabajadores, la destrucción del salario y las pensiones, la precariedad laboral y la negación sistemática de nuestros derechos. -Así también indican que Nuestra unidad no es coyuntural: es un compromiso ético, moral y social con Venezuela y las instituciones con quienes sostienen, con su trabajo, la vida del país.
Evidentemente a este marco de acción sindical es necesario adjuntar e impulsar una Venezuela que se proyecte en una sociedad con plenas libertades democráticas, libertad de expresión y la vigencia del Estado de Derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
Froilán Barrios Nieves Movimiento Laborista
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