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Bogotá (AP), Dic.20 (DPnet).— Los abusos cometidos por grupos armados de guerrilleros narcotraficantes, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales e indígenas, siguen siendo graves preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia.  Dos años y medio después de la toma de posesión del Presidente Gustavo Petro, su anunciada estrategia de "paz total" no ha logrado resultados en la reducción de los abusos contra la población civil. Sin embargo, Colombia fue  elegida por el Grupo Latinoamericano y del Caribe para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2025-2027.

Se ha reportado que, en junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y las disidencias de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento del 55 %, 23 % y 30 %, respectivamente, en comparación con 2022.

Colombia registró el asesinato de al menos 69 defensores de derechos humanos entre enero y noviembre de este año, continuando con una tendencia de alto riesgo para esos liderazgos que se ha mantenido en los últimos ocho años, informó el miércoles la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La cifra de homicidios podría ser mayor dado que Naciones Unidas recibió alegaciones de 198 casos, de los cuales 69 han sido verificados y 61 están en proceso de verificación, detalló la oficina en Colombia.

Entre los casos comprobados, 60 fueron hombres, 8 mujeres y 1 persona identificada como LGBTIQ+.

“En diferentes territorios las personas defensoras de derechos humanos me han dicho: ‘si hablamos, nos matan, pero si no hablamos también nos matan. Entonces seguiremos hablando’”, dijo Scott Campbell, Alto Funcionario en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado, en un encuentro en Bogotá en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las mujeres y las niñas son víctimas de trata de personas. Esto afecta especialmente a las personas migrantes y refugiadas venezolanas y a las comunidades afrocolombianas en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y el Distrito Capital.

Según el  Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas , las organizaciones criminales de narcotraficantes y otros grupos armados participan activamente en estas actividades. El acceso a asistencia jurídica, alojamiento seguro, asistencia a largo plazo e indemnización es limitado y brilla por su ausencia en muchas localidades.

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