Desde el anuncio público del “histórico acuerdo” petrolero entre Estados Unidos y Venezuela el pasado 28 de agosto de 2026, no cesa una lluvia de confeti en medio de una danza de compromisos de 65.000 millones de barriles petroleros de la reserva petrolera venezolana, entre la actual administración norteamericana y la compañía petrolera NABEP concesionada por el régimen usurpador de Delcy Rodríguez.
Las dimensiones del presuntuoso convenio no dejan de asombrar, de parte del gobierno norteamericano se exalta que tendrá una duración de 25 años, 100 años e incluso el presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo petrolero con Venezuela garantizará energía para Estados Unidos hasta por 500 años, por otra parte, desde el Rodrigato se divulga que el pacto producirá los recursos para la reconstrucción del país, por cierto destruido por el chavomadurismo durante 27 años. Hasta ahora hemos visto decenas de entrevistas de expertos petroleros de todo calibre a nivel nacional e internacional, de universidades, de reconocidos centros de investigación, así también de connotados juristas, quienes manifiestan su justificado rechazo a un desigual convenio que de entrada le entrega gratuitamente 35% de participación accionaria al Pentágono y un 20% de la producción al costo.
Ahora bien, considero que en toda esta polémica hay un gran ausente, donde no se ha planteado sobre quien o quienes son los que van a extraer el precioso mineral de las entrañas del suelo venezolano, incluso no se menciona en que condiciones laborales se desarrollarán las operaciones en el contexto de tan rimbombante acuerdo.
No nos extraña tanto silencio respecto al tema laboral ya que el trabajador petrolero venezolano es tratado durante el siglo XXI como en los tiempos de Juan Vicente Gómez en condición de peón de hacienda, con salarios miserables, contratación colectiva suspendida, sin seguridad social, pésima seguridad industrial y sin sindicatos que los representen al estar secuestrada la FUTPV y sus sindicatos de base por militantes del PSUV.
Por tanto, no tenemos que imaginarnos el futuro cuando conocemos el presente laboral petrolero, tal como denuncia una federación sindical de reciente constitución FETRAENERGIA: “trabajadores petroleros no somos mercancía” debido a que el Contrato de Participación Productiva (CPP), que PDVSA entregó a los potenciales inversionistas, permite a las empresas privadas escoger cuáles trabajadores petroleros les sirven y cuáles no. Esto representa una grave amenaza para la estabilidad laboral y los derechos de miles de trabajadores y sus familias.
Se crea un esquema en el que el trabajador presta servicio, hasta por tres años, para una empresa privada, mientras continúa dependiendo de PDVSA para el pago de salarios y beneficios, debilitando derechos laborales conquistados durante décadas de lucha sindical. este modelo abre las puertas a formas de explotación laboral que recuerdan prácticas de esclavitud moderna, donde el trabajador es tratado como un recurso transferible y no como un sujeto de derechos.
Ahora bien ¿quién va a extraer de las entrañas del suelo venezolano el viscoso mineral?, ¿trabajadores gringos como otrora? ¿los taladros robóticos como los que utilizan la Exxon Mobil o Baker Hughes en Texas? ¿O serán los de siempre, los nativos de la Costa Oriental del Lago, los de San Tomé y pobladores circundantes de la Faja Bituminosa del Orinoco?
Para información de los firmantes del “acuerdo histórico” y a representantes de empresas privadas nacionales y extranjeras, anexo fragmento del artículo 33 de la vigente reforma de LOH aprobada el 29/01/2026:
“Artículo 33. Los trabajadores de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquéllas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación laboral…”. Destacando que en el Contrato Colectivo Petrolero (CCP) están amparados integralmente los trabajadores de contratistas petroleras.
No se espera nada nuevo denuncia FETRAENERGÍA cuando la empresa firmante del acuerdo la NABEP y PDV Mant dejan sin pago a trabajadores petroleros donde 80 trabajadores de CEUTA en el Taladro 28 del Zulia (servicios NABEP) y 150 trabajadores de PDV Mant en el Centro de Refinación Paraguaná continúan sin recibir el pago de sus salarios y bonos semanales, donde los ingresos percibidos oscilan entre 600 y 800 $, de los cuales solo una tercera parte es salario.
De no restablecerse el sistema de relaciones de trabajo en la Industria Petrolera Nacional (IPN), el mencionado “convenio histórico”, significará solo el beneficio económico de los gobiernos y de las transnacionales y la descalificación al principal actor que son los trabajadores, develando la esencia de un pacto que no es acuerdo al desestimar la constitución nacional, y es ahistórico al ser contrario a la evolución de las relaciones comerciales establecidas durante un siglo entre Venezuela y USA a partir de nuestra soberanía nacional.
Froilán Barrios Nieves Movimiento Laborista