Desde enero 2026 se han multiplicado las protestas en el país, bien sea por la libertad de los presos políticos, por los servicios públicos, en ese lapso igualmente el sector laboral (personal de la salud, maestros, empleados de las industrias básicas y trabajadores públicos) se ha consolidado como el principal dinamizador de las calles en Venezuela.
Se cuantifican hasta el primero de octubre más de 4000 protestas en el territorio nacional, identificándose según Observatorio Venezolano de Conflictividad social (OVCS) El fenómeno de las "Protestas Combinadas": El OVCS resalta que más del 60% de las manifestaciones son combinadas. Esto significa que, en una misma protesta laboral por salarios dignos, los trabajadores también incorporan de forma simultánea exigencias por el colapso de los servicios públicos (como la crisis eléctrica, agua, transporte) con demandas por derechos políticos.
En ese contexto el martes 13/10 una numerosa movilización convocada por el Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto (CNTC) avanzó hasta las cercanías de la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde funcionarios policiales bloquearon el paso hacia la avenida Urdaneta, aun así, entregaron documento con mas de 50.000 exigiendo cambios en la política laboral del régimen.
En resumen, estos niveles de conflictividad social no deben ser ignorados por la instancia de negociaciones instalada formalmente el pasado 6 de agosto de 2026 en Caracas, que reúne a la Asamblea Nacional 2015 representada por Dinorah Figuera y el parlamento actual electo en 2025 presidido por Jorge Rodríguez, denominada oficialmente la Mesa de Diálogo o Mesa de Trabajo/Conversaciones para la Reconciliación Política y la Transición Democrática.
Por cierto, ambas instancias cuestionadas en el ámbito nacional e internacional por su carencia de legalidad y legitimidad, han asumido ese rol bajo el manto del protectorado que ejerce EEUU sobre nuestra nación, otorgándoles el aval de procónsules para conducir paradójicamente el proceso de transición a la democracia violentada por 27 años combinados de autoritarismo y dictadura.
En consecuencia, han aprobado una agenda general y ciclo formal de reuniones extendido hasta finales de este año 2026, estimando que este proceso de diálogo (que comprende originalmente de 4 a 5 ciclos adicionales de negociación, culmine una fase central con un paquete de grandes anuncios e hitos de transición formal programados para enero de 2027.
Cuando identificamos los temas designados como prioritarios por esta instancia constatamos su verdadero propósito:
1. Reinstitucionalización y Poder Judicial
2. Garantías Electorales y Reforma del CNE
3. Libertades Civiles y Derechos Políticos
4. Emergencia Humanitaria y Social.
En ningún espacio el tema laboral y salarial forma parte de la agenda medular de la mesa de diálogo político entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional de 2015.
En definitiva, es un temario estrictamente concentrado en temas institucionales, judiciales y electorales (como la renovación del TSJ y las garantías civiles). Razón por la cual distintos sindicatos y gremios venezolanos han denunciado públicamente que la mesa política ha avanzado sin dar respuestas concretas a los trabajadores, exigiendo formalmente que se vincule como debe ser la discusión política con la crisis social y salarial del país.
Por otra parte, las cifras a continuación son lapidarias sobre el drama social que día a día sufre la población venezolana: 56% en pobreza extrema, 40% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o grave, 7.9 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, 11.7% de menores de 5 años se les diagnostica retraso en el crecimiento. Fuente: Comisión Unión Europea (2026), ONU (2026).
Si agregamos a este cuadro dramático la condición de mas 9 millones de venezolanos de la diáspora, cuya condición de indefensión y amenaza de deportación por gobiernos de la región andina y de los EEUU, no se vislumbra otro panorama que la incertidumbre para una nación en ruinas, acentuado luego del desastre natural de los 2 terremotos del 24/06/2026 al registrarse mas de 6.000 fallecidos, miles de desaparecidos y miles sin hogar destruidos por los sismos.
En lugar de abordar la tragedia el régimen usurpador remite las discusiones salariales a través de la Mesa de Diálogo y Consensos Laborales, donde participa el Ejecutivo, la directiva de Fedecámaras y las centrales sindicales ASI y CTV, en un escenario donde el poder impone una infame política laboral con la complacencia sindical, de destrucción del salario bajo el concepto de ingreso y se mantiene la suspensión indefinida de los convenios colectivos y de la legislación laboral integral.
Si bien es cierto el país necesita su reinstitucionalización política, igualmente la agenda social debe estar considerada como prioritaria por la gravedad de la condición humana que sufre toda la población venezolana. Por tanto, darle la espalda a la crisis humanitaria es la antesala de explosiones sociales cuyas señales ya resaltan en ciudades y barrios de nuestro maltratado país a lo largo del siglo XXI.
Froilán Barrios Nieves Movimiento Laborista