Manifestantes, activistas y religiosos entre los 8 nuevos prisioneros políticos que han entrado este mes en la lista de Prisoners Defenders. 4 de ellos están siendo enjuiciados por Tribunales Militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Lejos de ser una novedad, como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional. La falta del debido proceso, nulo derecho a la defensa efectiva (no existen abogados defensores independientes en Cuba), ausencia de la presunción de inocencia (sin tutela judicial, los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos) y/o el uso de tribunales militares son la norma sin excepción que lamentablemente hemos verificado en los miles de casos de presos políticos analizados jurídicamente por Prisoners Defenders, lo que Naciones Unidas confirmó públicamente en junio de 2024. En el informe de este mes, además, destapamos una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior, diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba.
Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco son dos jóvenes presos políticos detenidos por su supuesta participación en las manifestaciones de Bayamo el pasado mes de mayo.
Freddy Avilés Rodríguez fue arrestado el 23 de mayo pasado en su vivienda en Bayamo durante un amplio operativo policial. Está acusado de "sabotaje", alegando que lanzó piedras contra la Empresa Eléctrica y la sede del Partido Comunista, aunque su esposa no sólo afirma que en ese momento él estaba con su familia, sino que tiene videos que lo prueban, pruebas que las autoridades se niegan a evaluar. Resulta obvio que su delito no fue tirar piedras, sino manifestarse públicamente. Actualmente, Freddy permanece en la estación de la PNR en un control de la carretera Bayamo–Las Tunas, recluido en prisión provisional bajo constantes interrogatorios, maltratos y amenazas, y todo ello sin tutela judicial. Su esposa denuncia que el preso político sufre de discapacidad auditiva. Desde su detención, las autoridades le han negado las visitas, generando una profunda angustia creciente sobre su estado mental y de salud y sus condiciones de reclusión.
Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido el 22 de mayo pasado en el marco de las protestas en Bayamo que tuvieron lugar debido a los prolongados apagones y las imposibles condiciones de vida que el Gobierno pretende sufra la población en silencio y resignación. Diversos agentes allanaron su domicilio sin orden judicial y se lo llevaron a la fuerza. Desde entonces, apenas ha tenido comunicación con su familia, salvo un par de someros encuentros bajo condiciones extremadamente adversas y restrictivas. Por si todo esto fuera poco, la situación de Alejandro se ha visto marcada por un trato humillante y discriminatorio por su orientación sexual, y diversos testigos denuncian que un oficial le insulta con expresiones homofóbicas. La información oficial sobre su caso ha sido confusa y contradictoria: inicialmente se dijo que no sería procesado, posteriormente las autoridades mencionaron una posible fianza de 500 mil pesos cubanos (equivalente a 86 meses de salario medio en Cuba) y actualmente, en prisión provisional sin tutela judicial, se le amenaza con una condena de hasta 10 años de prisión por manifestarse públicamente en contra de los diarios y prolongados apagones de luz. 
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The Congressional Executive Commission on China (CECC) released its annual report on December 20, highlighting severe human rights violations in Tibet. The report indicates a lack of interest from Chinese officials in resuming negotiations with the Dalai Lama, with the last discussions occurring in January 2010. It details ongoing restrictions on Tibetan religious practices, particularly Tibetan Buddhism, including bans on worship during significant events and limited access to monasteries.
La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), a través de su Centro de Denuncias, Defensa CD, condena el brutal asesinato de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, prisionero político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide. Manuel fue golpeado hasta la muerte en la prisión Combinado del Este de la Habana por oficiales del Ministerio del Interior que luego entregaron el cuerpo a su madre el pasado Domingo 1 de diciembre del 2024.