Denuncias / Reports

Manifestantes, activistas y religiosos entre los 8 nuevos prisioneros políticos que han entrado este mes en la lista de Prisoners Defenders. 4 de ellos están siendo enjuiciados por Tribunales Militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Lejos de ser una novedad, como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional. La falta del debido proceso, nulo derecho a la defensa efectiva (no existen abogados defensores independientes en Cuba), ausencia de la presunción de inocencia (sin tutela judicial, los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos) y/o el uso de tribunales militares son la norma sin excepción que lamentablemente hemos verificado en los miles de casos de presos políticos analizados jurídicamente por Prisoners Defenders, lo que Naciones Unidas confirmó públicamente en junio de 2024. En el informe de este mes, además, destapamos una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior, diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba.

Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco son dos jóvenes presos políticos detenidos por su supuesta participación en las manifestaciones de Bayamo el pasado mes de mayo.

Freddy Avilés Rodríguez fue arrestado el 23 de mayo pasado en su vivienda en Bayamo durante un amplio operativo policial. Está acusado de "sabotaje", alegando que lanzó piedras contra la Empresa Eléctrica y la sede del Partido Comunista, aunque su esposa no sólo afirma que en ese momento él estaba con su familia, sino que tiene videos que lo prueban, pruebas que las autoridades se niegan a evaluar. Resulta obvio que su delito no fue tirar piedras, sino manifestarse públicamente. Actualmente, Freddy permanece en la estación de la PNR en un control de la carretera Bayamo–Las Tunas, recluido en prisión provisional bajo constantes interrogatorios, maltratos y amenazas, y todo ello sin tutela judicial. Su esposa denuncia que el preso político sufre de discapacidad auditiva. Desde su detención, las autoridades le han negado las visitas, generando una profunda angustia creciente sobre su estado mental y de salud y sus condiciones de reclusión.

Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido el 22 de mayo pasado en el marco de las protestas en Bayamo que tuvieron lugar debido a los prolongados apagones y las imposibles condiciones de vida que el Gobierno pretende sufra la población en silencio y resignación. Diversos agentes allanaron su domicilio sin orden judicial y se lo llevaron a la fuerza. Desde entonces, apenas ha tenido comunicación con su familia, salvo un par de someros encuentros bajo condiciones extremadamente adversas y restrictivas. Por si todo esto fuera poco, la situación de Alejandro se ha visto marcada por un trato humillante y discriminatorio por su orientación sexual, y diversos testigos denuncian que un oficial le insulta con expresiones homofóbicas. La información oficial sobre su caso ha sido confusa y contradictoria: inicialmente se dijo que no sería procesado, posteriormente las autoridades mencionaron una posible fianza de 500 mil pesos cubanos (equivalente a 86 meses de salario medio en Cuba) y actualmente, en prisión provisional sin tutela judicial, se le amenaza con una condena de hasta 10 años de prisión por manifestarse públicamente en contra de los diarios y prolongados apagones de luz.

Recrudece la represión según reportan informes de FDP, CDPC y OCDH.

El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) reporta en su informe de abril y mayo que el régimen totalitario cubano ha recrudecido su ofensiva cometiendo unos 400 nuevos casos de represión en Cuba durante esos dos meses.

Por su parte, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) declara una grave alarma por nuevas denuncias de abusos en cárceles cubanas: Un nuevo informe divulgado este martes en redes sociales, vuelve a encender las alarmas sobre la situación en las cárceles de Cuba. Solo en mayo, la organización independiente —con sede en México— registró 92 violaciones a los derechos humanos, incluyendo abusos físicos, negligencia médica, desnutrición y condiciones infrahumanas en 32 penitenciarías del país. Según sigue informando el reportaje, los incidentes más frecuentes incluyen actos de hostigamiento y represión (63 casos), seguidos por negación de atención médica (29), condiciones de vida inadecuadas (17), problemas de alimentación (13) y restricciones o irregularidades en las visitas (10).

“Los eventos que implicaron violaciones de derechos humanos ocurrieron en 32 cárceles y centros de detención distribuidos en todas las provincias del país, con mayor concentración en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey”, detalla el documento del CDPC.

El informe precisa que al menos 55 personas —51 hombres y 4 mujeres— fueron víctimas directas de estos abusos. Entre los nombres más destacados aparecen reconocidos opositores cubanos como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Eider Frómeta, quienes, según el colectivo, son “las personas con más vulneraciones registradas en su contra”.

El desgobierno y la represión complican y empeoran la trágica situación que sufre el pueblo cubano

El régimen cubano detiene a más de 100 personas que brindaban ayuda humanitaria en Santiago de Cuba

Tras más de 2 meses de represión, desde el martes día 1 de abril las fuerzas represivas del régimen cubano cercaron violentamente el hogar de José Daniel Ferrer, sede de la UNPACU, por donar ayuda humanitaria a más de 1.000 personas diarias, amenazando y deteniendo a más de 100 personas entre indigentes, personas vulnerables y voluntarios. José Daniel Ferrer, cuya vida -además del activismo prodemocrático- se ha centrado en esta labor humanitaria, retomó la labor el mismo día que salió de prisión y, desde el primer día, recibieron amenazas y citaciones de las autoridades, que además pusieron cámaras en el exterior para vigilarles.

Los comerciantes que proveían alimentos eran, a su vez, multados por vender productos a la UNPACU. El crecimiento de la demanda de atención humanitaria supera las 1.200 personas diarias. Las más de 100 detenciones en tan sólo 2 días ilustra el éxito de la iniciativa y la represión que sufren.

The Congressional Executive Commission on China (CECC) released its annual report on December 20, highlighting severe human rights violations in Tibet. The report indicates a lack of interest from Chinese officials in resuming negotiations with the Dalai Lama, with the last discussions occurring in January 2010. It details ongoing restrictions on Tibetan religious practices, particularly Tibetan Buddhism, including bans on worship during significant events and limited access to monasteries.

Focusing on ongoing human rights abuses by the government of the People’s Republic of China (PRC) and the Chinese Communist Party (CCP), the CECC focused on the complicity of US and foreign corporations with CCP oppression. Pinpointing the actions of Thermo Fisher Scientific, whose DNA sequencers had been used by police in Tibet and Xinjiang to compile DNA databases of Tibetans and Uyghurs, the commission expressed apprehension that the technology could be misused for organ transplantation practices considering the existing accusations of forced organ harvesting in the PRC.

The CECC maintains a comprehensive database of political prisoners in China, providing valuable insights into the state of human rights and religious freedom. Of the 2,764 records of prisoners known or believed to be detained, 1,686 contained information about their religious affiliation. Notably, Tibetan Buddhism represents the largest religious group among these prisoners. 678 prisoners are affiliated with Tibetan Buddhism, making it the most represented religious group in the database. The database also reveals significant information about the ethnic background of detainees. Out of 1,693 active detentions with available ethnic information, 790 are ethnically Tibetan. This data underscores the disproportionate targeting of Tibetans and practitioners of Tibetan Buddhism by Chinese authorities. The high number of Tibetan detainees, both in terms of religious affiliation and ethnicity, highlights the ongoing suppression of Tibetan culture, religion, and identity within China-occupied Tibet.