El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) presenta su Balance Parcial 2024: Violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, un informe exhaustivo que detalla el aumento alarmante de las violaciones a las libertades fundamentales en el país. Según las cifras registradas, el gobierno socialista cubano fue el responsable del 98.7% del total de dichas violaciones. Este documento no solo evidencia la represión contra periodistas y ciudadanos, sino que también analiza cómo estas vulneraciones afectan derechos conexos esenciales para la dignidad humana.
Principales hallazgos del informe 
El Balance Parcial 2024: Violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, documenta 790 violaciones a estas libertades, un aumento del 59.92 % respecto a 2023. Entre los datos más preocupantes se destacan:
- Personas encarceladas por expresarse: Un total de 51 personas fueron recluidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, ya sea mediante publicaciones críticas en redes sociales o participando en manifestaciones pacíficas. Esto representa un incremento del 112.5 % respecto al año anterior.
- Detenciones arbitrarias: Se registraron 179 casos, de los cuales 70 afectaron a periodistas independientes, dejando en evidencia una represión selectiva y dirigida.
- Ataques psicológicos y amenazas: Con 263 incidentes reportados, este indicador aumentó un 324 %, dirigido tanto a periodistas como a ciudadanos comunes.
- Agresiones físicas: 23 casos fueron documentados, lo que supone un alarmante incremento del 360 %.
- Uso abusivo del poder estatal: Se identificaron 121 actos represivos, marcando un aumento del 404.17 %, consolidando al régimen como un actor central en las violaciones de derechos humanos.
Casos emblemáticos que reflejan la cruel represión
El informe destaca numerosos casos que ilustran la brutalidad del régimen contra quienes se atreven a alzar su voz. Estos relatos evidencian la detención arbitraria de personas por expresarse en redes sociales, la vigilancia sistemática en fechas clave y la criminalización de quienes participan en actos simbólicos de protesta o manifestaciones pacíficas. Tales prácticas buscan sembrar miedo, silenciar a la ciudadanía y desarticular cualquier expresión de disidencia.
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