Fundamentos / Basics

 Documento aprobado por el Equipo Gestor de la PDCI
el 29 de marzo de 2023

Rechazamos la tendencia que se ha ido extendiendo en lo que va de este siglo con el argumento de que el socialismo marxista es un ideal que sus defensores promueven como una solución a todos los males. Alegan que "nunca se ha puesto en práctica" sino que lo han adulterado en los países donde el intento ha fracasado porque las reformas se han desviado a un "capitalismo monopolista de Estado".

No perciben estos neomarxistas los motivos fundamentales de esas desviaciones y esos fracasos que quedan demostrados en múltiples estudios al alcance de todos. Estos neomarxistas proclaman que luchan por una "sociedad de productores libres" en un Estado compuesto por una "asociación de individuos libres". El problema de esa "sociedad de productores libres" que formó parte del pensamiento expresado por Marx en sus escritos, es que, pese a esos planteamientos, la obra de Marx pasa sistemáticamente por alto el valor de la libertad individual, pues siempre estaría subordinada a la importancia de la igualdad o a la afirmación de la determinación colectiva de la sociedad. No es posible encontrar un lugar donde Marx se dedique a descubrir metódicamente el concepto de libertad implícito en la frase "asociación de individuos libres" que usó para caracterizar su ideal del "comunismo" como lo presenta en El Capital.

No obstante, la explicación de ese fracaso puede simplificarse en pocas palabras. El problema es que para llegar a ese socialismo marxista ideal es indispensable una reforma radical de la cultura y de la estructura social. Para poder realizar esa reforma radical, no hay otra opción que un estricto control Estatal que obligue a todos a entrar por el aro. Por consiguiente, este sistema entroniza en el poder a una élite "revolucionaria" que se arroga el derecho a tomar decisiones por todo el resto de la población. Y, como bien dijo Lord Acton: "El poder absoluto corrompe absolutamente".

Por eso el socialismo marxista es utópico, porque nunca logra establecer lo que propone: comienza con una dictadura supuestamente “del proletariado”, que seguidamente se desvía al totalitarismo y que acaba en un sistema mafioso, vertical y corrupto. Así es como se ha desarrollado en muchos escenarios a lo largo de la historia a partir de sus orígenes en el siglo XIX.

No obstante, la democracia participativa es un mecanismo de gestión económica, política, social y cultural que permite a los ciudadanos intervenir e influir en la toma de decisiones en un Estado de derecho que proteja la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación.

Por consiguiente, la democracia participativa abre las puertas al diálogo que conduzca a un debate civilizado en el que se respeten las opiniones de todos los participantes y se tomen decisiones mediante la negociación o un proceso de votación secreta de los ciudadanos. Por tanto, es un mecanismo de acción política y NO es una ideología en sí.

Este mecanismo descansa en un concepto de "acción comunicativa" mediante un procedimiento de "ética formal" que Jünger Habermas nos ha estado planteando desde el siglo pasado, según el cual, en  el proceso de la comunicación, hablante y oyente intercambian implícitamente nociones morales, aunque su punto de partida no es la conciencia moral (faktum de Kant) sino el hecho de la comunicación. Para Habermas, “el que expresa un punto de vista moral está suponiendo que expresa algo universalmente válido” y elabora afirmando que la universalidad se logra en el diálogo, en el discurso, y está implícita en la comunicación. Para el logro de esa universalidad en una auténtica democracia participativa son indispensables también la negociación y el respeto mutuo.

Mediante esa interacción democrática, las ideologías y los programas políticos que se manifiestan con igual respeto a la libertad de expresión y elección están en libertad de participar en el diálogo y la negociación en un mecanismo de participación democrática,  salvo aquellas tendencias que pretendan eliminar o hacer cambios radicales al sistema y a los mecanismos democráticos mediante estrategias revolucionarias o programas que sometan o repriman a las minorías.

Las transformaciones y cambios sólo alcanzan un grado de legitimidad si se realizan mediante el diálogo, la negociación y el respeto mutuo. Afirmamos que la participación democrática permite tomar decisiones negociadas o mayoritarias en la interacción con las filosofías e ideologías políticas que compitan dentro de un sistema de respeto al sistema establecido y a los derechos humanos en su totalidad.

¿Qué es la democracia? ¿Cómo la identificamos? ¿Qué grado de participación deseamos en su aplicación? Son algunas de las preguntas que deseamos someter al análisis para examinar sus perspectivas con el propósito de despertar un intercambio de ideas e identificar vías de solución en el proyecto de promover una transformación democrática en los países sometidos a dictaduras y tiranías, enfocando en particular el caso de Cuba.

[Vea este video en el que Gerardo E. Martínez-Solanas analiza de forma breve, pero muy abarcadora, los fundamentos y mecanismos de la evolución de una Democracia Representativa hacia una mayor participación ciudadana y su posible desarrollo en la transición de una dictadura a un sistema democrátic con amplia participación popular] 

PRESENTADOR DEL TEMA: Gerardo Martínez-Solanas, Director, Democracia Participativa net. Economista y Politólogo con maestría en ambas disciplinas (CUNY). Autor de Gobierno del Pueblo: Opción para un Nuevo Siglo. 

Desde el Holocausto ha transcurrido casi un siglo, pero en otros lugares han ocurrido y siguen ocurriendo verdaderos "holocaustos" que en mayor o menor medida han barrido con poblaciones enteras o con grupos étnicos o políticos en regiones o países tan diversos como Camboya, Ruanda, Darfur, Cuba, Venezuela o Norcorea, mientras que los actores internacionales no han logrado montar una respuesta eficaz a las masivas atrocidades que hemos contemplado y seguimos contemplando en esos y otros lugares del mundo.

Las razones de este fracaso son numerosas. A menudo están ausentes tanto la voluntad política de actuar como la disponibilidad y la capacidad de las fuerzas de intervención militar. Además, el concepto de la soberanía se ha apuntalado sobre principios inflexibles que dificultan la intervención de países externos u organizaciones internacionales, a pesar de que, en los últimos años, se ha estado desarrollando la necesidad perentoria de reconocer y aplicar los principios que establecen la "responsabilidad de proteger".

Por añadidura, las prácticas legales internacionales limitan la acción rápida y requieren una amplia consulta, especialmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, antes de que se puedan tomar medidas específicas. Sin embargo, muchos analistas políticos sostienen que el sistema tiene ciertos beneficios: puede conferir legitimidad y ayudar a los actores a coordinar los esfuerzos militares y no militares para prevenir o detener atrocidades. Es importante señalar que la intervención sólo debe contemplarse cuando no haya dudas sobre la legitimidad de su objetivo y no es legítima cuando es unilateral. Para que la soberanía se limite al punto de justificar la intervención externa, el Estado violador debe mostrar una clara y constante falta de voluntad de respetar y proteger los derechos humanos o estar procediendo impunemente a una violación activa de los mismos frente a las protestas de su población. Para dirimir las muchas opiniones divergentes que se esgrimen sobre este tema tan fundamental, en julio de 2004 se reunió en Viena un Grupo de expertos de alto nivel del Consejo Interacción para explorar las condiciones en las que se justifican las intervenciones militares.

No obstante, desde el colapso del comunismo soviético, el fin de la Guerra Fría y los atentados del 11 de septiembre de 2001, el marco legal internacional que gobierna el uso de la fuerza militar se ha visto sometido a una enorme presión. Sin embargo, el imperativo moral de proteger a las poblaciones extranjeras en peligro de extinción en casos de genocidio, matanzas masivas, hambrunas y despojos por parte de regímenes dictatoriales y la práctica de abusos y torturas como política de Estado han planteado en la era posterior a la Guerra Fría la cuestión muy pertinente de si debería haber límites a la soberanía estatal cuando se está violando la soberanía de sus pueblos. La opinión pública, especialmente en las democracias, a menudo espera que sus gobiernos actúen, si fuera preciso por la fuerza en estos casos extremos, pero rara vez la voluntad política de sus gobernantes responde adecuadamente a esas aspiraciones.

Hoy día es prácticamente inconcebible que los miembros del Consejo de Seguridad se opongan a una intervención armada, incluso a una que no cuente con el consentimiento del Estado responsable de tales hechos, y que tomen semejante decisión abstencionista o negativa únicamente por considerar que se trata de una violación del principio de soberanía.

Lamentablemente, esto ocurre con demasiada frecuencia debido al poder de veto y a los intereses creados que afectan la política de los Estados que impiden la intervención con su veto. Aunque esto suceda con frecuencia para frenar o impedir una acción intervencionista, este entorpecimiento no logra ocultar el hecho de que la confianza en el principio de soberanía ya no es una barrera legítima para la intervención internacional autorizada por Naciones Unidas en estos casos, sobre todo si se tiene en cuenta que la no intervención somete a mayores abusos, torturas y muertes a esos pueblos abrumados por interminables y crueles dictaduras.

Un sistema internacional fundado en el Estado de derecho beneficia a todos los Estados, incluidas las naciones más poderosas. Incluso los miembros más fuertes de cualquier sociedad necesitan la protección del Estado de derecho. Los Estados Miembros de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales y regionales deben reconocer que la seguridad real puede establecerse mejor mediante la acción colectiva, el respeto por las instituciones internacionales y el Estado de derecho (incluido, por ejemplo, un firme apoyo a la Corte Penal Internacional). Los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento del Estado de derecho en el contexto internacional, ya que brindan la primera oportunidad de reparación legal. Una relación de respeto mutuo y de colaboración entre los tribunales nacionales y los internacionales sería un gran paso de avance en la lucha universal en defensa de los derechos humanos. Hagamos votos porque así sea.

Mientras más polarizada está la política, más difícil es encontrar soluciones. ¿Cuál es el remedio para evitar un estancamiento? Reúna alrededor de una mesa a personas con diferentes horizontes y permítales plantear soluciones."

La palabra mágica es “deliberación”: varias posibilidades se discuten para llegar a una decisión común. Este proceso está en el centro del experimento de Jonas Nakonz y sus jóvenes colegas del laboratorio suizo de ideas sobre política exterior forausEnlace externo.

Desde hace dos años, Nakonz organiza ‘PoliTisch’Enlace externo (término alemán que significa tanto ‘política’ como ‘mesa política’), una serie de debates sobre políticas migratorias en los que participan personas de diversos grupos de la población y representantes del mundo político. Durante una comida se discuten diferentes posiciones y opiniones. Nakonz puede observar así la forma en que los grupos heterogéneos encuentran soluciones a las cuestiones políticas.

En el origen del enfoque está el siguiente principio: cuando las personas están involucradas en el debate político, tienen la oportunidad de expresar su opinión con más precisión que el simple “sí” o “no” al final del procedimiento. De hecho, la reducción de la democracia a “o esto o aquello” favorece la polarización.

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