Centro de Estudios Convivencia

 

Resultados de los estudios sobre

“La transición en Cuba:  Memoria Histórica, 

Justicia Transicional y Reconciliación Nacional. 

Visión y propuestas”

 

 Los otros 11 Estudios realizados pueden encontrarse AQUÍ

 

Duodécimo Informe de Estudios

Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba

Pinar del Río, Cuba

25 marzo de 2022

Índice

Presentación 

1.  Conceptos
2.  Visión de una transición en Cuba: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional
3. Objetivos de una transición en Cuba: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional
4. Estrategias de una transición en Cuba: memoria histórica, justicia transicional y reconciliación nacional
5. Leyes propuestas para alcanzar una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional
6. Hoja de Ruta para una transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz en Cuba

Participantes en el Itinerario

CENTRO DE ESTUDIOS CONVIVENCIA

El Centro de Estudios Convivencia (CEC) es un espacio plural e incluyente, independiente y no lucrativo, de la sociedad civil cubana, que trata de inspirar, crear y difundir ideas a través de sus estudios e iniciativas de formación ética y cívica. Es un centro de pensamiento y propuestas, conformado por ciudadanos de muy diversas opciones filosóficas, políticas y religiosas, que están interesados en debatir ideas, hacer estudios y proponer soluciones sobre aspectos de la vida de nuestro país, con el fin de contribuir a que, cada vez más, los cubanos y cubanas se informen, comprometan y contribuyan al mejoramiento de la nación y de su futuro. El CEC intenta contribuir a la unidad de la nación cubana tendiendo puentes de estudio y convivencia entre la Isla y su Diáspora. Este Informe es un fruto de ese trabajo entre los dos pulmones de la única nación cubana. El CEC difunde sus ideas y propuestas constructivas por medio de su revista digital Convivencia, talleres, encuentros de estudio sistemáticos, en las redes sociales y, especialmente, publicando los resultados de sus estudios en su sitio web: www.centroconvivencia.org

 

Duodécimo Informe de Estudios “La transición en Cuba: 

Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional. 

Visión y propuestas” 

 

RESUMEN EJECUTIVO

El Centro de Estudios Convivencia realizó la séptima etapa del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. Culminando con dos sesiones de estudio, una en la Isla y otra en la Diáspora. El encuentro de la Isla fue digital y en pequeños equipos. El encuentro en la Diáspora se celebró los días 19 y 20 de febrero de 2022 en la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Los temas escogidos para esta décima segunda etapa del Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba fueron: “La transición en Cuba: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación

Nacional: Visión y Propuestas” estudiado el sábado 19 y “El Cuidado de las Personas

Mayores en el Futuro de Cuba: Visión y Propuestas” estudiado el domingo 20. A continuación presentamos un breve resumen ejecutivo, o abstract, que recomendamos sea ampliado con la consulta al Décimo Segundo Informe de Resultados que publicamos íntegramente en nuestro sitio web: www.centroconvivencia.org. 

 

“La transición en cuba: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional: visión y propuestas” 

I. Conceptos

Para abordar el tema de una transición en Cuba que incluya el rescate y conservación de su Memoria Histórica, de una Comisión de la Verdad, de una Justicia Transicional y que este proceso culmine en un camino de Reconciliación Nacional, primero, es indispensable identificar y distinguir conceptos a fin de saber de qué estamos hablando, qué estamos estudiando y qué deseamos proponer para el futuro de Cuba. En el primer capítulo de este informe encontrará algunos de esos conceptos aportados por los participantes.

II. Visión de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

Como fruto del estudio y aportes de los participantes en estos encuentros se consensuó esta visión sobre una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional:

III. Objetivos de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

La compilación de los diferentes aportes de los participantes en la Isla y en la Diáspora contiene los siguientes objetivos que se desean alcanzar con una transición en Cuba que incluya los siguientes factores: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional.

IV. Estrategias para alcanzar los objetivos de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

1. Algunas líneas de acción para alcanzar una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional.

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Duodécimo Informe de Estudios “La transición en Cuba: 

Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional. 

Visión y propuestas” 

 

I. Conceptos

1.1. Transición

A continuación, citamos algunos conceptos sobre lo que entendemos por transición en este Informe de estudios:

“La palabra transición proviene del término latino transitio, que significa 'traspaso', 'cambio'. Así, la palabra transición se utiliza para hacer referencia a todos los actos que supongan un cambio, una evolución o un paso de un estado a otro… La idea de transición también se puede aplicar para cuestiones más complejas como son los eventos históricos o sociales que significan cambios importantes en la vida de las personas y que en la mayoría de los casos, pueden llevar mucho tiempo. Cuando hablamos de transición, siempre estamos dando a entender que hablamos de algo (estado, sistema, estilo de vida) que cambia o se altera en su esencia de manera progresiva y no violenta.”

(https://www.definicionabc.com/general/transicion.php)

La transición de la que hablamos en este informe no es una revolución violenta.

“Se le llama transición al cambio de estado por el que atraviesa una persona, objeto o hecho objetivo. En el ámbito de la política, las transiciones son momentos de su historia en donde reemplazan el modelo político por el que se regían, por el modelo democrático; en diversos países, está transformaciones fueron determinadas como impactantes, debido a que provenían de regímenes dictatoriales o la monarquía. Dentro de la economía, las transiciones se han dado notablemente entre modelos de producción, es decir, la forma en la que se organizan la producción y distribución de bienes y servicios, siendo de los primeros la transición de la esclavitud al feudalismo, y de este al capitalismo.”

(https://conceptodefinicion.de/transicion/)

En el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales podemos encontrar conceptos y características de una transición política que por su importancia y vigencia compartimos a continuación. Todas las citas entrecomilladas pertenecen a la definición de “Transición política” de dicho Diccionario. La bibliografía citada en este epígrafe de “Conceptos” está relacionada el final del Informe.

Los procesos de cambios en Europa Central y del Este, en América Latina y en otros lugares del mundo se sucedieron en las últimas décadas, “estos procesos de cambio de régimen político influyeron sobre la producción de las ciencias sociales que, tanto a nivel teórico como de estudio de caso, han conformado a las transiciones como un objeto básico de análisis. Esta influencia se acompañó de variaciones metodológicas significativas. En los años previos, los análisis de los politólogos privilegiaban, en gran medida, que precondiciones favorecían la emergencia y estabilidad de las democracias (Lipset, 1959), o porqué se producía la quiebra de estas (Linz y Stepan, 1978). Por el contrario, la ola política de (re)democratización se ha visto acompañada de una abundante literatura académica sobre cómo se produce el renacimiento de la democracia, a través de relacionar los resultados de los procesos de transición con sus factores determinantes. A ello contribuyó la publicación del artículo de Dankwart A. Rustow (1970: 337-363) y su énfasis en la necesidad de distinguir entre la génesis de las democracias y la estabilidad de estas. Su articulación en torno a que los análisis sobre las democracias debían basarse en las relaciones de causalidad, antes que, en las correlaciones propias de la escuela funcionalista, se significó como el inicio de una nueva vertiente metodológica que influyó en las siguientes investigaciones, caracterizadas éstas por el estudio de las élites y de sus estrategias en los procesos de cambio de régimen político.”

El análisis metodológico de las transiciones: de lo socioeconómico a los actores políticos

En el mismo Diccionario Crítico de Ciencias Sociales se explica una transición de las estrategias de investigación, que, a su vez, refleja el tránsito de un análisis de inspiración marxista a uno más integral en el sentido político (referido a la vida de la polis):

“Uno de los estudios pioneros desde esta perspectiva minimizó la importancia de los factores estructurales y postuló la autonomía explicativa de la esfera política (O'Donnell y Schmitter, 1988). Así, las estrategias de investigación de los análisis sobre los procesos de transición política han minimizado la importancia de la esfera socioeconómica como uno de los factores determinantes del desarrollo político. Por el contrario, el estudio sobre el comportamiento de los actores políticos se ha mostrado como una dimensión relevante para el análisis de los procesos de cambio de régimen político. De conformidad con esta óptica metodológica, los procesos de transición estarán determinados por la acción política de los actores políticamente significativos. En este sentido, las investigaciones sobre transiciones se adhieren a los análisis que, desde la Ciencia Política, postulan un margen de libertad de acción a determinados actores por encima de los condicionantes de carácter estructural.”

Tres aspectos para evaluar las transiciones

En el mismo concepto de “transición política” el citado Diccionario presenta tres parámetros para evaluar estos procesos:

“Por ello, y en lo que respecta a la dimensión específica de los actores políticos, un análisis sobre las transiciones debe evaluar tres cuestiones. La primera está relacionada con la necesidad de definir quiénes son aquellos que, con su acción política, intervienen de forma directa en las transformaciones consideradas (Fuerzas Armadas, partidos políticos, etc.). En segundo término, es preciso identificar el proceso seguido para la reproducción de sus estrategias políticas (negociación, pactos, etc.). Por último, hay que reconocer los hechos políticos a través de los cuales los actores evidencian tanto sus estrategias políticas como los recursos de poder disponibles (constitución, elecciones, etc.). Complementariamente, la nueva perspectiva aplicó un marco de análisis teórico que recuperaba el ámbito de lo político como esfera explicativa per se. El desarrollo de esta vertiente analítica ha posibilitado avanzar en la consideración de que la transición a la democracia sea un proceso uniforme alejado del determinismo de los factores caracterizados como objetivos. Pero, a su vez, esta estrategia investigadora ha recibido críticas por privilegiar la autonomía de la esfera política frente al abandono de los planteamientos estructurales como base de justificación de la existencia y estabilidad de las democracias.”

Transición: de la sustancia al procedimiento

“Sin embargo, esta opción analítica resulta razonable si se considera a la democracia más como una cuestión de procedimiento que de sustancia, y si se entiende por transición el proceso mediante (y durante) el cual determinadas reglas de juego son transformadas hasta producir un nuevo orden (democrático) que influye en la capacidad decisoria y los intereses de los actores. De ahí que no sea casual una de las metáforas elegidas al describir este proceso como una guerra de movimientos (Schmitter, 1988: 7-9).” 

“La transición se percibe como un contexto estratégico, con la presencia de diversas opciones, de difícil predictibilidad sobre el comportamiento de los actores y en donde las acciones de carácter intrépido pueden producir resultados notorios. Igualmente, con la utilización de esta metáfora se subraya la idea de que el espacio propio de la transición se constituye como una acción orientada hacia la definición de las reglas, y que esta acción se desarrolla en un marco normativo e institucional débilmente limitado.”

Transición e incertidumbre

“Con ello aparece un nuevo elemento que define los procesos de transición política: la incertidumbre (O'Donnell y Schmitter, 1988: 15-18). El contexto de incertidumbre que envuelve los procesos de transición no permite definir de antemano las estrategias y los comportamientos de los actores involucrados. Así, su argumento central reposa en el alto grado de indeterminación de las acciones políticas de los actores, en tanto que son parte de un proceso de redefinición del incierto contexto y de sí mismos. Este hecho implica que los conceptos acuñados desde esta opción normativa observen de manera inductiva el cómo del proceso antes de responder el porqué de este.

Transición: cambio de valores, normas, reglas de juego, participación e instituciones

“Dentro de esta opción metodológica, el concepto de transición política remite a un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de la participación y de la competencia política, ya sea desde un régimen democrático hacia el autoritarismo, o desde éste hacia la democracia. Pese a ello, el objetivo básico del estudio sobre las transiciones políticas aquí realizado se articula en torno al análisis del paso desde un régimen autoritario hacia uno poliárquico. Desde una perspectiva general, el término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones asociados a éste por otros(as) diferentes (Santamaría, 1982: 372). Ello implica que las transiciones no siempre se circunscriban a transformaciones políticas, sino que también puedan afectar a otros ámbitos. Así, y además de la esfera política, habría que referirse a la económica, institucional o a aquélla otra que afecta a la organización del Estado, y cuya conjunción en algunos ámbitos espaciales ha sido caracterizado como de una revolución sin precedentes históricos (Offe, 1992: 927-928).”

Definición de transición desde lo normativo

“Con carácter normativo, un período de transición política (democrática) se define como el espacio de tiempo que discurre entre la crisis de un régimen autoritario y la instauración de un sistema político democrático (Maravall y Santamaría, 1988: 114). De manera simultánea, el concepto de transición política también engloba, además de (los acontecimientos de) un período temporal, un proceso causal que permite decidir sobre cuáles son las transformaciones producidas en el régimen autoritario que autorizan a considerar la nueva situación como de transición entre regímenes (O'Donnell y Schmitter, 1988: 20).”

Problemas de una transición política

“En este sentido, las principales modificaciones acaecidas en el régimen autoritario se corresponden con las diversas fases consecutivas del proceso de cambio político. Sin embargo, como toda decisión de carácter normativo, una exposición secuencial de un proceso de transición política presenta dos problemas. El primero está unido a la diferente óptica de cada uno de los actores considerados en relación a la percepción sobre las fases de apertura. Así, la coalición autoritaria puede entender el proceso de transición como una fase de reequilibrio del régimen, mientras que la oposición puede percibir ciertas medidas liberalizadoras como un camino hacia la democracia. El segundo (problema) se relaciona con definir el límite superior del proceso. De acuerdo con el esquema adoptado, la transición finaliza mediante la quiebra del régimen autoritario y la instalación de un gobierno electo por procedimientos democráticos, o, en términos de Giuseppe Di Palma, "cuando un acuerdo sobre las nuevas reglas del juego democrático ha sido alcanzado y puesto en funcionamiento" (Di Palma, 1990: 138). Es decir, se trata de concluir el proceso mediante una institucionalización de carácter formal-legal. Sin embargo, puede mantenerse que la transición sólo culmina cuando el nuevo régimen democrático procesa los denominados legados autoritarios de índole política, o, incluso, cuando se produce la renovación de la élite gobernante. Complementariamente, un proceso de transición desde un régimen autoritario se caracteriza, de acuerdo con Leonardo Morlino, por la modificación de las reglas de éste con relación a los grados de oposición que acepta, así como con respecto a los grupos susceptibles de ser incluidos en la esfera de la toma de decisiones (Morlino, 1987: 57). Este periodo se caracteriza por su ambigüedad y una alta fluidez institucional, derivadas tanto de la persistencia de normas y actitudes del anterior ordenamiento institucional, en convivencia con otras propias del nuevo régimen que previsiblemente se instaurará, como de la presencia de diferentes soluciones políticas apoyadas por los diversos actores inmersos en el proceso de cambio de régimen.”

Transición democrática: un proceso de cambio político

“En términos similares, Enrique Baloyra entiende la transición democrática como un proceso de cambio político que se inicia con la erosión de los componentes autoritarios del régimen, y que pone de manifiesto un conflicto político entre diversos actores que compiten por la puesta en práctica de políticas basadas en diferentes concepciones de gobierno, sistema político y estado (Baloyra, 1987: 12-13). Dicho conflicto se resuelve mediante la quiebra del régimen autoritario y la instalación de un gobierno comprometido o electo a través de los procedimientos democráticos, si bien en algunos casos antes de las primeras elecciones competitivas es posible determinar que se ha producido un giro democrático.”

Dos etapas en la hoja de ruta de la transición política

“De acuerdo con la conceptualización expuesta, resulta posible ordenar la periodización de un proceso de transición política conforme a dos dinámicas o dimensiones centrales definidas como liberalización y democratización (O'Donnell y Schmitter, 1988: 20-27).:

Liberalización: “Mediante la primera se hacen efectivos ciertos derechos destinados a proteger a individuos y grupos sociales de los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado, e indica el transcurso por el cual se amplían ciertos derechos de ciudadanía, como las libertades de expresión y de asociación. Si bien el inicio de este proceso se significa como una modificación importante respecto a las prácticas habituales de los regímenes autoritarios, no es irreversible en la medida en que esta primera etapa de la transición depende en gran medida de la voluntad del gobierno autoritario. Pese a ello, estas prácticas pueden institucionalizarse aumentando, así, los costos de su posible eliminación. Se tratará, a modo de ejemplo, de la flexibilización de las normas de control del régimen sobre los medios de comunicación, o de la puesta en marcha de mecanismos y espacios legales, aunque restringidos, de sindicalización.

La dimensión denominada democratización supone la modificación del régimen autoritario en sus procedimientos de representación política, de forma que las normas democráticas se convierten en el mecanismo básico para la toma de decisiones y para la delimitación del ejercicio del poder, caracterizándose, igualmente, por ser reversible.

Ambas dimensiones no suelen darse de forma simultánea, si bien a medida que se avanza en la liberalización es más difícil contener las demandas de democratización, siendo una de las principales incertidumbres de la transición si estas demandas serán lo suficientemente fuertes como para generar dicho cambio, aunque no tanto como para originar una regresión autoritaria. Por su parte, Adam Przeworski (1988: 93) identifica la dinámica de liberalización con el proceso de desintegración del régimen autoritario, mientras que la de democratización la relaciona con la fase de instauración de las instituciones democráticas. Ambas dimensiones sugieren, más allá de su aportación conceptual, la distinción entre diferentes momentos (o rutas) de la transición.”

Importancia del equilibrio entre liberalización y democratización

“Desde esta opción analítica, resulta razonable considerar a la transición política como el proceso mediante el cual determinadas reglas de juego son transformadas hasta producir un nuevo orden democrático. Sin embargo, es posible observar ciertos casos en que ambas dimensiones tienen lugar de forma casi simultánea, e incluso de manera opuesta a la lógica referida. Esta alteración de la secuencia de las dimensiones puede producir la aparición descompensada de las mismas. Así, tienen lugar casos de alta liberalización y baja democratización, denominados dictablandas, y casos de alta democratización y baja liberalización, denominados democraduras (O'Donnell y Schmitter, 1988: 30). Estas desviaciones de la meta común -el sistema democrático- indican la importancia de mantener un equilibrio en la evolución de sendas dinámicas, mediante una compensación entre las presiones liberalizadoras y las democratizadoras de acuerdo con una secuencia adecuada.

Indicadores para identificar el comienzo de una transición política

“Qué elementos nos indican que puede producirse un posible cambio de régimen? Un primer indicador de que existen probabilidades para que se genere un proceso de cambio de régimen político es la crisis del gobierno autoritario… Las variaciones en el origen y composición, el grado de movilización, el nivel de institucionalización, la eficacia en la satisfacción de las necesidades sociales y la existencia de principios de legitimidad, son algunos de los factores que contribuyen a diferenciar al régimen de partida y, simultáneamente, al proceso transicional y a su resultado final (Alcántara, 1992: 10-11). Un régimen autoritario mantendrá su estabilidad mientras exista una coalición de actores que apoyen a ese régimen y a la mayoría de sus políticas, es decir, cuando exista una cohesionada coalición dominante que lo sustente. En este sentido, una ruptura al interior de esta coalición será un factor fundamental en el origen de la crisis de éste. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones significativas que determinan la erosión de la cohesión interna de la coalición dominante? Desde una perspectiva global, la respuesta más obvia es aquélla que relaciona algún tipo de transformación no controlada por el régimen que tenga la suficiente capacidad de influencia sobre el comportamiento de los actores de la coalición dominante, siendo el factor más relevante de este nivel la crisis de la legitimidad autoritaria (Morlino, 1982: 99; Maravall y Santamaría, 1988: 114).”

Tres manifestaciones de descomposición del antiguo régimen

“La crisis de la legitimidad autoritaria desencadena tres manifestaciones propias de la descomposición del régimen autoritario. La primera se concreta en el aumento del número de socios insatisfechos en la coalición dominante debido a una menor satisfacción de sus demandas. Esto origina, en segundo lugar, una erosión de la capacidad del régimen para limitar la expansión del pluralismo. En último término, y como efecto de las dos manifestaciones anteriores, se incrementan los umbrales de movilización política que va acompañada de una disminución en las posibilidades de represión. En síntesis, la erosión de la cohesión de la coalición autoritaria se evidencia en un doble efecto de socavamiento. Por un lado, el régimen ve reducida su legitimidad y, por otro, se crean las condiciones para la presencia de opciones preferibles al mismo. Si bien todo ello evidencia la crisis del régimen, es preciso cuestionarse en torno a la premisa de si sólo dicho factor es elemento suficiente para garantizar un proceso de transición política. La crisis del régimen no es motivo determinante para el inicio de un cambio político, sino que los altos umbrales de imprecibilidad determinan el posible (re)surgimiento de otros destinos finales (Linz, 1992: 445). Sin embargo, se coincide en que existe un punto de no retorno en el momento en que a la débil legitimidad del régimen se unen, por una parte, una ostensible disminución de su eficacia en la toma de decisiones políticas, y, por otra, unos incrementos del pluralismo político y de la movilización social cuyos costos de represión son enormes. En esta coyuntura, el cambio de régimen hacia un sistema democrático se presenta como una alternativa factible.”

Posibles rutas en una transición 

“En este nivel es necesario cuestionarse sobre cuáles son las posibles rutas que pueden presentarse en el marco de una transición. En estas líneas se hace referencia exclusiva a los procesos de transición entre un régimen autoritario y uno democrático, si bien resulta evidente que no todos estos procesos terminan en una (re)instauración democrática. Por el contrario, existen, al menos, otras dos posibilidades: la estabilización de algún tipo de forma híbrida que combine ciertos componentes autoritarios con la existencia restringida de principios democráticos, o el fracaso global del impulso liberalizador con el consiguiente retorno al autoritarismo precedente. Sin embargo, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, sólo se hace referencia al estudio de los factores de carácter genérico que, en materia de coaliciones e instituciones, influyen (o no) en la (re)democratización. Por tanto, esta estrategia analítica supone una taxonomía previa de las posibles rutas democratizadoras, siendo necesario analizar cuáles de sus combinaciones -ya que en escasas ocasiones estas rutas aparecen en su estado puro en los casos concretos- presagian un destino democrático en términos probabilísticos.”

Una primera ruta de democratización

Una primera ruta de democratización tiene como dimensión central los factores internacionales, ya sean económicos o políticos. En relación con estos segundos, los conflictos bélicos, y una posterior ocupación, formaron parte esencial del proceso redemocratizador en los principales cambios de régimen ocurridos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Para Alfred Stepan (1986: 108-117), resulta evidente que existió un nexo entre los sucesos postbélicos y la herencia democrática/capitalista, y la posterior estabilidad histórica de estas democracias emergentes. Junto al conflicto bélico, se encuentran otros supuestos que pueden constituirse en elementos relevantes en algunos de los casos que han experimentado procesos de transición, convirtiéndose, en ocasiones, en factores determinantes que aceleran la descomposición del régimen autoritario. Así, se destaca la política exterior de potencias extrarregionales; el efecto dominó de otras democratizaciones experimentadas en el área; los resultados adversos en conflictos bélicos; la desintegración de la potencia dominante en la región y/o de la ideología defendida por aquélla como modelo político para la zona; y, por último, la opción de vincularse a unidades supranacionales de carácter ventajoso para lo que fuese preciso alcanzar una determinada homologación democrática.

Una segunda ruta de democratización

Una segunda ruta de democratización contempla, como dimensión central, los factores de naturaleza doméstica. Dentro de este marco, la transición suele presentar dos fases de acuerdo con el actor hegemónico en su definición. Estas fases o itinerarios revelan tanto las etapas de la transición como el comportamiento estratégico de los actores durante la misma. La primera, definida por el inicio del proceso de transición, tiene como protagonista a los actores de la coalición autoritaria. Su comienzo puede venir determinado por la imposibilidad de elaborar políticas eficaces que contengan las demandas sociales; por la probabilidad de que los que detentan el poder puedan seguir desempeñándolo; por la consideración de que los costos de supresión son mayores que los de tolerancia; o, finalmente, por la autopercepción negativa sobre los costos de reequilibrio del régimen en contraste con los derivados de la democratización. La valoración de que el mantenimiento del marco autoritario puede implicar la erosión de sus fundamentos corporativos, o su desaparición, no sólo formal, del espectro político, pueden ser decisivos argumentos a favor del comienzo del cambio de régimen. Esta opción se revela como la solución con menores costos toda vez que queda establecida la participación de dichos actores en el proceso de transición y en el sistema político futuro.”

“La segunda ruta se muestra determinada por la acción política de las élites partidistas opositoras y su recurso a la negociación. El establecimiento de un pacto, y de una coalición que lo apoye, contribuye a minar las bases del gobierno autoritario y, simultáneamente, se constituye en un marco sobre el que estructurar el futuro régimen democrático. Sin embargo, las fuerzas opositoras pueden articular una estrategia basada en una violenta ruptura o revolución sobre principios reformistas o marxistas prescindiendo de instrumentos menos radicalizados.

“En ambos momentos, el papel desarrollado por la sociedad civil como actor político -a través de su movilización social- constituye un ingrediente adicional importante, aunque insuficiente, para el éxito del proceso de transición hacia la democracia (Morlino, 1982: 102; y, Stepan, 1988: 126-128). Es esta estructura de carácter triangular, integrada por las motivaciones de la coalición dominante para poner en marcha la apertura política, y por las estrategias de los partidos políticos, en el desarrollo de esta, así como el papel ejercido por la sociedad civil en la redefinición de ambas dimensiones, la que constituye el contexto básico del proceso de transición hacia la democracia.

Fases del proceso de transición hacia la democracia

“Finalmente, un tema al que hay que referirse es el de las transiciones y el objetivo democrático. Conforme al modelo elaborado por Dankwart Rustow (1970: 353-361), un proceso de cambio de régimen se desarrolla mediante la concatenación de tres fases sucesivas”:

“La primera de ellas, denominada fase preparatoria, se concreta en una situación de conflicto que enfrenta a los detentadores del poder con diversas fuerzas opositoras, si bien tanto la composición de éstas como las causas de la crisis varían en los diferentes contextos”

“La segunda etapa, denominada fase de decisión, se articula sobre la decisión deliberada de institucionalizar algunos aspectos decisivos del procedimiento democrático, lo que implica un acto de acuerdo deliberado y explícito. Ello se concreta en el consenso básico entre los sectores de la coalición autoritaria y los grupos opositores sobre su gestión al frente del aparato estatal; en la sustitución de la élite autoritaria por otras fuerzas políticas que, mediante negociaciones, establecen unas normas provisionales y buscan, con ello, recuperar la creencia en la legalidad de las futuras acciones políticas de los nuevos actores; y, finalmente, el nuevo régimen, mediante la definición de sus principales estructuras políticas, fundamenta una novedosa institucionalidad y dota de legitimidad de origen al nuevo sistema político. A partir de ahí, las instituciones básicas del orden político instaurado comienzan a operar de acuerdo con las nuevas reglas de juego.”

“La última etapa es la fase de habituación de políticos y ciudadanos a los valores y prácticas democráticas como mecanismo de resolución de conflictos. En este nivel se destaca la consagración constitucional de una serie de procedimientos e instituciones que posibiliten que los miembros de la sociedad establezcan sus propias estructuras de poder mediante la garantía de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Pero también es decisivo para reducir los riesgos de una posible regresión autoritaria que el nuevo gobierno sea eficaz y que los diversos actores se habitúen a la legitimidad democrática. Así, las nuevas reglas, mecanismos y procedimientos precisan, para su realización efectiva, de un complejo proceso de institucionalización (Valenzuela, 1990).”

El aprendizaje durante los procesos de transición: educación ética y cívica

“El principal componente de éste es el aprendizaje político que se desarrolla durante los procesos de transición. Pero un aprendizaje político que no hace referencia únicamente al marco legal normativo, sino también a toda una serie de acuerdos no explícitos, de sistemas informales de prescripción y proscripción. En definitiva, el proceso de aprendizaje, que afecta a todos los niveles, es la forma genérica para lograr la emergencia y cristalización de las identidades, rutinas y criterios compartidos para la resolución de los conflictos de cualquier sociedad.

Final del proceso de transición y condiciones de un sistema democrático

“Si el proceso de cambio concluye en la elaboración de un acuerdo sobre las nuevas reglas de juego democrático y en su puesta en funcionamiento, entonces se puede señalar que la transición ha finalizado (Di Palma, 1990: 138).”

“Pese a ello, las modificaciones experimentadas por el régimen autoritario pueden ser divergentes del objetivo primigenio. En este sentido, Leonardo Morlino (1987: 58) distingue hasta cuatro diferentes tipos posibles de sistemas políticos de destino:

democracia, democracia limitada, democracia protegida e híbrido institucional.”

Hacia una democracia de calidad

“Las condiciones mínimas para considerar como democrático a un determinado régimen son las garantías en las libertades de asociación y de expresión, así como el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la colectividad. En segundo término, se requiere que las autoridades estatales sean electas a través de un acto soberano protagonizado por los integrantes de la sociedad civil. Además, un régimen democrático debe posibilitar la formación, el carácter de oposición, y el debate entre los partidos políticos legitimados por los ciudadanos-votantes para ello. Como efecto inmediato, ello implica la existencia de una comunidad libre para asociarse y expresar, de esta manera, sus intereses políticos y sus creencias ideológicas, éticas o morales, todo ello bajo la garantía que supone un marco regido por normas constitucionales legítimamente establecidas

(Dahl, 1989: 15; y, Linz, 1987: 17).”

Una democracia limitada

“Por el contrario, en una democracia limitada, el gobierno se encuentra condicionado en sus acciones políticas por las normas legislativas heredadas del régimen anterior, o acordadas durante el proceso de transición con aquellos que detentaban el poder autoritario.”

Una democracia protegida

“Por su parte, la democracia protegida, además de participar de los atributos de una democracia limitada, implica algún tipo de intervención activa de los integrantes de la coalición gobernante del régimen autoritario en el nuevo sistema político. En estos dos sistemas democráticos, la transformación del régimen se realiza de acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos por el propio gobierno autoritario.”

Híbridos institucionales

“Por último, los híbridos institucionales son categorías que se relacionan con los conceptos ya aludidos de dictablanda y democradura.”

Dinámicas que condicionan el resultado de la transición

“La configuración de uno u otro resultado final está influido, en gran medida, por las dinámicas generadas durante el proceso de transición. En este sentido, se diferencian tres posibles tipos de dinámicas”:

“En primer lugar, aquéllas que desembocan en una reforma radical del modelo de régimen, refundaciones; en segundo término, aquéllas que adoptan las instituciones políticas del último régimen democrático anterior, restauraciones; y, por último, aquéllas que permiten la vigencia de la legalidad autoritaria débilmente reformada (Alcántara, 1992: 12-13). También se posibilita una distinción entre procesos de reforma, de ruptura y aquéllos otros que implican una situación intermedia entre ambas dimensiones y que conllevan el recurso a la noción de pactismo. En principio, la puesta en práctica de cualquiera de estas dinámicas depende del nivel de agotamiento de los recursos del régimen autoritario, y de las relaciones entre la coalición que apoya a éste y las coaliciones opositoras al mismo (Maravall y Santamaría, 1988: 114-116).”

Los procesos de reforma o transición de continuidad

“En relación con los procesos de reforma, éstos representan una continuidad legal mediante la cual se puso en práctica el cambio de régimen; estos procesos también se denominan de transición continua (Morlino, 1982: 104-105). En gran medida, ello implica que la transición se articulará sobre una estrategia diseñada por la coalición autoritaria y con la exclusión, sobre las fases y el diseño del sistema al que se tiende, del conjunto de la oposición. Para esta última ello supone, además, aceptar las reglas de juego diseñadas sin su concurso, o quedar al margen de los sucesos futuros.”

Los procesos de ruptura o de transición discontinua

“Los procesos de ruptura -o, de transición discontinua- expresan la falta de continuidad política entre los dos tipos de régimen y sus principios de legitimidad. Este escenario puede venir determinado por el hecho de que los actores autoritarios se encuentren desestructurados y carentes de la fortaleza necesaria para imponer, o negociar, una estrategia de cambio. En este marco, es previsible una retirada del gobierno autoritario y su sustitución por uno provisional integrado por las fuerzas de la oposición. Sin embargo, las divergencias en medios y fines, que se pueden presentar entre los miembros de esta incipiente coalición, incrementan el umbral de incertidumbre inherente a los procesos de transición, y contribuir a que el desenlace sea más incierto (Linz, 1992: 445-447).”

Un proceso de consenso y negociación hacia una democracia

“Un tercer escenario se define en torno a la concretización de un consenso deliberado y explícito en el que lo relevante es, más que los principios defendidos por los actores, los puntos sobre los que están dispuestos a negociar y las concesiones que están inclinados a realizar. Desde esta perspectiva, lo relevante no es que el resultado final satisfaga a todos de forma absoluta, sino que posibilita el avance hacia la instauración democrática (Rustow, 1970: 357-358). Ahondando en la búsqueda del consenso mediante la instrumentación de pactos, también es posible relacionar la negociación con aquellas situaciones de transición en las que ninguno de los actores inmersos en el proceso se encuentra en una posición privilegiada; es decir, nadie cuenta con la capacidad suficiente para anular al otro e imponer su modelo sin restricciones (O'Donnell y Schmitter, 1988: 6367). Dentro de esta dinámica, los actores admiten la existencia de un conflicto político que puede ser canalizado a través de una reducción gradual de las tensiones y de la articulación de diferentes estrategias de negociación. Así, una primera, supone el desarrollo de tácticas de acercamiento y de divergencia con el objeto de hacer visibles las preferencias y opciones de los otros y anticipar, con ello, sus propias acciones políticas. Una segunda modalidad implica, por parte de la oposición, el desarrollo de tácticas que logren su reconocimiento público como actores con la suficiente capacidad como para liderar el proceso de transición.”

Atención a los resultados de las negociaciones: evaluación periódica del proceso

“En último aspecto a tener en cuenta es el hecho de que, si bien las pautas de negociación entre (o al interior) de las élites políticas favorecen los iniciales impulsos democratizadores, a su vez, pueden constituirse en frenos que, en el medio-largo plazo, terminan por dificultar el proceso de consolidación democrática (Colomer, 1990: 303-307). Es decir, que las mismas condiciones de la transición que posibilitaron la instauración del régimen, han evidenciado, posteriormente, una escasa capacidad para resolver de forma eficaz los obstáculos -incluso los generados por el propio funcionamiento del sistema- que impiden el reforzamiento y la profundización de la democracia como régimen político (Crespo, 1994). Debido a ello, en el momento de centrar el análisis sobre la consolidación es básico prestar atención a las modalidades de resolución de las cuestiones planteadas por (y en) las transiciones (Santamaría, 1982: 410-417).”

Clasificación de las transiciones por el lugar de origen

“A esta tentativa clasificación puede añadirse la basada en la combinación de dos dimensiones. La primera de ellas se refiere a la fuerza relativa de los actores, distinguiendo para ello entre procesos con ascendente de masa (desde abajo) y de élite (desde arriba). La segunda hace referencia a las estrategias dominantes durante el proceso de transición, diferenciando entre aquéllas singularizadas por el compromiso (de reforma) o por la fuerza (de ruptura). Como resultado final, al combinar las dos dinámicas de ambas dimensiones, se generan cuatro modalidades del cambio de régimen político: pacto, reforma, imposición y revolución (Karl, 1990: 8-11).”

Nota: Todas las citas del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales (THEORIA. Proyecto Crítico de Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid) que se han entrecomillado están disponibles en  https://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/transicion_politica.htm.  Los subtítulos son del Centro de Estudios Convivencia para facilitar la lectura.

 

Cambio fraude

Una auténtica transición podemos diferenciarla de un cambio fraude porque en este las transformaciones no cambian la esencia del sistema. 

1.2. Memoria Histórica

“La democracia no se fortalece enterrando la verdad u olvidándola compulsivamente” (Edelberto Torres-Rivas, 2000:24).

Los procesos de verdad y memoria histórica son los encargados de que la transición no transcurra sobre la mentira institucional, ni se realice partiendo de una reescritura ideologizada de la historia, o de una amnesia de las injusticias.

Es el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar, rescatar y recordar su pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Lo cual incluye la conservación historiográfica y material. Es muy necesario diferenciar entre tradición oral, tergiversación voluntaria y dato histórico. Es el recuerdo colectivo, compartido y/o extendido en una comunidad sobre acontecimientos de su pasado.

Visibilizar a los que han sido silenciados. Rescatar los olvidos premeditados, selectivos.

La memoria tiene inevitablemente una gran subjetividad, porque se recuerda desde el presente, a menudo con una carga de afectividad y valoración personal; mientras que la historia debe ser necesariamente objetiva, sometida a las leyes y al rigor científico. Es, por tanto, la combinación de ambas (memoria e historia) la que le da su dimensión particular al proceso.

La recuperación de la memoria histórica es un proceso integral que abarca toda la temporalidad humana, ya que el redescubrimiento del pasado (conocer qué pasó) tiene como sentido la proyección hacia el presente (reconocimiento, reparación, dignificación) y sentar mejores bases para el futuro, buscando profundizar en la sociedad un mayor respeto por los derechos humanos (DDHH) y la justicia social.

Debe integrar las dimensiones humana, social, legal y política. La dimensión social permite que no se hable únicamente de memorias individuales. La dimensión legal permite que no se ignore la perspectiva de los DDHH y se avale la lógica de la impunidad. La dimensión política permite ir a los “porqués” de fondo, todo lo concerniente con las relaciones de poder, el papel desempeñado por las instituciones, etc.

Es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos que han atentado contra la dignidad de las personas, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios.

La importancia del recuerdo como forma de establecer precedentes (conocer para que la historia no se repita), arrojar luz sobre la verdad de los hechos (el derecho a saber), dignificar y apoyar a las víctimas y sus familiares y como parte de la constante lucha contra la impunidad (derecho a la reparación y a la justicia).

Reivindicar el sufrimiento de las víctimas, denunciar toda construcción del presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada.

Hacer justicia en el sentido de reconocimiento y reparación, así como recuperar referentes de lucha por los DDHH, la libertad y la justicia social.

La recuperación de la memoria propone a la sociedad un recuerdo consciente y sereno. Implica rescatarla, organizarla, divulgarla. Aprender de ella, no para estimular venganzas, reavivar viejos conflictos o crear otros nuevos, sino para saber y obrar acorde a nuestra condición de ciudadanos libres, responsables, sujetos de derecho y respeto. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué debemos recordar y qué no?

Afrontar el pasado de manera decidida, asumiendo que quizá se reabre una herida, pero que ésa será la única manera de desinfectarla y cerrarla de modo definitivo, aunque quede cicatriz (Armengou, 2006: 250). 

Características de la memoria histórica

 

La memoria histórica debe tener las siguientes características:

• Mecanismo de esclarecimiento de violaciones de los DDHH (memoria-verdad).
• Espacio plural de debate social sobre las versiones del pasado que prevalecen, en función del futuro que se quiere construir.
• Escenario para el diálogo y la construcción de paz.
• Forma de reconocimiento y dignificación de las víctimas.
• Rigurosidad + Empatía.
• Solidaridad y reconstrucción del tejido social.
• Inclusión de voces y experiencias sociales, priorizando a las víctimas.

“Si por memoria histórica se entiende la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional, no es ella, no son sus marcos los que representan lo esencial de lo que llamamos memoria colectiva (…) En el interior de esas sociedades se desarrollan otras tantas memorias colectivas originales, que mantienen por algún tiempo el recuerdo de acontecimientos que sólo tienen importancia para ellas, pero que interesan tanto más a sus miembros cuanto menos numerosos son. (…) La historia es, sin duda, la colección de los hechos que más espacio han ocupado en la memoria de los hombres. Pero leídos en los libros, enseñados y aprendidos en las escuelas, los acontecimientos pasados son elegidos, cotejados y clasificados siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los grupos de hombres que han conservado largo tiempo su depósito vivo. En general, la historia sólo comienza en el punto en que acaba la tradición, momento en que se apaga o se descompone la memoria social” (Halbwachs. M, 1995, p. 213). 

La memoria histórica es el recuerdo colectivo sobre acontecimientos del pasado que permite aproximarse a lo ocurrido a través de los ojos de las víctimas. Es un proceso de codificación, almacenamiento, organización y recuperación de lo sucedido. Adam Michnik sintetizó el proceso de memoria histórica en tres palabras: “Amnistía sin amnesia”

1.3. Comisión de la Verdad:

“Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo. Las comisiones de la verdad pueden contribuir a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones; pueden también ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza; y pueden, por último, identificar las necesarias reformas institucionales para evitar nuevas violaciones” (González y Varney, 2013, p. 13). 

La Comisión de la Verdad es un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial para conocer la verdad de lo ocurrido durante los años del sistema totalitario en el que hemos vivido, y contribuir al esclarecimiento de las violaciones y atropellos cometidos durante el mismo, y ofrecer una explicación a toda la sociedad. También puede formarse la Comisión entre el nuevo gobierno y la sociedad civil. Surgen como un mecanismo ad hoc a situaciones de transición.

Esta Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica “debe contar con total independencia para realizar su trabajo de esclarecimiento de la verdad, de recuperación de la memoria histórica, de pleno acceso a archivos y fuentes, testigos y víctimas, para documentar un Informe Integral de Verdad y Memoria que dote a la nación, a los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, a la academia y a las víctimas; también a los medios y a la labor museológica, de la información veraz y suficiente para comenzar los procesos de justicia transicional; rehabilitación, reparación e indemnización de las víctimas, hasta desembocar en un marco jurídico integral que devuelva a la independencia de poderes y al debido proceso” (Valdés, D. “Cuba: Verdad y Memoria Histórica”. www.centroconvivencia.org).

Algunas funciones de la Comisión de la Verdad

• Contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido, prestando atención a las causas profundas.
• Contribuye al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos a quienes les fueron vulnerados sus derechos.
• La función de la Comisión de la Verdad es investigar; también tiene una función propositiva normativa, puesto que pueden elaborar propuestas dirigidas a la reparación de las víctimas y a evitar conflictos en el futuro. Las propuestas o recomendaciones van dirigidas al gobierno, al poder legislativo y al poder judicial.
• Esclarecimiento de los patrones y causas del conflicto que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia y contribuya a sentar las bases para la no repetición de los hechos.
• Promover que las experiencias apropiadas para el Esclarecimiento de la Verdad se posicionen durante un largo plazo en la agenda pública como requerimiento para la convivencia social en paz.
• Ofrecer una explicación convincente de los hechos ocurridos a la sociedad.

 

1.4. Justicia Transicional

La justicia transicional es aquella que se realiza en el período de transición que tendría como característica su independencia, su competencia, su probidad y su agilidad. Debe combinar el hacer justicia y hacerla lo más rápidamente posible, sin lesionar o disminuir para nada el debido proceso, las garantías de los procesados y la ética profesional. Esa agilidad aporta credibilidad a todo el proceso de transición y, al mismo tiempo, las víctimas son reparadas más ágilmente, evitando nuevos conflictos que nazcan de la desconfianza, la corrupción, o la dilatación sin fecha de una justicia humana, creíble y eficaz. 

La justicia transicional es la que garantizaría que no haya lugar para la impunidad y al mismo tiempo no haya lugar para venganzas, ni que las víctimas “tomen la justicia con su mano”, ni que haya violencias y caos. La pena de muerte será abolida para siempre y en todos los casos antes de que comiencen los juicios. Se sancionará todo tipo de hechos o discursos de odio, venganza o violencia. 

Es el conjunto de mecanismos que permiten hacer tránsito de una situación de graves y masivas violaciones de derechos humanos, hacia la reconciliación nacional y, eventualmente, hacia la paz. También para desarrollar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos.

Conjunto de procesos de enjuiciamiento y atribución de responsabilidad penal, rendición de cuentas, conocimiento y divulgación de la verdad, resarcimiento de las víctimas y reforma de las instituciones cuando en una comunidad política se produce un cambio de régimen. La justicia transicional se encarga, por tanto, de estudiar cómo responden las sociedades a los crímenes o a los daños que han acontecido en su seno. Por una parte, de una forma retrospectiva, haciendo rendir cuentas a los responsables, impidiendo su influencia política, y ocupándose de sacar a la luz la verdad y de reparar a las víctimas. Por otra, mirando al futuro estudiando cómo diseñar un orden político mejor.

Dos modos de aproximarse a la justicia transicional: desde un enfoque retributivo, o bien desde un enfoque restaurativo. El enfoque retributivo se centraría en las medidas judiciales y legales, y el restaurativo en la reconciliación y la voluntad de fortalecer la cohesión social. 

Justicia restaurativa

La justicia transicional gira en torno a cuatro temas básicos: la penalización de los responsables, la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas y la reforma de las instituciones públicas.

Son las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de DDHH masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.

La justicia transicional “… abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”. (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Reporte del secretario general sobre el Estado de Derecho y justicia transicional en sociedades en conflicto y posconflicto. (S/2004/616, 3 de agosto de 2004).

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas décadas (Cf. Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009).

Es constituida por una serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de lo sucedido. Su objetivo es dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia constitucional. 

También se considera un matiz de la justicia transicional que es llamado la justicia restaurativa “tiene un enfoque reintegrativo y busca la reparación integral del ofendido, procesado y comunidad; reconoce que la ofensa es contra la víctima y busca reparar el daño causado, le brinda la oportunidad al infractor de rectificar y de reparar el daño causado, y finalmente la comunidad se involucra en el proceso de prevención y procesos de monitoreo para reducir la delincuencia. Surgen algunas corrientes que dicen que la justicia restaurativa desvirtúa o contradice los fines del derecho penal y de la pena. Frente a esto, luego de un cauteloso análisis se ha determinado que la justicia restaurativa no busca crear una nueva función o fin al derecho penal ni a la pena, sino que se puede encasillar perfectamente dentro de las funciones de prevención, ya que la reparación también busca la prevención” (https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/273/1/La%20justicia%20restaurativa %20en%20el%20sistema%20penal%20ecuatoriano.pdf).

Justicia integral

Comprende mecanismos de protección, judicialización, reparación, sanación y empoderamiento de las víctimas para que se conviertan en actores de su propia vida y motor principal de desarrollo y consecución de su proyecto de vida. Además, la justicia integral comprende la transformación profunda y ágil de todo el marco jurídico, el Estado de Derecho y una democracia de calidad.

Los cuatro pilares de la justicia transicional

Los cuatro pilares que constituyen el canon de la Justicia Transicional son: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Es un proceso de transición de la dictadura a la democracia que se caracteriza por una combinación de estrategias judiciales y no judiciales, tales como la persecución de criminales, la creación de comisiones llamadas de la verdad y otras formas de investigación del pasado violento, la reparación a las víctimas de los daños causados, la preservación de la memoria de las víctimas y la reforma de instituciones tales como las dedicadas al servicio secreto, la policía y el ejército, con el firme propósito de prevenir futuras violaciones o abusos.

La justicia transicional cuenta con varios mecanismos (Tricia Olsen et al., 2010). 

Se refieren a cinco mecanismos que son centrales: 

1. Comisión de la verdad (que no emiten sentencias judiciales)
2. Amnistías
3. Lustración
4. Reparación
5. Juicios

Hay una tensión entre el tiempo de la transición y el tiempo que se demorará el proceso de justicia transicional. Por ello deberían adelantarse los tribunales de justicia transicional competentes y múltiples (especializados en las temáticas en las que exista conflicto). No puede ser un proceso eterno, sino que debe preverse la variable tiempo. 

Necesidad de incorporar la variable de la rigurosidad en la verificación de la información.

Límites (¿hasta dónde llega este proceso? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo determinamos que ya se hizo justicia?) Un proceso ni muy lento ni muy rápido como en el caso de España, por ejemplo.

Una combinación de buena parte de estos mecanismos (más algunos otros como el de memoria histórica) sería el escenario ideal. El énfasis debe ponerse, sin embargo, en las comisiones de la verdad. Transitar a la democracia desde un régimen tan poco transparente como el cubano resulta aún más complejo si la verdad permanece oculta. La estabilidad democrática y nuestra madurez ciudadana dependerán en parte de poder encontrarnos de cara con la verdad.

Lustración

Es un proceso legal, ordenado y ágil cuya ley establece que los ciudadanos que ocuparon puestos de alta responsabilidad en el régimen anterior se les restringirá su derecho a ocupar cargos públicos por un período de tiempo determinado (5, 10, 20 años). Esta Ley de Lustración se aplica independientemente de las sanciones en los tribunales transicionales competentes por delitos y violación de Derechos Humanos cometidos durante el régimen totalitario y debidamente investigados, excluyendo todo sesgo de venganza, odio y arbitrariedad. 

Reparación de las víctimas

Dignificar a las víctimas. Los familiares (y el resto de la sociedad) tienen el derecho y la obligación moral de reivindicar su memoria y apelar a la justicia, conocer la verdad y recibir garantía de no repetición. Reparación integral mediante medidas de indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición:

• Rehabilitación: Conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas.
• Restitución: la realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones de los derechos humanos o a las infracciones del derecho internacional humanitario. La restitución comprende “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes” (Organización de Naciones Unidas. Resolución

A/RES/60/147, cit., p. 7).

• Satisfacción: Acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
• Garantía de no repetición: Los procesos deben incluir normativas y educación para que no se repitan los mismos errores que se han investigado, juzgados y sanados.

“La reparación adecuada, efectiva y pronta tiene por objeto promover la justicia reparando violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. De conformidad con sus leyes internas y sus obligaciones jurídicas internacionales, un Estado reparará a las víctimas por actos u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. En los casos en que se determine que una persona, una persona jurídica u otra entidad es responsable de reparar a una víctima, dicha parte debe brindar reparación a la víctima o indemnizar al Estado si el Estado ya ha brindado reparación a la víctima” (Organización de las Naciones Unidas, 2005). 

La magnanimidad

Lo primero sería saber qué es la magnanimidad para no confundirla con complicidad, ni con debilidad, ni con ocultar la verdad, ni con faltar a la justicia.

Aristóteles describe “la magnanimidad, (la magna anima) o grandeza de alma, como su nombre lo indica, sólo se aplica a las grandes cosas… El magnánimo está en un extremo con relación a su grandeza misma; pero ocupa el justo medio, porque es como debe de ser; se estima en su justo valor, mientras que los demás, por lo contrario, pecan por exceso o por defecto… La pequeñez de alma peca por defecto, y deja al que la experimenta por debajo de sí mismo y por debajo de ese noble sentimiento que sostiene al magnánimo. En cuanto al hombre vanidoso, peca por exceso a causa de la opinión exagerada que tiene de su propio mérito; en lo cual nunca supera al magnánimo… Y así la magnanimidad debe mirarse como el ornamento de todas las demás virtudes. Ella las acrecienta y no puede existir sin ellas; y la dificultad que ofrece el ser magnánimo con toda verdad consiste en que no es posible serlo sin una virtud completa” (Ética a Nicómaco, (siglo IV a.C.) libro cuarto, capítulo III).

Por su parte, Santo Tomás de Aquino relaciona la magnanimidad con la virtud de la fortaleza cuando dice: “En la preparación del ánimo… se pone en juego una virtud, parte integral de la fortaleza, que se llama magnanimidad, la cual anima a aspirar a lo más alto. La magnanimidad se puede desvirtuar por defecto, dando origen a la pusilanimidad, por la que el hombre, viciosamente, se siente incapaz de realizar lo que está a su alcance y lo rechaza, aunque sea proporcionado a sus posibilidades (Suma Teológica, (siglo XIII d.C.) II-II, q.133, a.1, c.). se encuentra el desequilibrio del ánimo por exceso, que se aprecia cuando se pretende alcanzar más de lo objetivamente posible por la propia capacidad. Esto es la presunción (Ibid. II-II, q.130) También se puede desear conseguir más honor del necesario, en lo que consiste la ambición (Ibid. II-II, q.131). “La magnanimidad implica una tendencia del ánimo hacia cosas grandes” (Ibid. II-II, q.129, a.1, c.).

En resumen, “el magnánimo es ese hombre justo y capaz de establecer las metas más altas que le permiten perfeccionarse a sí mismo como persona. Él es una persona justa que actúa de acuerdo con la virtud” (https://conceptodefinicion.de/magnanimidad).

1.5. Reconciliación Nacional

Proceso de reconstrucción de las relaciones dañadas a partir de que las relaciones sociales se han visto lesionadas, fracturadas o desintegradas por partes divididas por conflictos propios o provenidos de regímenes autoritarios, populistas o totalitarios.

El proceso de reconciliación se concibe a mediano y largo plazo, pero se debe comenzar antes o inmediatamente de que comience la transición. No habrá verdadero proceso de reconciliación nacional sin que en su hoja de ruta se realicen procesos coadyuvantes, sinérgicos e integrales como: el rescate o rectificación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad de los hechos, procesos y errores cometidos, la instalación de tribunales de justicia transicional e integral que sean independientes, competentes, probos y agiles, que haya reparación de las víctimas, reforma integral de todas las instituciones, buen uso de la educación y los medios de comunicación para crear un ambiente de magnanimidad, perdón y reconstrucción de las relaciones sociales basadas en la amistad cívica. 

Un proceso de reconciliación parte de la disposición de las partes a reconocer su cuota de responsabilidad y ofrecer o pedir perdón. Por lo anterior la reconciliación comienza consigo mismo, como premisa para la reconciliación con el otro. Todo proceso de reconciliación será fallido si no evita la amnesia, la vida en la mentira, la impunidad, la venganza, el odio y la lucha de clases. 

1. Visión de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y

Reconciliación Nacional

Como fruto del estudio y aportes de los participantes de la Isla y de la Diáspora en estos encuentros se consensuó esta visión sobre una transición en Cuba: 

2.1. Visión general

Cuba realiza un proceso de transición pacífico, ordenado, ágil y eficaz. Tendrá como principio, orientación y sentido la primacía y plena dignidad de toda persona humana, así como la búsqueda del bien común de la sociedad. Ese proceso incluye una hoja de ruta integrada por subprocesos complementarios, sinérgicos e imprescindibles: Memoria Histórica y Verdad, Justicia Transicional, restaurativa e integral; y Reconciliación Nacional a mediano y largo plazo. Si faltara uno cualquiera de ellos la transición fracasaría o en tiempos venideros se volverían a abrir las heridas cerradas en falso por la ausencia de uno de estos componentes de toda transición verdadera: 

Como nación democrática, en Cuba se procura que se garantice el derecho de las víctimas y de la sociedad al esclarecimiento de la verdad sobre los atropellos a la dignidad humana y la violación de los derechos humanos durante los períodos de totalitarismo, y se promueven procesos de reconciliación nacional. Cuba ofrece un espacio de reconocimiento a todas las víctimas de represión, destierro y violación de los derechos humanos. El Estado reconoce los errores cometidos y resarce los daños ocasionados. Los responsables de estos daños son sometidos a un proceso penal. La pena de muerte será abolida inmediatamente, para siempre y en todos los casos, siempre antes de que comiencen los juicios. Se sancionará todo tipo de hechos o discursos de odio, venganza o violencia. 

Se propician espacios de reconciliación a nivel personal, familiar, comunitario y nacional. La familia, el sistema de educación, las Iglesias y los Medios de Comunicación, así como otras organizaciones de la sociedad civil, juegan un rol preponderante en todos los procesos de transición, memoria histórica, justicia transicional, fomento de la virtud de la magnanimidad, el perdón y la reconciliación nacional. Se gestiona la consecución de un sistema de gobierno democrático. La visión general es la de un Estado de Derecho como garantía de la libertad personal y la dignidad humana.

Esta visión general está integrada por estas tres visiones sobre los subprocesos complementarios, sinérgicos e imprescindibles que conforman la hija de ruta de una transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz:

2.2. Visión del proceso de la memoria histórica y verdad

Cuba tiene una Comisión de Verdad y la Memoria que fomenta los procesos de recuperación de la memoria histórica, la creación de archivos y museos esclarece la verdad y ofrece informes documentados a los tribunales de JT que imparten justicia sin venganza, y todo esto prepara y forma parte del camino de una verdadera reconciliación nacional. Se consideraría concluido un proceso de la verdad y la memoria histórica cuando se supera un sistema de vida en la mentira; se hacen públicos todos los abusos cometidos en contra de la persona y las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Quedan aprobadas iniciativas para el fortalecimiento de la verdadera cultura e identidad nacional. La verdad esclarecida y restituida, y la memoria histórica recuperada, documentada y enseñada, como garantía para evitar retrocesos en el Estado de Derecho instaurado.

2.3. Visión del proceso de la justicia transicional, restaurativa e integral

Se abole la pena de muerte y se dictan leyes para evitar todo sesgo de venganza, discurso y hechos de odio, o incitación o ejecución de cualquier tipo de violencia y arbitrariedad tanto por parte de los órganos del Estado como por parte de los ciudadanos y la sociedad civil. Los tribunales de justicia transicional, creados para evitar venganzas y violencias, terminan su trabajo. Se restaura legalmente la verdad y se repara a las víctimas, material y moralmente, reconociendo legalmente que han sufrido violación de sus derechos humanos fundamentales. Quedan reconocidos todos los hechos ocurridos en contra de los derechos humanos, los daños ocasionados y el derecho de las víctimas a ser restauradas. El Estado pide perdón públicamente por todos los daños ocasionados. 

Se concretan iniciativas de reconciliación nacional. Se reforma el sistema de justicia integralmente y se renueva a los que administran la justicia, el país es dotado de una constitución y de las correspondientes leyes complementarias, donde deberes y derechos, basados en la libertad personal y la dignidad humana, sean principios asumidos plenamente por gobernantes y ciudadanos. Se abre una nueva etapa de la vida nacional donde los traumas del pasado no limiten el futuro y cuyo conocimiento nos sea útil para no repetirlos y que el que se haga justicia, para no generar impunidad. Se debe vedar las formas de acceso al poder de partidos políticos que tengan estrategias para acceder al poder basadas en métodos violentos y antidemocráticos. No prohibir ideologías, pero sí estrategias y conductas de partidos y grupos de la sociedad civil que sostengan la lucha de clases, la violencia de todo tipo, un discurso de odio, discriminación, supremacista, sectario, y que no se acoja a los procesos restaurativos y a unas relaciones internacionales de cooperación y paz; y todos aquellos que, de una forma u otra, intenten modificar la constitución, copar las instituciones eliminando su necesaria pluralidad y equilibrio; o convertir la ideología en una religión secular excluyente, irrevocable y obligatoria, o atente de cualquier forma contra la democracia y el Estado de Derecho. 

2.4. Visión del proceso de reconciliación nacional 

Un proceso de reconciliación nacional en Cuba ocurre cuando la mayoría de la población haya culminado un proceso de sanación (a nivel social y personal) de las heridas psicológicas, económicas, políticas, sociales y culturales que afectan a la nación cubana. 

Se concibe este camino de reconciliación como un proceso sostenible, renovable y evaluable, paso a paso, en cada uno de los componentes de su hoja de ruta.

2.5. Visión de cómo se verían interrelacionados y complementarios estos tres componentes del proceso de transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz

Cuba vuelve a ser un país en armonía, la verdad es restituida, la memoria histórica recuperada, la justicia transicional, restaurativa e integral se administra sin venganzas y ágilmente para evitar tanto la impunidad como la venganza, y se fomenta un proceso de reconciliación nacional profundo y a largo plazo. Los procesos educativos, normativos y mediáticos que deben acompañar este camino logran fomentar virtudes y valores, criterios de juicio y actitudes de una vida en la verdad, la justicia, la libertad y el amor, junto con la promoción de una matriz de opinión favorable a estos procesos y a su sostenibilidad en el tiempo. Cuba logra ser, moral, legal, cultural y en la práctica cotidiana, un Estado de Derecho dotado de una Constitución consensuada, como nuevo pacto social; como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos; se garantizael control del Estado por el ejercicio sistemático de la soberanía ciudadana, la separación de poderes, la independencia del poder judicial. Cuba logra una convivencia plural, democrática y próspera con deberes y derechos garantizados como soportes de la plena dignidad de toda persona humana y como búsqueda del bien común, todo lo cual garantice una paz sólida, y un hábitat humano favorable a un desarrollo humano integral, la prosperidad sostenible de la nación en una democracia de calidad. 

“Un auténtico y eficaz camino de transición pacífica en Cuba debería incluir necesariamente el tener en cuenta estas cuatro necesidades y procesos que le den solución:

1. Ante la mentira histórica y la amnesia de los errores pasados, es necesario un proceso de Verdad y Memoria Histórica.
2. Ante las injusticias y crímenes cometidos y el peligro de que queden impunes, es necesario un justo, sereno y ágil proceso de justicia transicional.
3. Ante posibles reacciones de odio, revanchas, venganza y caos violento, es necesario un proceso de magnanimidad y perdón, sin amnesia ni impunidad.
4. Ante las divisiones, fracturas y desarticulación de la persona del cubano, del tejido social, del alma nacional, y de las leyes y estructuras, es necesario un proceso de reconciliación nacional que incluye, dentro de sí mismo, con unas sinergias complementarias y holísticas, a estos cuatro componentes indisolublemente relacionados entre sí. Ninguno de ellos puede faltar ni negar a los otros.

De los cubanos todos, de la Isla y de la Diáspora, de toda edad, condición, creencia y opinión, dependerá que Cuba pueda dar al mundo un ejemplo de transición ordenada, pacífica y ágil, hacia una democracia de calidad y una ecología social que favorezca un desarrollo humano integral de todos los cubanos” (Valdés D. “La reconciliación nacional en Cuba”. Revista Convivencia, 27 diciembre 2021).

III. Objetivos de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

La compilación de los diferentes aportes de los participantes en la Isla y en la Diáspora contiene los siguientes objetivos que se desean alcanzar con una transición en Cuba que incluya los siguientes factores: Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional.

3.1. Objetivo general

Lograr que en Cuba se realice un proceso de transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz que incluya la restitución de la verdad, así como la recuperación, conservación y transmisión de la memoria histórica; que incluya la administración humanista, ágil y eficaz, de una justicia transicional, restaurativa e integral para evitar la impunidad, el odio y la venganza, que incluya y contribuya a un proceso de reconciliación nacional profundo y sostenible a largo plazo, de modo que,al pasar por esta etapa de transición verdadera, Cuba pueda vivir en un hábitat humano que promueva un desarrollo humano integral y una democracia de calidad en un Estado de Derecho. 

3.2. Objetivos por procesos

3.2.1. Objetivo del proceso de verdad y memoria histórica

Promover, orientar y acompañar un proceso de verdad u memoria histórica y para ello crea una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, independiente, eficaz y diligente cuya finalidad sea: orientar y acompañar los de recuperación de la memoria histórica recuperada, documentada y enseñada; el esclarecimiento y restitución de la verdad; el fortalecimiento de la verdadera cultura e identidad nacional; crea archivos y museos; y para ofrecer informes, documentados y debidamente contrastados con fuentes creíbles y competentes, a los tribunales de Justicia Transicional, Restaurativa e Integral, que impartirá justicia sin venganza; y procurará que todas estas tareas prepare, coadyuve y forme parte del camino hacia una verdadera, profunda y sostenida reconciliación nacional que sea una de las garantías para evitar retrocesos en el nuevo Estado de Derecho consensuado como pacto social.

3.2.2. Objetivo del proceso de justicia transicional, restaurativa e integral

Promover, orientar y acompañar un proceso ágil de justicia transicional, restaurativa e integral para evitar la venganza, discurso y hechos de odio, o incitación o ejecución de cualquier tipo de violencia y arbitrariedad tanto por parte de los órganos del Estado como por parte de los ciudadanos y la sociedad civil comenzando por abolir, en todos los casos y para siempre, la pena de muerte, al mismo tiempo que se agiliza la rehabilitación e indemnización, material y moralmente, a las víctimas, reconociendo legalmente que han sufrido violación de sus derechos humanos fundamentales. El nuevo Estado pide perdón públicamente por todos los daños ocasionados y asume la responsabilidad de administrar justicia, restaurar la fama, rehabilitar e indemnizar a las víctimas. 

3.2.3. Objetivo del proceso de reconciliación nacional

Promover, orientar y acompañar un proceso de reconciliación nacional en Cuba, que seasostenible, renovable y evaluable, paso a paso, en cada uno de los componentes de su hoja de ruta, hasta dejar establecido un proceso de sanación (a nivelpersonal, familiar, educacional, espiritual-religioso, mediático y social) del daño antropológico que incluye la sanación de la memoria, la sanación del sistema judicial, la cicatrización de las heridas psicológicas, la recuperación de los vicios y desastres económicos, así como evitar en las políticas sociales y culturales todo tipo de sesgo discriminatorio, de lucha de clases, de exclusión, de discurso de odio, venganza o violencia, legado negativo de la etapa que concluye y que afecta a toda la nación cubana, Isla y Diáspora. 

3.3. Objetivos específicos

1. Creación de una Mesa de Diálogo Nacional en donde tengan representación sectores diversos de la sociedad cubana de la Isla y de la Diáspora, con participación de veedores, expertos, mediadores y garantes, de diferentes países, de la Iglesia y de diferentes corrientes ideológicas.
2. Gestionar un nuevo pacto social mediante un nuevo marco constitucional con la elección de una Asamblea Constituyente que tendría 90 días para redactar, debatir y aprobar un Proyecto de nueva Constitución de la República que sería sometida a referéndum en el término de 120 días a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente (Cf. II Informe del Centro de Estudios Convivencia en centroconvivencia.org/propuestas).
3. Crear la Comisión de Verdad y Memoria Histórica que gestione el objetivo por sector correspondiente.
4. Crear un Sistema de Justicia Transicional, Restaurativo e Integral que gestione el objetivo por sector correspondiente.
5. Crear un Programa Integral de Reconciliación Nacional que gestione el objetivo por sector correspondiente.
6. Aprobar la Ley de Abolición Total e Irrevocable de la Pena de Muerte que impida su aplicación desde el mismo principio del proceso de transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz y que tenga pleno carácter retroactivo para todos los casos sentenciados o en moratoria.
7. Aprobar una Ley de Lustración que tenga en cuenta las características propias de Cuba.
8. Solicitar el apoyo y asesoramiento de personalidades y organizaciones internacionales expertas en procesos de transición, memoria, verdad, justicia y reconciliación.
9. Aprobar una Ley de Partidos Políticos que regule la creación, funcionamiento, financiamiento y abolición de las formaciones políticas para vedar las formas de acceso al poder de partidos políticos que tengan estrategias basadas en métodos violentos y antidemocráticos. No prohibir ideologías, pero sí estrategias, hechos y conductas que promueva un discurso de odio, la lucha de clases, la destrucción de las instituciones, el racismo, la xenofobia, los sectarismos y que atenten contra la democracia y el Estado de Derecho.

IV. Estrategias para alcanzar los objetivos de una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

1. Análisis de la historiografía del proceso histórico.
2. Que las memorias individuales, como parte de la memoria colectiva.
3. Los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos no quedarán impunes.
4. Que el sistema de Justicia Transicional en Cuba se complete rápida y eficientemente.
5. Medidas que contribuyan a la reconciliación nacional y al establecimiento de una sociedad democrática.
6. Escucha respetuosa al clamor de las víctimas por el respeto y la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
7. Reparación material y simbólica a las víctimas.
8. Participación de las víctimas en el proceso de construcción de la memoria histórica.
9. Formación, preparación y fortalecimiento de la sociedad civil para vivir un proceso activo de memoria histórica, justicia transicional y reconciliación nacional.
10. Aprendizaje de la historia de Cuba (primera mitad del siglo XX). Evitar lo que pasó con la venganza, la represión y la manipulación política en 1959 y antes.
11. Instalación de un sistema judicial competente, capaz, nuevo e independiente.
12. Participación de expertos en procesos de verdad y memoria histórica de manera que la vida en la mentira y la amnesia sean subsanadas.
13. Creación de un Centro-Museo de la Memoria Histórica encargado de sistematizar la información recogida por diferentes organizaciones, procesar los testimonios y construir un archivo con permanente actualización, evitando abrir heridas que están en proceso de sanación.
14. Creación de Cátedras de Educación Ética y Cívica en todos los niveles de enseñanza pública, privada y concertada. (Cf. IV Informe del CEC en centroconvivencia.org/propuestas). (Cf. Programa de Educación Ética y Cívica a través de 14 cursos de formación ciudadana con nuestro propio libro de texto: Ética y

Cívica:            Aprendiendo     a          ser        persona            y           a          vivir     en         sociedad. www.centroconvivencia.org/cursos).

15. Creación de la Catedra de Justicia y Reconciliación en donde se estudien, en la historia, los procesos de transición y reconciliación, evitando abrir heridas que están en proceso de sanación.
16. Implementación de cursos de Ética, Jurisprudencia Internacional y el resto de las materias pertinentes para poder transformar la mentalidad de los jueces, abogados y fiscales que han estudiado y trabajado en el sistema socialista cubano.
17. Creación y transformación de las Escuelas de Leyes en las universidades, acorde con los sistemas democráticos más avanzados.
18. Subida de los sueldos a todo el personal involucrado en el nuevo sistema judicial cubano.
19. Invitación a observadores jurídicos extranjeros a la puesta en marcha del nuevo sistema judicial cubano.
20. Implementación de un proceso sistemático de educación y formación ética y cívica en la Iglesia Católica a partir de la DSI y las experiencias que hemos tenido en Cuba, para ser facilitadores y promotores de estos procesos de transición, memoria, justicia, reconciliación y sanación del daño antropológico.
21. Reinauguración de las Semanas Sociales Católicas como laboratorios de pensamiento y propuestas para Cuba desde la inspiración del humanismo cristiano y las enseñanzas sociales de la Iglesia.
22. Utilización y divulgación de los textos de clases e informes de estudios publicados por el Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río (1993-2007) así como los editoriales y artículos publicados en su revista Vitral (1994-2007) (vitral.org).
23. Utilización y divulgación de los textos de clases e informes de estudios publicados por el Centro de Estudios Convivencia CEC (2007-2022…) y los editoriales y artículos publicados en su revista Convivencia (2007-2022…)

(www.centroconvivencia.org).

24. Organización de campañas de publicidad en los Medios de Comunicación y en las redes sociales a partir de los conceptos, visiones, objetivos y estrategias contenidos en este Informe del CEC.
25. La Iglesia Católica y las demás iglesia y grupos religiosos pueden acompañar procesos personales y grupales de memoria, perdón, sanación y reconciliación para fomentar una nueva convivencia pacífica, la amistad cívica y la fraternidad universal.
26. Elaboración de un Programa de Reparaciones, Indemnizaciones y Recomendaciones para alcanzar los objetivos de la reconciliación social.
27. Educación del sentido crítico en el análisis histórico. Transmitir las memorias del pasado, incluso en sus aspectos más dolorosos, para que como sociedad no olvidemos lo que somos y cómo hemos llegado a serlo. Para que la conciencia colectiva no pierda el rumbo, no caiga en la anomia. Motivar a los jóvenes universitarios a implicarse en la reconstrucción de la memoria histórica. Concientizar sobre los DDHH.
28. Creación de los Programas de Protección de Testigos.
29. Creación de un Tribunal Constitucional que vele por el respeto a la Constitución y procure que las leyes se ajusten a su espíritu.
30. Promoción del valor de la magnanimidad en la familia, la escuela, los Medios y Redes Sociales, la Iglesia, y el resto de la sociedad civil, para sanar el rencor, al afán de venganza y la violencia, que puede surgir en un período de transición.
31. Creación de un repositorio para acopiar, sistematizar y compendiar la información de las organizaciones cubanas o instituciones internacionales que se han ocupado de acopiar y sistematizar las violaciones cometidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Justicia 11J, el Observatorio de Libertad Académica, que ya cuenta con 17 informes sobre las expulsiones de los centros de educación superior, y todos los demás.
32. Publicación de los resultados de los estudios demostrativos de por qué se ocultó y tergiversó la historia de la nación cubana; incorporar esos estudios al sistema de enseñanza y generar debates sobre lo ocurrido y sobre la importancia de preservar la memoria histórica para evitar la repetición de las violaciones ocurridas, en un tiempo limitado para evitar abrir heridas que ya están cerrando.

V. Leyes propuestas para alcanzar una transición en Cuba con Memoria Histórica, Justicia Transicional y Reconciliación Nacional

1. Ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT y otras agencias de la ONU, así como adecuar la nueva Constitución y las nuevas leyes a esos Pactos y Tratados.
2. Redacción y aprobación de una nueva Constitución de la Republica y sus leyes complementarias (Cf. II Informe del CEC).
3. Ley de Memoria Histórica: Que propicie las garantías y condiciones necesarias para que se pueda avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en sí.
4. Ley o Decreto de creación de Comisión de la Verdad.
5. Ley de Justicia Transicional e Integral.
6. Ley de Reparación y Rehabilitación de las Víctimas que garantice el derecho a la verdad y dicte medidas de atención, asistencia y reparación integral, la búsqueda de los desaparecidos, disculpas públicas, y las garantías de no repetición a las víctimas. Indemnización: Compensar los daños causados por el delito (daño físico o mental, pérdida de oportunidades, etc.). Rehabilitación: Incluirá atención médica y psicológica para las víctimas. Restitución: Actos que propendan por devolver a la víctima las condiciones de las que gozaba antes de la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades.
7. Ley del Defensor del Pueblo que se encarguen de investigar la violación de los DDHH y velar que el gobierno respete los mismos. (Cf. II Informe del CEC. centroconvivencia.org/propuestas).
8. Ley de la Memoria, el Perdón y laReconciliación que evite que pasados los años se reabran las heridas y se enconen las tendencias.
9. Ley de Abolición Total e Irrevocable de la Pena de Muerte que impida su aplicación desde el mismo principio del proceso de transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz y que tenga pleno carácter retroactivo para todos los casos sentenciados o en moratoria.
10. Aprobar una Ley de Partidos Políticos.

 

VI. Hoja de Ruta para una transición pacífica, ordenada, ágil y eficaz en Cuba

 

Problemas a resolver	Propuestas de solución
1. Vida en la mentira	1. Proceso de la Verdad
2. Pérdida de la Memoria Histórica	2. Proceso de rescate de la Memoria Histórica
3. Impunidad	3. Proceso de Justicia Transicional ágil y eficaz
4. Vulnerabilidad de las víctimas	4. Proceso de Reparación y Rehabilitación de las víctimas
5. Odio y venganza	5. Proceso de educación para la paz, el perdón y la magnanimidad
6. División o fragmentación de la nación cubana	6. Proceso de Reconciliación Nacional
7. Cambio esencial e irreversible del viejo régimen	7. Proceso de instauración y consolidación de un Estado de Derecho, una democracia de calidad y una ecología humana para un desarrollo integral de toda persona humana

 

 

Bibliografía

 

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Participantes 

 

                                      VII Encuentro del Centro de Estudios Convivencia                           

 

                                                      Miami, FIU. 19-20 de febrero de 2022                                       

             

    De la Isla:                                                           

1. Dagoberto Valdés Hernández (Director)
2. Yoandy Izquierdo Toledo (Consejo Directivo)  
3. Jorge Ignacio Guillén Martínez (Consejo Directivo)
4. Olimpia González Núñez            
5. María Caridad Canpistrous Pérez  
6. Dagoberto Valdés Delgado  
7. Pbro. Alberto Reyes Pías       
8. Pbro. Juan Lázaro Vélez González  

             

   De la Diáspora:                                                            

10. Carmelo Mesa-Lago (Consejo Académico)  
11. Armando Chaguaceda (Consejo Académico)  
12. Elaine Acosta (Consejo Académico)  
13. Johanna Cilano Peláez (Consejo Académico)  
14. Antonio M. Padovani  
15. Arnoldo Muller
16. Carlos Díaz

17. Damián Pérez  
18. Daniel Pedreira       
19. Eduardo Mesa
20. Elena Muller  
21. Fredo Arias King 
22. Héctor Caraballo  
23. Hugo Rojas 
24. Laritza Diversent 
25. Lennier López
26. María Emilia Monzón 
27. María Werlau  
28. Marta Rosa Trujillo  
29. Osvaldo Gallardo 
30. Pedro Camacho       
31. René Hernández Bequet  
32. Ricardo Gil  
33. Roberto Martínez  
34. Salomé García        
35. Sergio Angel Baquero  
36. Siro del Castillo  
37. Yaxis Cires Dib      

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Duodécimo Informe de Estudios

Itinerario de Pensamiento y Propuestas para Cuba

Pinar del Río, Cuba

25 marzo de 2022