Aprobado por el Equipo Gestor de la
Participatory Democracy Cultural Initiative
el 15 de noviembre de 2024
Participatory Democracy Cultural Initiative
el 15 de noviembre de 2024
En el Estado del bienestar o Welfare State el Estado provee determinados servicios en cumplimiento de una obligación –ya sea del Estado, la sociedad o sus miembros– conocida como responsabilidad social. Esta puede ser interpretada como derivada o fundamentada en el concepto de bien común, en la responsabilidad moral o en el concepto legal de responsabilidad colectiva derivada de un hipotético acuerdo social. No obstante, no se refiere a principios, sino a metas: el objetivo del Estado no puede ser otro que fomentar de forma práctica el Interés público o "social" o "común", pero de una forma que no perjudique a unos para beneficiar a otros.
Los objetivos originales del sistema de asistencia social en los Estados Unidos (Welfare - Estado de Bienestar social) eran brindar ayuda a los más necesitados, sobre todo a las familias de ciudadanos o residentes con muchos hijos pequeños que enfrentaban una situación de miseria. Fue ideado como una solución para los ciudadanos y residentes que temporalmente no tenían trabajo para sostener a sus familias y no podían obtenerlo por circunstancias ajenas a su voluntad. Tenía el propósito de mejorar su calidad de vida hasta que pudieran encontrar medios independientes de subsistencia mediante el trabajo asalariado o la libre empresa. Posteriormente, sus beneficios se extendieron a las personas permanentemente incapacitadas o desamparadas, y pocos años después se extendió también a los afectados por fenómenos naturales que enfrentaban una situación de miseria súbita y temporal. Fue un paso importante en el carácter social del Estado liberal, promoviendo el Principio de Subsidiariedad que delega algunas de estas responsabilidades a las autoridades municipales y estatales. Salvo para los permanentemente incapacitados, fue creado como un recurso limitado y temporal que sirviera de paréntesis hasta que los beneficiarios resolvieran su situación económica a través de su reincorporación al mercado laboral o mediante el desarrollo de su capacidad de emprendimiento comercial.
Lamentablemente, estos objetivos han sido gradualmente adulterados por un populismo político electoralista que busca el voto de un número creciente de beneficiarios, generando un estado de dependencia y rompiendo el espíritu de trabajo y de crecimiento personal a través del esfuerzo y la superación individual. Estos manejos de la clase política han convertido al Welfare en una cultura de dependencia, sobre todo cuando se utiliza para favorecer a los que ingresan al país ilegalmente sin respeto alguno por las leyes de inmigración y los principios de soberanía que obligan a todo gobierno a proteger sus fronteras.
Si bien nos debe satisfacer la idea de ayudar a nuestro prójimo a alcanzar el éxito y de solidarizarnos con sus problemas y necesidades, el sistema de "bienestar" establecido en Estados Unidos no está estructurado para eso y genera un significativo impacto en el gasto del presupuesto nacional, superior al 25% del PIB, acrecentando el enorme déficit fiscal del país. En cambio, el sistema del Welfare está ahora orientado a distribuir recursos a quienes permanecen indefinidamente en un estado de dependencia, incluyendo aquellos que no hacen esfuerzo alguno por lograr un cierto grado de independencia económica y se acomodan a vivir de la generosidad del gobierno a costa de todos sus contribuyentes, destruyendo de este modo el espíritu individual de superación y la dignidad inherente del ser humano, asentada en la capacidad de convivir en una sociedad de iguales, donde se crece y prospera sobre la base de los resultados del trabajo y del emprendimiento. Por lo tanto, el Estado de bienestar supone un riesgo moral cuando los individuos se ven desligados de las consecuencias económicas de sus actos.
Es importante evitar que el Estado de bienestar poco a poco se convierte en más Estado y menos bienestar, de modo que la asistencia pública no quede gobernada exclusivamente por el Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios, mutualistas en los que el Estado o gobierno actúa como coordinador de las provisiones y al mismo tiempo como proveedor de último recurso. En otras palabras, la obligación de todo gobierno no es "regalar el pescado" sino "enseñar a pescar"; es decir, el gobierno tiene la misión de proveer acceso costeable a la educación necesaria y promover las fuentes de trabajo que estimulen la independencia y limiten la nefasta e improductiva dependencia estatal. La cultura de dependencia y de parasitismo que se ha entronizado en el país es un pesado gravamen que desestabiliza el orden, la moral y la estabilidad social.
El Estado debe actuar como compensador de las diferencias sociales y económicas, proporcionando la satisfacción de determinadas necesidades básicas a los sectores de más bajos ingresos, los desposeídos y los desamparados, pero estos beneficios del Welfare deben estar condicionados a un programa educativo o de adiestramiento, emparejado a un amplio sistema de búsqueda de empleos para situar a los beneficiarios en el mercado laboral o de formación de pequeñas empresas y/o cooperativas con la asistencia inicial de préstamos a largo plazo que faciliten su creación, bajo estricta supervisión hasta su consolidación, proporcionando así alternativas que orienten al beneficiario a una eventual situación de independencia económica. En el caso de los discapacitados, dependería de una evaluación que determine su grado de incapacidad física o mental que pueda impedirles oportunidades razonables en el mercado laboral o empresarial.
Esto significaría una reestructuración masiva del sistema de Asistencia Social que tendrá un elevado costo, aunque limitado a un período de creación de agencias de empleo, agencias de adiestramiento y otras dependencias en cada localidad, las cuales, una vez creadas y en funcionamiento, redundarán en un ahorro multibillonario de los beneficios que actualmente se reparten improductivamente sin mejorar la calidad de vida, facilitar el progreso ni la independencia económica de los beneficiarios. Dentro de esta estrategia, es muy importante desarrollar políticas y programas orientados al incremento de la productividad y de la tecnología para hacer más rentable y competitiva la economía en beneficio del ingreso fiscal como un medio adicional de equilibrar el presupuesto y mantener un saludable sistema de Asistencia Social orientado al progreso de los beneficiarios.