Manifestantes, activistas y religiosos entre los 8 nuevos prisioneros políticos que han entrado este mes en la lista de Prisoners Defenders. 4 de ellos están siendo enjuiciados por Tribunales Militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Lejos de ser una novedad, como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional. La falta del debido proceso, nulo derecho a la defensa efectiva (no existen abogados defensores independientes en Cuba), ausencia de la presunción de inocencia (sin tutela judicial, los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos) y/o el uso de tribunales militares son la norma sin excepción que lamentablemente hemos verificado en los miles de casos de presos políticos analizados jurídicamente por Prisoners Defenders, lo que Naciones Unidas confirmó públicamente en junio de 2024. En el informe de este mes, además, destapamos una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior, diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba.
Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco son dos jóvenes presos políticos detenidos por su supuesta participación en las manifestaciones de Bayamo el pasado mes de mayo.
Freddy Avilés Rodríguez fue arrestado el 23 de mayo pasado en su vivienda en Bayamo durante un amplio operativo policial. Está acusado de "sabotaje", alegando que lanzó piedras contra la Empresa Eléctrica y la sede del Partido Comunista, aunque su esposa no sólo afirma que en ese momento él estaba con su familia, sino que tiene videos que lo prueban, pruebas que las autoridades se niegan a evaluar. Resulta obvio que su delito no fue tirar piedras, sino manifestarse públicamente. Actualmente, Freddy permanece en la estación de la PNR en un control de la carretera Bayamo–Las Tunas, recluido en prisión provisional bajo constantes interrogatorios, maltratos y amenazas, y todo ello sin tutela judicial. Su esposa denuncia que el preso político sufre de discapacidad auditiva. Desde su detención, las autoridades le han negado las visitas, generando una profunda angustia creciente sobre su estado mental y de salud y sus condiciones de reclusión.
Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido el 22 de mayo pasado en el marco de las protestas en Bayamo que tuvieron lugar debido a los prolongados apagones y las imposibles condiciones de vida que el Gobierno pretende sufra la población en silencio y resignación. Diversos agentes allanaron su domicilio sin orden judicial y se lo llevaron a la fuerza. Desde entonces, apenas ha tenido comunicación con su familia, salvo un par de someros encuentros bajo condiciones extremadamente adversas y restrictivas. Por si todo esto fuera poco, la situación de Alejandro se ha visto marcada por un trato humillante y discriminatorio por su orientación sexual, y diversos testigos denuncian que un oficial le insulta con expresiones homofóbicas. La información oficial sobre su caso ha sido confusa y contradictoria: inicialmente se dijo que no sería procesado, posteriormente las autoridades mencionaron una posible fianza de 500 mil pesos cubanos (equivalente a 86 meses de salario medio en Cuba) y actualmente, en prisión provisional sin tutela judicial, se le amenaza con una condena de hasta 10 años de prisión por manifestarse públicamente en contra de los diarios y prolongados apagones de luz. 
Ha sido incluido este mes en la lista de presos políticos de conciencia (Convictos de Conciencia) el caso de José David Hernández Ferrer, de 34 años, activista del pacífico e internacionalmente respetado Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), que fuera detenido en octubre de 2024 y encarcelado sin tutela judicial. Fue trasladado a la prisión Valle Grande de La Habana, y tras 9 meses en prisión provisional ha recibido, el pasado 5 de junio, la petición fiscal de 10 años de privación de libertad por el supuesto “delito” de “Propaganda Enemiga”. El prisionero político padece hipertensión arterial crónica.
Misleidys Rodríguez Mas, esposa del anterior y también miembro del MONR, está encarcelada desde octubre de 2024 en la Prisión de Mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana, y ha recibido el pasado 5 de junio la petición fiscal sin tutela judicial de 10 años de privación de libertad por el Delito de “Propaganda Enemiga”.
El hijo de Misleidys, Kendry Lastra Rodríguez, fue detenido salvajemente el 11 de noviembre de 2022 por participar en una protesta el 27 de septiembre de ese mismo año en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando tenía tan solo 18 años. Los agentes de la Seguridad del Estado le rompieron las costillas a tal grado que tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital William Soler. Actualmente se encuentra en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana. En diciembre de 2023 las autoridades se disponían a presentarlo a juicio oral pero su expediente se extravió (y por tanto su acusación). En cualquier Estado de Derecho esto supondría la suspensión provisional de la acusación, cuando no el sobreseimiento permanente de la causa. Sin embargo, esto no ha impedido que la fiscalía le haya impuesto, sin tutela judicial alguna, el régimen de prisión provisional sin conocer la acusación y sin siquiera perspectivas de juicio.
Ha entrado en la lista este pasado mes el preso político Alberto Padrón Labrada, originario de Guanabacoa y condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, aunque los detalles de su caso están aflorando ahora tras las pesquisas del diario Cubanet. Se encuentra actualmente en condiciones extremadamente precarias en una celda de castigo en la prisión de Guanajay. Está recluido bajo régimen de aislamiento en un espacio que carece de agua y ventilación adecuada. [1] El castigo, según ha verificado Cubanet, se produjo luego de un altercado con otros reclusos comunes quienes —según las denuncias desde Guanajay— fueron colocados deliberadamente en su entorno con la finalidad de provocar un altercado, lo que consiguieron las autoridades del penal, y por ello fue enviado a una celda de castigo y aislamiento junto al preso político Luis Giraldo Martínez Sierra.
Además, 4 nuevos presos políticos civiles han sido condenados por Tribunales Militares. Al igual que más de 120 manifestantes del 11J, los casos de civiles procesados de forma recurrente en Tribunales Militares en Cuba parecen estar destinados a hacer de la justicia cubana el hazmerreir del gremio jurídico internacional al tiempo que son una pesadilla distópica para las indefensas víctimas.
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