Tanto para una familia como para un país, una deuda desmedida que pueda poner en peligro una catastrófica insolvencia, demanda un esfuerzo intenso por disminuir los gastos, mientras se busca incrementar los ingresos. Esto es complicado y choca con la resistencia de los afectados ya que conlleva renunciar, al menos temporalmente, a un modo de vida falsamente opulento que se sustentaba del crédito, a un nivel que finalmente alcanza un límite que resulta impagable y termina en la ruina, tanto en el plano familiar como en el nacional.
Esto es lo que estamos contemplando en Estados Unidos. Se ha llegado demasiado 
lejos en las políticas populistas que dibujan un falso crecimiento basado en una creciente deuda pública que ya supera los 36 trillones=36 billones en español=$107,000 por cada ciudadano y residente legal, agravada por la carga abrumadora de los intereses que hay que pagar por esa deuda, la cual se ha agudizado desde 2021 con una notable alza de la tasa de interés, hasta el punto que el servicio de la deuda ya sobrepasa ampliamente el presupuesto de defensa, obligando al Estado a pagar un interés anual de más de un trillón de dólares (un billón en español), una cifra que, además, sigue creciendo aceleradamente. Esta es la onerosa situación que heredará la nueva Administración en enero, enfrentando un déficit presupuestario de más de 2.2 trillones (2.2 billones en español) anuales, que se suman a la ya espantosa deuda y sus respectivos intereses.
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Los defensores de la tributación argumentan que las nociones de derechos legales de propiedad privada están definidas por el marco legal del Estado y, por lo tanto, la tributación exigida por parte del Estado no representa una violación de la ley de propiedad, a menos que el impuesto en sí sea ilegal.
