
En mi última entrega, señalé cómo Pedro Sánchez ha ido dando pasos hacia la consolidación de un régimen a la venezolana en España y cómo para poder avanzar en esa dirección le resulta indispensable controlar a una prensa que ha sido objeto de terribles acciones desde hace tiempo. Como no resulta difícil imaginar, esa conducta exige neutralizar y controlar a la administración de justicia y, ciertamente, ese es un proceso que viene de lejos y que con Sánchez está llegando a un verdadero paroxismo. El control de la justicia se produce por el control de la fiscalía, el control de algunos jueces de instrucción y el control de tribunales superiores como el supremo o el constitucional así como del consejo general del poder judicial. En esta entrega, voy a detenerme en fiscales y jueces de instrucción y dejaré las otras instituciones judiciales para la próxima. Comencemos con los fiscales.
Fue el propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, quien formuló la siguiente cuestión: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso”. Lo que Pedro Sánchez deseaba poner de manifiesto es que, al fin y a la postre, al fiscal general del estado lo nombra directamente el gobierno y ese fiscal general de estado aprovecha el orden jerárquico de la fiscalía para que los fiscales se comporten no de acuerdo a la legalidad sino a las órdenes que reciben. Los ejemplos que se podrían citar son muy numerosos, pero permitan que cite sólo algunos ejemplos especialmente escandalosos.
En el año 2006, el indescriptible Cristóbal Montoro creó un despacho de abogados en el que estaban integrados su hermano y cargos relevantes de la administración de Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró que no iba a dedicarse al tráfico de influencias aunque lo cierto es que entonces era miembro del parlamento europeo y no abandonó su escaño a pesar de formar parte del despacho. Entre los miembros más destacados del despacho de Montoro aparte de él mismo se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro; Ricardo Montoro: presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2000 y 2004 y hermano de Cristóbal Montoro; Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy, y anterior presidente del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en España y Portugal; Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del consejo de Equipo Económico y socio director del Área fiscal y regulatoria, así como secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria; Pilar Platero Sanz a la que Montoro nombró subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding adscrito a Hacienda del que dependen la mayoría de empresas estatales y las participaciones en cotizadas como REE, Enagás o Ebro; Miguel Crespo Rodríguez, que fue imputado por sus actuaciones relacionadas con Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y secretario de Estado de Hacienda y de Comercio con Rato, y que fue condenado por el escándalo de las tarjetas ‘black’; Salvador Ruiz Gallud que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda; Francisco de Asís Piedras Camacho que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESCE y Paradores, entre otros cargos; José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008; Gonzalo Solana, colocado por el Gobierno en el consejo de administración de Enagás y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; José Folgado, antiguo vicepresidente de CEOE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar y alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño que adjudicó varios contratos a Equipo Económico; José María Michavila, antiguo ministro de Justicia con Aznar; Covadonga Romero de Tejada: hija del antiguo secretario general del PP madrileño y alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, condenado por las tarjetas ‘black’, y apoderada en la constructora DICO, vinculada al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica y Ana Serrano que sería directora de Comunicación de Montoro en Hacienda.
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