Columnistas invitados/Guest columnists

El cataclismo acecha a Cuba, que podría quedar aislada, sin recursos económicos, capacidad productiva ni fuerza de trabajo óptima. La mayor crisis en la historia y las ataduras a la población para procurar la recuperación continúan sumiendo al país en la miseria. En contubernio con Rusia, las autoridades han acentuado el aislamiento, al exhibir la poderosa flota eslava en sus mares, y procurar ampliar la influencia económica y comercial del Kremlin en América Latina y el Caribe. Mientras, se intensifica la represión para garantizar obediencia.

Como si se tratara de un personaje influyente en el contexto internacional, la prensa oficial atendió el periplo de Bruno Rodríguez en calidad de enviado especial de Miguel Díaz-Canel a China y en la reunión de cancilleres de los BRICS. El canciller no había tenido un papel tan descollante hasta ahora, cuando asciende quizás debido a las recientes defenestraciones y la carencia de otros personajes cercanos a Raúl Castro.

No obstante, no se han anunciado resultados novedosos, lo que sugiere que las conversaciones tuvieron por objetivo, como casi siempre, coordinar el enfrentamiento a las tensiones con Estados Unidos en los mares cubanos y el apoyo la invasión rusa de Ucrania, así como ampliar los compromisos previos de suministros e inversiones, establecidos por Díaz-Canel con Xi Jinping y Vladímir Putin, así como lograr créditos blandos del Banco de los BRICS y un futuro ingreso al grupo.

En el curso del presente año, en Cuba tuvieron lugar visitas políticas y militares rusas de altísimo nivel, revestidas de objetivos económicos, de colaboración y humanitarios, pero con evidente prioridad para los acontecimientos que sobrevendrían. Entre ellos sobresalió el recibimiento al secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, general de Ejército Nikolai P. Patrushev por Raúl Castro en febrero pasado. La eventual pérdida del poder por Nicolás Maduro o la confrontación armada, como resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, golpearía duramente al Gobierno cubano, que tendría que dejar de enviar especialistas médicos al país sudamericano y recibir pagos y petróleo de vuelta.

Es una pregunta que late al ritmo del corazón.

Es como una piedra en el zapato que no te deja avanzar.

Es una llamada permanente que me inquieta ante tanto sufrimiento que se vuelve incontenible.

Es la pregunta que se hacen los adultos mayores ante el hambre y el abandono, que se han convertido en sus compañeros de camino. 

Es la misma que lacera a tantas madres que sufren en los hospitales sin contar con las condiciones básicas, sin medicamentos, sin alternativas, y muchas veces, recibiendo malos tratos. 

Es la que nos seguimos haciendo aquellos que queremos una Cuba mejor, un presente digno y un futuro esperanzador en el que expresar nuestros deseos, sueños o expectativas no supongan ser apagados o condenados injustamente. 

Es la interrogante que resuena cuando la injusticia sigue ganando terreno y el maltrato es evidente.  Es la misma pregunta que lanzo a Dios cuando siento que no podemos más y que la impotencia va acechando con fuerza y sin medida.

Es la pregunta que, con mucho respeto, he expresado en otras ocasiones pensando en quienes dirigen el país, y que hoy, haciendo uso de mi capacidad de reflexión y de mi derecho a la libre expresión, vuelvo a hacerme: ¿Qué están haciendo por nuestro pueblo? ¿Qué están haciendo con nuestro pueblo?

Si les supera la realidad de este país, si no pueden ofrecer una vida digna a este pueblo, ¿qué hacen? ¿De qué manera les puedo decir que ha sido atroz lo cometido contra dos mujeres, Alina Bárbara y Jenny Pantoja, sin más poder que su entereza y el ejercicio de sus derechos?

¿Cómo se puede hacer entender a los agentes policiales que están llamados a proteger y no a golpear a nadie, absolutamente a nadie?

Dando seguimiento a este tema, comenzado en esta columna el 9 de mayo, en la última entrega de fecha 31 de mayo comencé a describir la manera en que el gobierno social-comunista español presidido por Pedro Sánchez dejaba sentir su peso sobre la administración de justicia en un sentido claramente chavista. Debo insistir en que sólo cito algunos ejemplos porque tan sólo en la pasada semana, la manera en que el fiscal general del estado se sometió a los dictados de Sánchez empantanándose en una cadena de ilegalidades daría por si sola para toda una serie. Dejémoslo de lado y pasemos a otros aspectos importantes.

Señalaba en la última entrega la utilización de la fiscalía y de la judicatura para perseguir disidentes. Ese gigantesco fraude de ley se ha pretendido incluso trasladar al extranjero. Por ejemplo, España y Estados Unidos suscribieron en su día un tratado de asistencia judicial que permite solicitar a cualquiera de los dos países que tomen declaración a testigos y peritos en territorio del otro o que tengan lugar reconocimientos todo ello on line. Bajo ningún concepto, los tribunales españoles o americanos pueden pedir - ¡sería una locura que quebrantaría los derechos del procesado! – que la persona encausada sea juzgada on line. Estos límites de la cooperación son claramente sencillos y comprensibles. Pues bien una de las audiencias provinciales españolas ha pretendido, en un claro ejemplo de fraude de ley y de clamorosa prevaricación, que la administración de justicia de Estados Unidos redujera a un ciudadano americano procesado por la administración de justicia española a un proceso on line. Es lamentablemente cierto que la administración de justicia española está en no escasa medida corroída por una visión chavista de la justicia, pero no es el caso de la de Estados Unidos cuyo departamento de justicia ha denegado siempre en estos casos la atrocidad jurídica que pretendía el magistrado español. Con buenos modos, todo hay que decirlo.

También es cierto que la persecución de disidentes españoles en suelo extranjero es “peccata minuta” para el gobierno social-comunista español. La realidad es que Pedro Sánchez siempre ha ido detrás de la caza mayor. Así, tras designar al antiguo ministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y de la antigua directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como candidatos a magistrados del tribunal constitucional – algo que hizo inconstitucionalmente porque no contó con el Consejo general del poder judicial como marca la ley – Pedro Sánchez impuso una formación del Tribunal constitucional – siete socialistas frente a cuatro conservadores - que significaba entregarlo en sus manos. Cuestiones tan importantes como la amnistía – ilegal – de los golpistas catalanes, la entrega de soberanía a la Unión Europea, la limitación de la libertad de expresión y de prensa por leyes impulsadas por Sánchez serán acusados de inconstitucionalidad, pero la decisión final derivará de un tribunal constitucional a la hechura de Sánchez.

“La fórmula para salir de la situación que tenemos es empleando la ciencia, introduciendo sus resultados, aplicando tecnologías, innovando en todos los aspectos”, aseguró el Dr. en Ciencias Eduardo Martínez Díaz al estrenarse como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el Consejo de Ministros efectuado el pasado 5 de junio.

Los cientos de planes y medidas elaborados en los últimos cinco años por la generación de la “continuidad” han ahondado la asfixia económica y productiva, en contubernio con los tozudos dirigentes históricos para heredar el poder absoluto. Pero ahora el nuevo dirigente pretende consolidarse mediante los grados académicos.

Según el ministro, los Proyectos de Gobierno Estratégicos serán gestionados por un gerente nacional que, junto al equipo de trabajo, definirá los objetivos con las metas, indicadores, cronograma de ejecución y análisis de su factibilidad técnico-económica. Los proyectos serán evaluados por el Consejo Nacional de Innovación, órgano que dirige el presidente de la República.

Al repasar las informaciones del Consejo de Ministros, se constatan las deficiencias y los acuerdos acumulados sin mencionar su solución. Cuestiones vitales pendientes son la ley de las empresas estatales, mayoritarias en todas las esferas de la economía cubana y de las que aún se mantienen 300 con pérdidas, así como la reorganización y normativas de las mipymes. Además, no se publicó sobre el estado de la implementación de las medidas aprobadas en las Proyecciones de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” durante el año 2024, asociadas fundamentalmente al “programa de estabilización macroeconómica”.