Dando seguimiento a este tema, comenzado en esta columna el 9 de mayo, en la última entrega de fecha 31 de mayo comencé a describir la manera en que el gobierno social-comunista español presidido por Pedro Sánchez dejaba sentir su peso sobre la administración de justicia en un sentido claramente chavista. Debo insistir en que sólo cito algunos ejemplos porque tan sólo en la pasada semana, la manera en que el fiscal general del estado se sometió a los dictados de Sánchez empantanándose en una cadena de ilegalidades daría por si sola para toda una serie. Dejémoslo de lado y pasemos a otros aspectos importantes.
Señalaba en la última entrega la utilización de la fiscalía y de la judicatura para perseguir disidentes. Ese gigantesco fraude de ley se ha pretendido incluso trasladar al extranjero. Por ejemplo, España y Estados Unidos suscribieron en su día un tratado de asistencia judicial que permite solicitar a cualquiera de los dos países que tomen declaración a testigos y peritos en territorio del otro o que tengan lugar reconocimientos todo ello on line. Bajo ningún concepto, los tribunales españoles o americanos pueden pedir - ¡sería una locura que quebrantaría los derechos del procesado! – que la persona encausada sea juzgada on line. Estos límites de la cooperación son claramente sencillos y comprensibles. Pues bien una de las audiencias provinciales españolas ha pretendido, en un claro ejemplo de fraude de ley y de clamorosa prevaricación, que la administración de justicia de Estados Unidos redujera a un ciudadano americano procesado por la administración de justicia española a un proceso on line. Es lamentablemente cierto que la administración de justicia española está en no escasa medida corroída por una visión chavista de la justicia, pero no es el caso de la de Estados Unidos cuyo departamento de justicia ha denegado siempre en estos casos la atrocidad jurídica que pretendía el magistrado español. Con buenos modos, todo hay que decirlo.
También es cierto que la persecución de disidentes españoles en suelo extranjero es “peccata minuta” para el gobierno social-comunista español. La realidad es que Pedro Sánchez siempre ha ido detrás de la caza mayor. Así, tras designar al antiguo ministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y de la antigua directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como candidatos a magistrados del tribunal constitucional – algo que hizo inconstitucionalmente porque no contó con el Consejo general del poder judicial como marca la ley – Pedro Sánchez impuso una formación del Tribunal constitucional – siete socialistas frente a cuatro conservadores - que significaba entregarlo en sus manos. Cuestiones tan importantes como la amnistía – ilegal – de los golpistas catalanes, la entrega de soberanía a la Unión Europea, la limitación de la libertad de expresión y de prensa por leyes impulsadas por Sánchez serán acusados de inconstitucionalidad, pero la decisión final derivará de un tribunal constitucional a la hechura de Sánchez.
Por añadidura, ese Tribunal constitucional acaba de dar luz verde hace pocos días a que Pedro Sánchez nombre directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial colocándolo también en sus manos. El panorama global es bien relevante. Pedro Sánchez tiene bajo su control la fiscalía, el tribunal constitucional – que puede invalidar cualquier resolución del tribunal supremo – el Consejo general del poder judicial que es quien nombra a los jueces y, por si fuera poco, el Tribunal de cuentas. Añádase a ello jueces que lo mismo incurren en descarada prevaricación que incluso pretenden el fraude de ley en la aplicación de convenios internacionales. No se puede decir que queda mucho en el poder judicial para evitar el deslizamiento del sistema hacia la dictadura… pero algo hay. 
Por ejemplo, hace unos días, la Comisión permanente del Consejo General del Poder judicial pidió a Pedro Sánchez “contención” a la hora de criticar a los jueces. Tan sólo unas horas antes, Sánchez había cargado contra los jueces que habían tenido el atrevimiento de dar los primeros pasos para procesar a su esposa, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias. La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un comunicado en el que pedía a los políticos que evitaran “cualquier clase de juicio de intenciones” sobre las decisiones judiciales para no contribuir al “deterioro de las instituciones”. Pero no cabe engañarse animándose en exceso. Inmediatamente, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, vinculada al partido socialista, reprochó al Consejo General del Poder Judicial la declaración.
No se requiere mucha imaginación para percatarse de que con el control creciente de los medios de comunicación y del aparato de administración de justicia por parte del gobierno de Sánchez, el sistema constitucional se encuentra en un peligro mortal. Desgraciadamente, todo no se reduce a esas dos circunstancias, como tendremos ocasiones de ver.