En mi última entrega, señalé cómo Pedro Sánchez ha ido dando pasos hacia la consolidación de un régimen a la venezolana en España y cómo para poder avanzar en esa dirección le resulta indispensable controlar a una prensa que ha sido objeto de terribles acciones desde hace tiempo. Como no resulta difícil imaginar, esa conducta exige neutralizar y controlar a la administración de justicia y, ciertamente, ese es un proceso que viene de lejos y que con Sánchez está llegando a un verdadero paroxismo. El control de la justicia se produce por el control de la fiscalía, el control de algunos jueces de instrucción y el control de tribunales superiores como el supremo o el constitucional así como del consejo general del poder judicial. En esta entrega, voy a detenerme en fiscales y jueces de instrucción y dejaré las otras instituciones judiciales para la próxima. Comencemos con los fiscales.
Fue el propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, quien formuló la siguiente cuestión: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso”. Lo que Pedro Sánchez deseaba poner de manifiesto es que, al fin y a la postre, al fiscal general del estado lo nombra directamente el gobierno y ese fiscal general de estado aprovecha el orden jerárquico de la fiscalía para que los fiscales se comporten no de acuerdo a la legalidad sino a las órdenes que reciben. Los ejemplos que se podrían citar son muy numerosos, pero permitan que cite sólo algunos ejemplos especialmente escandalosos.
En el año 2006, el indescriptible Cristóbal Montoro creó un despacho de abogados en el que estaban integrados su hermano y cargos relevantes de la administración de Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró que no iba a dedicarse al tráfico de influencias aunque lo cierto es que entonces era miembro del parlamento europeo y no abandonó su escaño a pesar de formar parte del despacho. Entre los miembros más destacados del despacho de Montoro aparte de él mismo se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro; Ricardo Montoro: presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2000 y 2004 y hermano de Cristóbal Montoro; Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy, y anterior presidente del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en España y Portugal; Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del consejo de Equipo Económico y socio director del Área fiscal y regulatoria, así como secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria; Pilar Platero Sanz a la que Montoro nombró subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding adscrito a Hacienda del que dependen la mayoría de empresas estatales y las participaciones en cotizadas como REE, Enagás o Ebro; Miguel Crespo Rodríguez, que fue imputado por sus actuaciones relacionadas con Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y secretario de Estado de Hacienda y de Comercio con Rato, y que fue condenado por el escándalo de las tarjetas ‘black’; Salvador Ruiz Gallud que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda; Francisco de Asís Piedras Camacho que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESCE y Paradores, entre otros cargos; José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008; Gonzalo Solana, colocado por el Gobierno en el consejo de administración de Enagás y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; José Folgado, antiguo vicepresidente de CEOE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar y alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño que adjudicó varios contratos a Equipo Económico; José María Michavila, antiguo ministro de Justicia con Aznar; Covadonga Romero de Tejada: hija del antiguo secretario general del PP madrileño y alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, condenado por las tarjetas ‘black’, y apoderada en la constructora DICO, vinculada al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica y Ana Serrano que sería directora de Comunicación de Montoro en Hacienda.
Durante los nueve años siguientes, el despacho de Montoro facturó 42,5 millones de euros, siendo su mejor ejercicio justo el de 2012, el año siguiente a la llegada al poder del gobierno del Partido Popular (PP) en el que Montoro se convirtió en ministro de Hacienda. Ante la inminente llegada del PP al poder con Mariano Rajoy, como publicó en su día el diario ABC , Montoro y otros miembros de su despacho celebraron comidas con empresarios en las que se afirmaba que sería el próximo ministro de Hacienda a la vez que se repartían tarjetas del despacho.
Los rumores, intensos y continuados de corrupción en relación con el despacho de Montoro se repitieron una y otra vez mientras fue ministro de Hacienda destacando cuando presentó un proyecto de regulación que favorecía a una empresa energética y que era una copia exacta de lo que su despacho había elaborado para esa misma empresa a la que tenía como cliente.
Desde hace años, la fiscalía anticorrupción ha investigado la presunta corrupción del despacho de asesoría creado por el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Actualmente, esa investigación por corrupción estaría protagonizada por la fiscal Carmen García Cerdá del juzgado de instrucción número 2 de Cataluña.
Las actuaciones de la fiscal Carmen García Cerdá fue obstaculizada por el fiscal jefe Alejandro Luzón que impidió que realizara una serie de diligencias indispensables para la investigación. Esa negativa más que discutible del fiscal jefe llevó a la fiscal Carmen García Cerdá a convocar a la veintena de funcionarios del órgano que lucha contra la corrupción para resolver el asunto. Las diligencias que estaba bloqueando el fiscal jefe estaban relacionadas con Montoro y la investigación se hallaba dirigida hacia un grupo de personas con capacidad de presionar a un Gobierno y que, presuntamente, trataban de influir en decisiones legislativas. Esas personas contrataban los servicios del despacho del Montoro para asesorarse y terminar con decisiones favorables del gobierno. En otras palabras, presuntamente, cuando algún grupo de presión deseaba un cambio legislativo que le fuera favorable sólo tenía que acudir al despacho fundado por Montoro para conseguirlo.
En este caso concreto, la investigación se abrió hace más de cinco años, en 2018 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona en relación con la existencia de "una trama u organización" cuya finalidad sería "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)". Para lograrlo, según la tesis de los investigadores, "contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE) antes "Montoro Asociados" y actualmente desde el año 2016 "Global Afteli" (GA)". Una sociedad, según una resolución de la Audiencia de Tarragona sobre el caso, "cuyos miembros vendrían desempeñando cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y Autonómicas, creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios fiscales a favor de dichas sociedades gasísticas, mediante modificaciones legislativas que comportaba rebaja del impuesto eléctrico para dichas empresas".
De manera totalmente lógica, la fiscalía interpretaba que "las cantidades obtenidas por dichos servicios, por su cuantía y vacío valor jurídicos, son las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas".
Esta investigación abierta en julio de 2018 tuvo su origen en un "hallazgo casual" de unos correos electrónicos en el curso de otra investigación sobre delitos de ordenación del territorio que llevó al registro de la instalación de Messer Ibérica de Gases SA en la localidad de Vilaseca y Morell. A lo anterior se añadió una denuncia anónima que activó las investigaciones. Los delitos que el juez de Tarragona planteó como posibles para justificar el control de comunicaciones de varios investigados incluían cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, delitos contra la libre competencias y pertenencia a organización criminal.
A pesar de todo, en enero del año pasado la Audiencia revocó el control de las comunicaciones encargadas a los mozos de escuadra (la policía autónoma de Cataluña) y de la guardia civil y lo hizo, sorprendentemente, a petición de la Fiscalía. Resulta obligado recordar que ya en 2017, el Ministerio Público se querelló por prevaricación contra el despacho jurídico que fundó Montoro en 2006, Equipo Económico, y contra el antiguo presidente del Consejo Superior de Cámara de Comercio Manuel Teruel. La querella se refería a la presunta adjudicación en 2012 al despacho de Montoro un contrato de 91.000 euros saltándose la Ley de Contratos del Estado. La causa se centraba en la contratación del despacho, supuestamente irregular, por parte de las cámaras de Comercio tras la llegada del PP al poder. Entre los denunciados en ese momento estuvieron el hermano del ministro Ricardo Montoro; Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Ruiz, antiguo director general de la Agencia Tributaria; y Francisco de Asís, director del gabinete de Montoro. La querella estuvo durante más de dos años en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid hasta 2019 en que fue archivada.
Recientemente, la justicia ha vuelto a investigar a Montoro y su despacho con un claro enfrentamiento entre la fiscal la fiscal García Cerdá y el jefe de Anticorrupción. De hecho, la fiscal ha apelado al artículo 27 del Estatuto fiscal que se utiliza cuando un fiscal cree que ha recibido "una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente". Por esta circunstancia, la Junta de fiscales del órgano se reunió el pasado 16 de septiembre para resolver quién tenía razón y una mayoría de 19 votos contra cinco se opuso a investigar a Montoro. Por lo que se refiere a la fiscal que deseaba cumplir con su deber fue sancionada por intentarlo. No deja de ser significativo…
En otros casos, los fiscales no ven obstruida su labor de investigación por órdenes superiores, pero contribuyen de manera sobrecogedora a la persecución de disidentes políticos o mediáticos. El sistema es sencillo. A – que es totalmente inocente, pero objeto de la cacería – es acusado de delitos falsos sobre la base de un relato ficticio del fiscal. Por supuesto, existe un riesgo de que un juez superior declare inocente al falsamente acusado, pero para neutralizar esa posibilidad, el fiscal recurre a un expediente sencillo y eficaz. Así, acusa a un inocente B de ser cómplice de A. B se queda, primero, pasmado y luego, aterrorizado. ¿Cómo es posible que el fiscal lo acuse de un delito no cometido? ¿Cómo puede no ver la realidad? ¿Cómo puede sostener un relato tan disparatado? La verdad es que el fiscal sí ve la realidad. Tras un tiempo de terror y maceramiento, el fiscal ofrece a B retirar los cargos, pero a condición de que acepte su relato ficticio sobre la culpabilidad de A. En la inmensa mayoría de los casos, B, aterrorizado, acepta mentir para facilitar la condena de A. Son varios los políticos y disidentes que ahora mismo están en prisión en España gracias a esa manera de actuar totalmente contraria al derecho y a la justicia aunque conozco algún caso en que B no se dejó intimidar y, por el contrario, apoyó totalmente a A corriendo el riesgo de acabar en prisión. Resulta muy doloroso aceptarlo, pero, de manera bien significativa, buena parte de la fiscalía ha dejado de ser un ministerio público para convertirse en parte de un mecanismo de acoso.
La labor de la fiscalía es, obviamente, esencial para inculpar o para impedir el procesamiento de alguien. Con todo, para cerrar el círculo de la instrumentalización de la justicia, se precisa la cooperación de, al menos, algunos de los jueces. El caso obvio es el de los juzgados de instrucción. Esos juzgados de instrucción tienen el poder para iniciar procedimientos para disidentes y también para sobreseer las causas de amigos. Entre los disidentes españoles, uno de los jueces de instrucción con peor fama es el juzgado de instrucción número 33 de Madrid en el que funge como juez Tomás Martín Gil.
Es habitual que los jueces de instrucción vayan ascendiendo a lo largo de su carrera y pasen a desempeñar funciones judiciales en audiencias provinciales, en la audiencia nacional e incluso en el Tribunal supremo. De manera ciertamente llamativa, Martín Gil lleva décadas sin moverse de su puesto de juez instructor, una conducta semejante a la de un sargento que no deseara ascender a teniente, capitán o coronel. Por supuesto, quizá quepa atribuirlo a la simple humildad. Quizá, pero Martín Gil ha demostrado una y otra vez una enorme predisposición para sobreseer causas que afectan a importantes políticos socialistas, para iniciar discutibles causas contra adversarios del partido socialista y para incoar acciones con interpretaciones más que discutibles de la ley. De nuevo, resulta obligado proporcionar algunos ejemplos.
Quizá el primer salto a la notoriedad lo dio el juez Martín Gil cuando en 1993 puso en libertad a los presuntos responsables de un fraude de más de cuatro mil millones de pesetas – unos veinticuatro millones de dólares. Con todo, mucho más sonado fue cuando el juez Martín Gil sobreseyó con enorme rapidez acciones iniciadas contra Miguel Sebastián – ministro de Rodríguez Zapatero – Carlos Arenillas, responsable de la Comisión Nacional del mercado de valores y el director de la Oficina Económica de Moncloa, David Traguas . La causa se originó por gravísimas sospechas de corrupción que afectaban a los tres altos cargos socialistas. Martín Gil archivó todo con extraordinaria celeridad. Sin embargo, de manera bien significativa, Martín Gil sí aceptó las acciones contra otra trama de corrupción relacionada esta vez no con socialistas sino con populares .
En 2014 , una de esas decisiones de sobreseimiento del juez Martín Gil fue anulada por un tribunal superior que consideraba inaceptable su acción. Tomás Martín Gil se vio obligado a reabrir por segunda vez una investigación al Cuerpo Nacional de Policía. La Audiencia Provincial estimó el recurso de los demandantes contra el archivo de la causa que había dictado Martín Gil y le ordenó seguir investigando hasta esclarecer por completo los hechos. De forma bien reveladora, el juez Martín Gil había archivado la causa de inmediato, sin ni siquiera practicar diligencias.
En 2017 , el juez Martín Gil decidió aceptar la querella por supuestas torturas cometidas durante el régimen de Franco. La acción del juez era abiertamente ilegal no sólo por la prescripción de los hechos sino por que además éstos quedaron fuera de la persecución judicial tras las leyes de amnistía de 1977 que cimentaron la Transición. La actuación de Martín Gil, estruendosamente ilegal, se alineaba, sin embargo, con lo que sería una de las posiciones más discutidas del gobierno social-comunista de Sánchez pocos meses después.
En 2019 , el juez Martín Gil volvió a cargar judicialmente contra el PP en una causa más que discutida. Dejemos aquí los ejemplos.
¿Podría ser casual que el juzgado de instrucción 33 de Madrid – como otros - haya tratado siempre benévolamente a políticos socialistas mientras ha actuado con severidad frente a los políticos de derecha? ¿Podría ser fruto de la casualidad que el juzgado de instrucción 33 haya avanzado incluso interpretaciones de la ley inaceptables desde el ordenamiento jurídico español? ¿Podría ser casual que desde hace décadas el juez Martín Gil siga en el juzgado de instrucción 33 sin optar a posibles ascensos y promociones? Sí, efectivamente, todo podría ser casual. Sin embargo, se puede comprender también que entre disidentes del actual gobierno de Sánchez exista la firme convicción de que el juzgado de instrucción 33 de Madrid es sólo uno de los utilizados como instrumento de represión. Según esos testimonios, basta con presentar la querella o denuncia el día que el juzgado está de guardia para asegurarse de que la persona será procesada o, por el contrario, evitará el procesamiento.
En otros casos, la actuación judicial ha sido más llamativa. Por ejemplo, el caso de los EREs es el caso conocido de corrupción más grave de la Historia de España. Relacionado con un fraude de centenares de millones de euros de dinero público, implicó a las administraciones socialistas de Andalucía incluyendo a dos de sus presidentes. Pues bien, buena parte de las causas relacionadas con los EREs simplemente prescribieron sin que pudiera enjuiciarse a los culpables … pero los dos presidentes socialistas de Andalucía fueron juzgados, condenados y llegaron a una sentencia firme.
Nunca han ingresado en prisión y nadie cree que vayan a hacerlo en algún momento futuro. Reconózcase que no deja de ser llamativo aunque – insistamos en ello – se trata sólo de algunos pocos botones de muestra de la situación de la administración de justicia en España.
Cuesta no llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez cuenta, mediante la combinación del poder de la fiscalía y el de algunos jueces, de un poder represivo colosal. Sin embargo, ni de lejos acaba aquí todo. Pedro Sánchez dispone además de un control de la administración de justicia que llega hasta el tribunal constitucional.