Detentadores del poder con discursos populistas y narrativas progresistas violan obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico y el crimen, y han establecido narcoestados y regímenes de crimen organizado, forzando acciones de autoprotección por parte de países afectados. La expansión de las dictaduras en las Américas como socialismo del siglo 21 y su control sobre gobiernos para dictatoriales, han promovido el crimen y la impunidad, incumpliendo la lucha contra el narcotráfico y el crimen que son obligaciones globales.
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988 conforman el sistema internacional de fiscalización de drogas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 es un tratado internacional con tres protocolos: para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire, y contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. Todas vigentes y ratificadas por los estados de las Américas.
La Primera Cumbre de las Américas de 1994 estableció “que la democracia es el único sistema político que garantiza el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho…”. Determinó que “reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y el tráfico de drogas ilícitas sobre nuestra economías y valores éticos, y sobre la salud pública y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución de sustancias químicas precursoras…”.
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