Columnistas invitados/Guest columnists

por Siro del Castillo

En el interior de nuestro país estamos observando ahora un reajuste en prioridades y en las visiones, aunque la situación de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos sigue siendo la primera prioridad, otras han surgido abarcando nuevos panoramas, que desde mi punto de vista son muy buenos y oportunos. Los temas económicos, sociales y culturales, surgen ahora a la palestra como nunca antes. Los temas sobre las discriminaciones de todo tipo, la violencia contra las mujeres, la marginación de las personas identificadas con las tendencias LGBT, los cuentapropistas, los problemas en el campo de las artes, en fin toda una serie de temas que se han asumido y que han logrado aglutinar a más personas alrededor de los mismos, a diferencia desde mi limitada visión desde el exterior, que los ya algunos gastados temas políticos. Pudiéramos adelantar para el futuro la necesidad de revaluar el discurso de la oposición y los activistas en una visión del bien común, tanto en el exilio como en Cuba, donde en definitiva es más importante.

Es importante entender la evolución del pensamiento de la resistencia cubana a la dictadura aunque no es fácil determinar las características de cada uno de los grupos que han conformado la emigración cubana en los últimos 66 años para buscar una coherencia unificadora que subraye un propósito común. La primera oleada comenzó el 1ro de enero de 1959 y estuvo integrada principalmente por personas cercanas a la dictadura de Batista. Luego, en un segundo momento a partir de finales del 59 y principios del 60 eran personas afectadas en lo personal por leyes y medidas tomadas por las autoridades (la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Reforma Urbana, las intervenciones y/o confiscaciones de negocios, medios de prensa y propiedades, el comienzo de la represión y las ejecuciones a aquellos que de una forma u otra comenzaron a oponerse y a luchar en contra de la implantación de un régimen totalitario como se vislumbraba). Esta etapa del éxodo duró hasta 1962 cuando los vuelos de Cuba a los EE.UU. fueron suspendidos a raíz de la crisis de octubre de ese año, llamada “crisis de los misiles”.

Durante esta etapa también salieron de Cuba sin sus padres miles de niños y niñas cubanos en la operación conocida como “Peter Pan”. Muchos salieron pensando que podrían regresar pronto, pues el gobierno de EE.UU. no permitiría el establecimiento de un régimen comunista a 90 millas de la costa norteamericana. Esto, pese a que la invasión de Playa Girón, patrocinada, organizada y financiada por el gobierno norteamericano había fracasado, y entre la peor de las consecuencias de este fracaso fue la brutal represión desatada contra personas inocentes y miembros de la resistencia interna que existía en la isla, a quienes no se les dejó saber en tiempo y forma de lo que se avecinaba. 

El 24 de enero de 2010 publiqué en el FORO PARTICIPATIVO de esta revista digital un mensaje en inglés titulado "The Paradox of the US Supreme Court ruling on Electoral Spending Limits", que los lectores interesados pueden leer aquí:
https://democraciaparticipativa.net/forum.

Han pasado más de 15 años desde que levanté la voz de alarma desde esas páginas sobre esta decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Citizens United vs la Comisión Federal de Elecciones (Citizens United v. Federal Election Commission), que otorgó a grandes empresas, corporaciones y sindicatos los mismos derechos que otorga la Primera Enmienda a los individuos, lo que les permite gastar cantidades ilimitadas de dinero en campañas políticas. La decisión efectivamente eliminó las restricciones sobre el gasto político independiente por parte de estas entidades.

Expresé entonces mi alarma porque: "La decisión es un cambio doctrinal drástico que permitirá consecuencias de gran alcance por la intromisión corporativa en las decisiones políticas." Una intromisión que ha llegado a ser abrumadora.

There are days when watching the news feels unbearable. Russia’s war of aggression against Ukraine rages on with no end in sight. Diplomatic efforts falter, and the violence continues to escalate by day and by night. Meanwhile, the armed conflict between Iran and Israel — with U.S. involvement — is raising not only international alarm but also critical legal questions. What still counts as self-defence? When does it become an illegal war of aggression? Or have these questions lost their relevance altogether in 2025?

Peace, security, disarmament. Friendship among nations. Human rights through international cooperation. These are the founding goals of the United Nations. And global cooperation is more needed now than ever. But the world’s most powerful states are eroding the UN’s financial foundation. The U.S., China, and Russia collectively owe the UN more than $2 billion. This isn’t a side issue — it undermines the very institution meant to protect peace, prevent crises, and safeguard people across the globe.

In this growing crisis, we — global citizens — are often left on the sidelines: affected, yet powerless. While global challenges intensify, the UN struggles with budget shortfalls. Promised reforms, like Secretary-General António Guterres’ UN80 initiative, aim to make international cooperation more efficient. But real progress demands more than procedural tweaks — it requires closing the gap between global institutions and the people they serve.

That’s where we come in.

The Organization of American States (OAS), the most important regional organization created with the objective “to be a political forum for peace-keeping, security, and the promotion and defense of democracy and human rights,” is now confronted with an existential crisis of either fulfilling its objectives and principles in defense of democracy and human rights, or disappear.

The OAS was created on 30 April of 1948 with “the essential objectives of strengthening the continent’s peace and security, promote, and consolidate democracy, promote human rights, back social and economic development favoring sustainable growth in America.” On 11 September of 2001, it approved the Interamerican Democratic Charter establishing that “peoples in the Americas have the right to democracy and their governments have the obligation of promoting and defending it. Democracy is essential for the social, political, and economic development of the peoples from the Americas.”

The first Americas’ Summit of 1994 hailed the start of a period of OAS’s optimism and efficiency that culminated with the signing of the Interamerican Democratic Charter on 11 September 2001, the same day the U.S. was attacked by terrorists inside its territory. In the 1990s, all governments in the Americas were democratic, except Cuba, whose regime was agonizing in its “special period.”