El año 2024 ha sido escenario de acontecimientos que están marcando el momento geopolítico en Latinoamérica y cuyos efectos alteran la estabilidad y gobernabilidad en la región. De norte a sur del Continente, la mayoría de los países que lo integran confrontan hechos que son el resultado de la convergencia del llamado “trilema de Lessing” (1) - el narcotráfico, la corrupción y la violencia - que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y que deben ser, como bien lo advirtió el Apóstol de Cuba José Martí, condenados y combatidos por los pueblos para garantizar su paz y estabilidad.
Repasamos a continuación los países en los que actualmente se desarrollan graves acontecimientos de carácter social, político y criminal que inciden negativamente en su estabilidad institucional y en la convivencia de sus ciudadanos.
NICARAGUA
La Revolución Sandinista de 1979 que derrocó al dictador Anastasio Somoza no terminó en una revolución totalitaria como las de Cuba y Venezuela, sino en un dinastía que ha usurpado el poder para sus intereses particulares, desdeñando las aspiraciones de justicia social y de libertad pregonadas a su arribo al poder. La dinastía Ortega-Murillo que gobierna a Nicaragua desde el 2007 ha ejercido el poder con opresión y encono contra el pueblo nicaragüense aplicando el patrón de su mecenas Fidel Castro, lo que ha llevado a muchos nicaragüenses a las cárceles y al exilio; a expropiaciones de empresas, propiedades, centros de estudios y ONG y a la persecución de la Iglesia Católica, sus sacerdotes y obispos.
La dupla de poder conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo - presidente y vice presidenta de Nicaragua - llegó por cuarta vez al poder en la elección celebrada el 6 de noviembre de 2016 para el periodo 2017-2022. Aun cuando el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua reportó un triunfo aplastante de los Ortegas y del Frente Sandinista, el descontento contra el régimen estaba más que claro y no tardaría en manifestarse. El 18 de abril de 2018 un grupo de pensionados que protestaban por la reforma impuesta por el gobierno al Instituto de Seguridad Social fue atacado por grupos oficialistas, desencadenándose una rebelión cívica que dejó 320 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.
Además, según lo informó la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, más de 100.000 nicaragüenses se vieron obligados a emigrar de su país. Daniel Ortega recurrió al trillado argumento de los dictadores que las protestas ciudadanas constituyeron un intento de golpe de estado financiado por los Estados Unidos. Además inculpó al clero católico de formar parte del intento de derrocarlo, sembrando con ello las bases para la persecución contra la Iglesia que desataría en su quinto y actual mandato.
- Hits: 68