Históricamente, el sistema penitenciario que más ha dependido del sistema de prisiones privadas ha sido el Buró Federal de Prisiones (BOP). La dependencia del sistema del BOP en facilidades privadas ha disminuido desde el año 2000 en un 11%. Para el 2022 el número de personas, bajo la custodia federal en las facilidades privadas era de 13,834 personas.
Esta disminución se le atribuye a la orden ejecutiva del presidente Biden, de suspender el uso de las prisiones privadas con fines de lucro. Sin embargo, todavía se mantiene un número considerable de los que se encuentran bajo la custodia federal, dado que la orden ejecutiva del presidente Biden no contemplaba a los detenidos bajo la jurisdicción del U.S. Department of Homeland Security, quienes en el 2023 mantenían un promedio diario de 30,003 detenidos (principalmente inmigrantes), de los cuales el 83% los mantienen en prisiones privadas o administradas privadamente.
Durante la pasada administración del presidente Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos amplió el sistema de detención de inmigrantes en más del 50 por ciento, firmando contratos para abrir más de 40 nuevos centros de detención. Esta expansión benefició abrumadoramente a las empresas penitenciarias privadas, que albergaron al 91 por ciento de todas las personas retenidas en centros de detención que se abrieron durante esos años.
Desde el inicio de la nueva administración de Trump, las acciones de control migratorio han incrementado de manera significativa en todo Estados Unidos. Tanto los funcionarios como los medios de comunicación nos han estado bombardeando diariamente con informaciones que alegan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha reforzado los operativos con el primordial objetivo de identificar y deportar a inmigrantes en situación irregular. Estos operativos, según ICE, se basan en investigaciones de inteligencia que buscan mantener la seguridad nacional y pública.
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