El 24 de enero de 2010 publiqué en el FORO PARTICIPATIVO de esta revista digital un mensaje en inglés titulado "The Paradox of the US Supreme Court ruling on Electoral Spending Limits", que los lectores interesados pueden leer aquí:
https://democraciaparticipativa.net/forum.
Han pasado más de 15 años desde que levanté la voz de alarma desde esas páginas sobre esta decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Citizens United vs la Comisión Federal de Elecciones (Citizens United v. Federal Election Commission), que otorgó a grandes empresas, corporaciones y sindicatos los mismos derechos que otorga la Primera Enmienda a los individuos, lo que les permite gastar cantidades ilimitadas de dinero en campañas políticas. La decisión efectivamente eliminó las restricciones sobre el gasto político independiente por parte de estas entidades.
Expresé entonces mi alarma porque: "La decisión es un cambio doctrinal drástico que permitirá consecuencias de gran alcance por la intromisión corporativa en las decisiones políticas." Una intromisión que ha llegado a ser abrumadora.
Estamos siendo testigos de las consecuencias desde las elecciones de 2012, pasando por las elecciones de 2016 y 2020, hasta las elecciones de 2024, en todas las cuales se ha materializado una intervención masiva de influencia y propaganda, financiada por grandes capitales y también impulsada por poderosos sindicatos. La influencia de los grandes capitales en el proceso electoral incluye los monopolios mediáticos que se han estado consolidando en las últimas décadas, abandonando su primordial enfoque noticioso y de entretenimiento para convertirse en plataformas que favorecen a candidatos que promueven intereses políticos, empresariales y particulares.
Esta decisión de la Corte Suprema subraya una igualdad de condiciones y derechos entre los ciudadanos ordinarios y los poderosos conglomerados que operan como "personas jurídicas". Esta "igualdad" desproporcionada provocó el desacuerdo del juez Stevens, quien argumentó que «la Corte durante más de un siglo no ha equiparado a las corporaciones [y sindicatos] con individuos en el contexto de la ley electoral» porque la democracia es la suma de la voluntad individual y el poder que promueve el debate abierto y toma decisiones basadas en los votos de esos mismos individuos. El hecho es que este fallo de la Corte Suprema debilita a los candidatos y los partidos forzados a plegarse bajo la abrumadora influencia del gran dinero y poderosos intereses creados.
Así es como estamos viendo, como advertí al pueblo de este país hace más de 15 años, que "el subterfugio de la ciencia del marketing puede disfrazar los mensaje para que ni siquiera parezcan anuncios de campaña. En cambio, el público puede ver representaciones elegantes y tranquilizadoras de, digamos, cuán bien o mal funciona nuestro sistema de salud, o cuán bien o mal nuestro sistema bancario promueve el crecimiento económico. Los anuncios tratarán de convencer al público de que las personas pueden no recibir atención médica adecuada si el gobierno se involucra demasiado, o que podríamos no obtener una hipoteca si el gobierno regula a los bancos y controla su codicia. Puede que no estemos de acuerdo con la intervención del gobierno en la vida diaria de las personas, pero el gobierno tiene una obligación y una responsabilidad de proteger a cada uno de sus ciudadanos. Una visión desproporcionada sobre libertades y derechos con poco respeto por las obligaciones solo promovería una licenciosa permisividad y la corrupción, especialmente de poderosos grupos de interés."
Sin duda, estas consideraciones no han perdido su relevancia, por lo que es esencial que las autoridades legislativas del país desarrollen una estrategia destinada a corregir esta desastrosa decisión judicial.
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