Venezuela / Venezuelan Affairs

Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar.

El primer ministro Mark Phillips ratificó su posición de que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción para resolver la disputa entre ambos países en base al Acuerdo de Ginebra de 1966

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, aseguró este miércoles que la soberanía de su país “permanece seriamente amenazada” por la dictadura de Nicolás Maduro debido a los reclamos sobre la región fronteriza del Esequibo.

“Nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio permanece seriamente amenazada”, denunció en un discurso durante la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El Esequibo es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y minerales, que administra Guyana y que Venezuela reclama como propio.

Phillips defendió que Guyana “siempre ha permanecido firme ante los principios de la carta de Naciones Unidas, el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos”. También señaló que su país ha cumplido con la Declaración de Argyle, firmada por Caracas y Georgetown en diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas con el objetivo de rebajar las tensiones.

“Guyana ha cumplido sus compromisos bajo esa declaración y seguirá cumpliéndolos en búsqueda de una coexistencia pacífica y la unidad de Latinoamérica y el Caribe”, subrayó.

Asimismo, Phillips reiteró su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver la disputa entre ambos países sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece los mecanismos para una solución negociada sobre el Esequibo.

La crisis migratoria venezolana ha alcanzado dimensiones históricas, con más de ocho millones de ciudadanos obligados a abandonar su tierra natal en busca de libertades, dignidad y trabajo lícito. Este fenómeno es el resultado directo de la represión, la corrupción, criminalización del Estado y las desastrosas políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro. De forma intencional este régimen, en alianza con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ha instrumentalizado la migración como un arma política, para que elementos delictivos se infiltren en los flujos migratorios para desestabilizar a las naciones receptoras, como los Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador o Chile. 

Es crucial entender que la mayoría de los migrantes venezolanos son ciudadanos de bien, personas trabajadoras, honestas y altamente calificadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 54% de los venezolanos migrantes poseen un grado universitario, lo que los convierte en el grupo migratorio latinoamericano más preparado del continente. Estas personas han contribuido significativamente en áreas como la ciencia, la medicina, la industria y las artes, demostrando que la migración no es un problema, sino una oportunidad, cuando es bien gestionada por los gobiernos y aceptada generosamente por la población de los países receptores. Esto, además del aporte fiscal y cultural.

El Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo (MCVM) tiene como misión defender los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos, pero especialmente los de aquellos que residen fuera del país. El MCVM busca construir puentes entre los ciudadanos de la diáspora, buscando mejores niveles de organización e integración, que faciliten su gobernanza y aumenten su capacidad de incidencia en la defensa de esos derechos para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela; contribuyendo además a la seguridad de todo el continente.

Las generaciones de jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo en Venezuela a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no conocieron a plenitud las dimensiones del salario y su participación alcanzada en la riqueza nacional, cuando la remuneración de un trabajador fortalecida por la contratación colectiva le permitía alcanzar una vida digna para su familia a través de un sólido poder adquisitivo y la cobertura integral de la seguridad social.

Si bien es cierto no toda la población estaba cubierta por estos niveles de trabajo digno, el efecto cascada sobre el mercado de trabajo permitía agobiar parcialmente las penas del resto de venezolanos en condiciones de informalidad y de pobreza extrema que representaba a un 45% de la Población Activa.

Hoy los indicadores de la pobreza en Venezuela se mantienen en niveles más altos como consecuencia de la destrucción del aparato productivo nacional y estatal, alcanzando el 86% en 2024. Un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) (03/2025) revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles alarmantemente altos, alcanzando el 86% en 2024.

Conjuntamente con estas cifras alarmantes se difunde desde el Gobierno una nueva concepción del salario sustituida por una parodia de remuneración denominada “INGRESO ECONÓMICO INTEGRAL INDEXADO”, representada en el monto real que recibe el trabajador, si mencionamos al trabajador del sector público el salario mínimo es menor a los 2 $ mensuales y los 90 $ adicionales son bonos sin impacto en los beneficios, ello deriva en aguinaldos de 4 meses equivalentes a la ridícula cifra de 14 $.

El próximo 15 de marzo se cumplirán 3 años del último aumento al salario mínimo decretado por el gobierno nacional en 2022, el monto de la decisión decretó unilateralmente un nuevo salario mínimo de 130 Bs digitales mensuales equivalentes a 30 $, hoy permanece incólume el mismo monto, pero con una diferencia al significar solo 1,64 $ mensuales.

Como bien sabemos nuestra economía esta dolarizada al condicionar los precios del mercado, a pesar de que el dólar BCV (Tasa del dólar oficial) registra un valor de 65,42 bolívares digitales, también conocemos que el dólar libre es el patrón que señala los precios de los productos al público, indicando la cifra de 79,11 bolívares digitales, cuya proyección apunta a una devaluación aún mayor en los próximos días.

Durante estos tres años el régimen ha inventado toda suerte de piruetas para evadir su responsabilidad establecida en el artículo 91 de la CRBV y los acuerdos fijados en el contexto de la Comisión de Encuesta de la OIT, estableciendo con el sector empresarial la aplicación de bonos prácticamente en sustitución del salario legal / formal / constitucional que han llamado “INGRESO ECONÓMICO INTEGRAL INDEXADO” vendido como un gran logro en todas las instancias Nacionales e Internacionales, el cual está siendo aplicado en la Administración Pública bajo la mención de BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA (BGE), y el termino de REMUNERACIÓN en el Sector Privado (Empleadores). (Carbone S, 2024).

Pero veamos las consecuencias de esta nefasta política laboral al sustituir el concepto salario por Ingreso en el poder adquisitivo del trabajador, pretendiendo presentar que el bono de guerra o de remuneración de 90$ como una gran conquista laboral, cuando en realidad determina la flexibilización absoluta de la remuneración del trabajador, como se podrá observar con el pago de las utilidades o aguinaldos en el siguiente ejemplo.