La edición de The Economist del 5 al 11 de abril del 2014 presentó dos artículos sobre Cuba. Uno, Investment in Cuba, destaca la importancia de la nueva ley de inversión extranjera de la Isla y otro,the Cuban Embargo, apoya la eliminación inmediata del embargo de EEUU a la Isla y de la designación de Cuba como país terrorista. La argumentación en ambos artículos es débil y confusa, por lo tanto, no es convincente; carece de los usuales estándares analíticos de la revista. Además, es contradictoria con la de otros artículos anteriores de la revista sobre el tema de las reformas económicas en curso en la Isla a partir de mediados de 2007, y particularmente desde finales de 2010. En este sentido los dos artículos también son desmemoriados, olvidadizos.
La nueva ley de inversión extranjera tiene pocos aspectos novedosos, entre ellos ampliará el ámbito de las inversiones a nuevos sectores y actividades, a personas naturales y jurídicas de ascendencia cubana, residentes en el exterior y eximirá o reducirá los impuestos sobre ingresos netos hasta por ocho años. La nueva ley sólo autoriza la inversión de las personas naturales y jurídicas con capital y residencia en el extranjero, lo que incluye a los cubanos emigrados, pero excluye a los radicados en la Isla. Así muestra la intolerancia del gobierno por mantener el sistema económico decadente vigente en vez de realizar los cambios requeridos para movilizar los esfuerzos e iniciativas de los cubanos residentes en la Isla. Los funcionarios del Ministerio de Inversión Extranjera alegan que ni las empresas estatales ni los cubanos residentes en la Isla disponen de los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía, lo cual ha probado ser falso en el caso de los paladares y otras actividades por cuenta propia.
Así la falla principal de la nueva ley es que no establece una legislación integral y coherente que autorice las pequeñas y medianas empresas a personas naturales y jurídicas residentes en la Isla y aliente su fomento, estas actividades están actualmente confinadas a cooperativas que han resultado un fracaso desde la instauración de las cooperativas agropecuarias (UPBC) para sustituir a las granjas estatales en 1993. Es un intrascendente intento para superar la restricción presupuestaria blanda, o el problema de las empresas estatales con déficit persistentes, problemas de insuficiente producción y necesidad de subsidios. Además, priva a las empresas extranjeras de los servicios e insumos que las pequeñas y medianas privadas podrían proveer porque las empresas estatales o las cooperativas no lo podrán hacer y, por lo tanto, las empresas extrajeras se tendrían que expandir para suplirlos internamente.
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