El 6 de febrero los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Elías Jagua, así como los respectivos ministros de las áreas económicas y sociales firmaron un memorando de entendimiento en Maracaibo mediante el cual se pretende detener el contrabando (o “bachaqueo”) de productos esenciales venezolanos, así como neutralizar actividades “ilícitas” en materia de divisas en las que participan activamente ciudadanos de ambos países.
El documento firmado determina el método con base en el cual los cuerpos de seguridad y las autoridades administrativas de ambos países van a trabajar, así como las medidas comerciales, cambiarias y financieras para atacar el creciente problema.
A través de la extensa frontera colombo-venezolana existe una expansiva actividad de contrabando de gasolina, alimentos, artículos de cuidado personal, materiales de construcción, bienes esenciales, ganado y productos de consumo intermedio que pasan de Venezuela a Colombia. Esto se alienta por el elevado diferencial cambiario en Venezuela entre la tasa de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar estadounidense y la del cambio libre de 81.15 bolívares por dólar estadounidense, así como por el subsidio a bienes en Venezuela, particularmente a la gasolina y el diesel..
La política del Gobierno de Venezuela de subsidiar los precios de una serie de bienes mientras la tasa de cambio del bolívar en el mercado paralelo se sigue disparando, y así ha desbalanceado cada vez más lo que cuestan diversos bienes de un lado y otro de la frontera.El margen obtenido por el contrabando puede ser de 20 a 1, que no es menor. En las tiendas populares del lado colombiano se encuentran repisas repletas de arroz, leche en polvo, productos de aseo y bebidas, entre otros artículos, mientras los anaqueles venezolanos están vacíos como se observa en al foto adjunta. La información sobre el desabastecimiento venezolano muestra que continúa aumentando.
La intermediación comercial y financiera es una muy antigua actividad de los comerciantes y habitantes fronterizos que se ve alentada en este caso por la cada vez más irracional política económica del Gobierno de Maduro. Con semejantes márgenes existentes, cualquier esfuerzo que se haga para detener el flujo ilegal de bienes será infructuoso.
Según la canciller colombiana Holguín, el contrabando tiene "agobiados" a los dos países. Del lado venezolano el desabastecimiento es cada día mayor, mientras que del colombiano se está afectando adversamente las actividades económicas y al sector empresarial, pero sobre todo incrementa las actividades irregulares.
De inmediato las autoridades respectivas de ambas partes de la frontera planean incautar todos los bienes del contrabando en los que no se pueda comprobar la exportación legal de Venezuela hacia Colombia.
Realmente el problema del contrabando radica en la absurda política económica del Gobierno de Venezuela que ha llevado ese país a la profunda y amplia crisis económica y financiera que padece por su afán de estatizar las actividades económicas e impulsar políticas populistas con represión inflacionaria que han creado un muy lucrativo negocio privado de intermediación comercial y financiera.
El Gobierno colombiano en vez de tratar de cumplir con la absurda política venezolana mediante controles que van a aumentar la corrupción en Colombia, como ya ha sucedido en Venezuela, debería solicitar al Gobierno venezolano que frene las condiciones fundamentales para hacer de cada ciudadano fronterizo un contrabandista comercial y financiero.
El presidente Juan Manuel Santos fue un efectivo ministro de hacienda y no debería conducir el destino económico de Colombia con base en distorsionantes e inefectivos controles a ultranza como lo hace el antiguo chofer de autobuses de Venezuela. Santos mejor que nadie conoce que la situación económica de Venezuela es insostenible y que mientras tanto explote solicitará cada vez mayores controles y represión del lado colombiano que no detendrán el contrabando.