Perspectiva Económica: Elías Amor

La gran duda que existe en este momento es si la debilidad de la economía estadounidense en el primer trimestre del año, con una caída del PIB del 1,4% puede acabar provocando una recesión o simplemente una moderación del crecimiento económico. Esta previsión se ve complicada por la aparición de la inflación, que en marzo alcanzó un 8,5% superando todas las previsiones. De forma inmediata, la Fed ha reaccionado poniendo en marcha una política monetaria restrictiva para hacer frente a la inflación, cumpliendo las expectativas de los mercados.

De momento, el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) ha anunciado un aumento de tipos de interés de 50 puntos básicos, el doble de lo habitual, un incremento que no tenía lugar desde los tiempos de Alan Greenspan, en el año 2000, y que deja los tipos de interés en el intervalo del 0,75%-1%.

Además, la Fed ha avisado que en los próximos meses podrían llegar más subidas iguales a las que ha anunciado, confirmando que se hará todo lo posible para no añadir más incertidumbre a una situación que ya lo es. Tras conocerse la decisión de la Fed, el mercado espera que los tipos de interés acaben el año en el entorno del 3%, de modo que el organismo tendrá que repetir al menos tres alzas de tipos similares, antes de 2023, para dejar de actuar bajo la presión del mercado.

Las presiones inflacionistas que han provocado la decisión de la Fed han tenido su origen en la salida de la pandemia del COVID-19, primero, y la invasión rusa de Ucrania después, disparando el precio de la energía y de materias primas, así como la crisis de suministros, a lo que algunos analistas añaden el impacto inverso de las sanciones de Occidente a Rusia por la guerra. Se trata de factores que se encuentran presentes en mayor o menor medida, en todos los países, obligando a los bancos centrales a alinear sus políticas monetarias más restrictivas.

Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los efectos de la inflación. Los economistas tienden a pensar que los aumentos de precios ejercen influencias negativas sobre el poder adquisitivo de salarios y pensiones, deterioran el valor real de los activos en manos de los actores económicos, distorsionan los precios relativos y la competitividad de la economía, ejercen una influencia negativa sobre el crecimiento económico provocando desempleo, y un sinfín de efectos más. Y, por delimitar el caso cubano, la inflación interanual de 2021, un 77,3% la más elevada de América Latina después de Venezuela, sienta un precedente negativo sobre el gobierno y las empresas.

Cierto que se suele afirmar que los gobiernos aprovechan las subidas de los precios para recaudar más tributos, por el simple crecimiento de las bases imponibles por el efecto de la inflación, sobre todo de los impuestos que recaen sobre el gasto. Pero acaba siendo una recaudación comprometida, porque después, el aumento de precios actúa sobre los programas del gobierno, haciendo más costosa su implementación.

Al final, no es fácil para los gobiernos convivir con la inflación, ni los democráticos ni los autoritarios. Con el tiempo surgen los problemas. Y si se acentúan, se producen cambios de gobierno en los democráticos y revueltas y estallidos sociales en los autoritarios. El final siempre es imprevisible cuando se habla de inflación.

En cuanto a las empresas, el aumento de los precios ejerce una presión sobre los márgenes de beneficio, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, pero en el caso de la economía cubana, parece que los grandes consorcios estatales se han visto más afectados por la inflación, de ahí que todavía haya 500 empresas en situación de grave insolvencia. Estas empresas estatales se encuentran ante la tesitura de que deben aumentar sus precios para compensar todo, o en parte, el aumento de los costes. Pero el estado que las interviene y controla, no permite subir precios y obliga a compensar el crecimiento de los costes con reducción de márgenes; ahí empiezan los problemas.

Entre los observadores y analistas de la economía cubana se está extendiendo la idea de que en 2021 se ha perdido un año excepcional para haber desarrollado una política más acetada en la contención de la pandemia e introducir reformas que permitieran el efecto rebote como ha ocurrido en el resto de los países de América Latina.

Pero no. El régimen comunista se empeñó en vacunar a la población con las “Abdala” cubanas sin obtener la certificación de la OMS, y de otro lado, la Tarea Ordenamiento puso patas arriba la maltrecha economía que iba a recuperarse tras la pandemia del COVID-19. Ni lo uno ni lo otro. La economía cubana se ha vuelto a estancar en 2021 y nadie cree que se pueda producir una mejoría durante 2022. Crece la incertidumbre, así como los temores de que los dirigentes no sean capaces de salir del círculo vicioso en que se encuentra la economía, carente de divisas para atender sus compromisos internacionales y con un grave problema de inflación, productividad y desequilibrio presupuestario.

En tales condiciones, aunque CEPAL ha dibujado para Cuba una previsión de crecimiento del PIB en 2021 del 3,5% similar a la establecida en el plan económico por los dirigentes comunistas, cada vez hay menos analistas y observadores que dan crédito a esa estimación. Las previsiones empiezan a ser cada vez menos optimistas y ninguna da por hecho un crecimiento económico significativamente superior al de 2021 lo que implicaría mantenerse en un escenario de estancamiento, cada vez más alejado del ritmo más vigoroso en 2022 de las economías de América Latina y el Caribe.

De confirmarse estos presagios Cuba se vería afectada en 2022 por una tasa de inflación elevada y resistente a la baja, una complicada gestión presupuestaria y un descontrol monetario sin precedentes, mientras que el peso cubano pasa a ocupar una dudosa centralidad dentro del sistema financiero a la que el régimen no hace más que poner obstáculos, como las tiendas en MLC.

No hay nada peor en la dirección de los asuntos económicos de un país que cometer errores y no acertar en el diagnóstico de los problemas y las medidas adoptadas. Actuar de ese modo, resta credibilidad a los responsables de la economía, hace difícil realizar previsiones y contribuye a una ceremonia de confusión de la que nadie sale bien parado.

El área económica es, con diferencia, la que peores resultados de gestión presenta en el régimen castrista. Son 60 años apostando por un modelo de planificación central sin derechos de propiedad ni mercado para intervenir en la actividad económica que ha sido una cosecha continua de fracasos, uno tras otro.

Cuando se escriba con independencia de criterio y objetividad la historia de la planificación central en Cuba desde los tiempos de la JUCEPLAN, no se podrá obtener otra valoración que fracaso. Granma dedica un reportaje a la reunión del consejo de ministros en la que se aprobaron el plan de la economía y el presupuesto del estado para el 2022, que se presentarán en unos días a la Asamblea Nacional para que los diputados den su aprobación.

Del plan habló el ministro Gil, que presentó las líneas maestras del mismo, mostrándose optimista y poco crítico con lo que ha sido la gestión de la economía en los dos últimos años. Un asunto de su responsabilidad.

Y aquí comenzó un espectáculo poco gratificante. Lo primero que dijo, ni él se lo cree, es que la economía cubana ha comenzado un “proceso gradual de recuperación de los niveles de actividad”. Un proceso que se debe interpretar con mucho cuidado, porque si bien es cierto que el segundo y tercer trimestre pasaron a tasas positivas del PIB, según la ONEI, lo hicieron a un ritmo menor, y todavía con datos medios anuales, la economía se encuentra en recesión, -1,2% hasta el tercer trimestre.