La edición de The Economist del 5 al 11 de abril del 2014 presentó dos artículos sobre Cuba. Uno, Investment in Cuba, destaca la importancia de la nueva ley de inversión extranjera de la Isla y otro,the Cuban Embargo, apoya la eliminación inmediata del embargo de EEUU a la Isla y de la designación de Cuba como país terrorista. La argumentación en ambos artículos es débil y confusa, por lo tanto, no es convincente; carece de los usuales estándares analíticos de la revista. Además, es contradictoria con la de otros artículos anteriores de la revista sobre el tema de las reformas económicas en curso en la Isla a partir de mediados de 2007, y particularmente desde finales de 2010. En este sentido los dos artículos también son desmemoriados, olvidadizos.
La nueva ley de inversión extranjera tiene pocos aspectos novedosos, entre ellos ampliará el ámbito de las inversiones a nuevos sectores y actividades, a personas naturales y jurídicas de ascendencia cubana, residentes en el exterior y eximirá o reducirá los impuestos sobre ingresos netos hasta por ocho años. La nueva ley sólo autoriza la inversión de las personas naturales y jurídicas con capital y residencia en el extranjero, lo que incluye a los cubanos emigrados, pero excluye a los radicados en la Isla. Así muestra la intolerancia del gobierno por mantener el sistema económico decadente vigente en vez de realizar los cambios requeridos para movilizar los esfuerzos e iniciativas de los cubanos residentes en la Isla. Los funcionarios del Ministerio de Inversión Extranjera alegan que ni las empresas estatales ni los cubanos residentes en la Isla disponen de los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía, lo cual ha probado ser falso en el caso de los paladares y otras actividades por cuenta propia.
Así la falla principal de la nueva ley es que no establece una legislación integral y coherente que autorice las pequeñas y medianas empresas a personas naturales y jurídicas residentes en la Isla y aliente su fomento, estas actividades están actualmente confinadas a cooperativas que han resultado un fracaso desde la instauración de las cooperativas agropecuarias (UPBC) para sustituir a las granjas estatales en 1993. Es un intrascendente intento para superar la restricción presupuestaria blanda, o el problema de las empresas estatales con déficit persistentes, problemas de insuficiente producción y necesidad de subsidios. Además, priva a las empresas extranjeras de los servicios e insumos que las pequeñas y medianas privadas podrían proveer porque las empresas estatales o las cooperativas no lo podrán hacer y, por lo tanto, las empresas extrajeras se tendrían que expandir para suplirlos internamente.
La ley anterior sobre inversión extranjera, la ley no. 77 de 1995, fue precedida por una enmienda constitucional en 1992 (artículo 25) que permite la compensación por expropiaciones, y permite la propiedad mayoritaria en las empresas. Sin embargo, fue mal gestionada y aplicada, y estuvo sujetada a limitaciones que se mantienen en la nueva ley. Entre ellas, que las inversiones tienen que ser aprobadas por un Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, los trabajadores tienen que ser seleccionados y contratados por una empresa estatal intermediaria y se paga hasta 24 veces más por los empleados que su salario en el mercado laboral. Ninguna de esas importantes limitaciones sería modificada.
Además, la actitud adversa existente entre los inversionistas extranjeros, fue acentuada en 2008-2009 porque el gobierno impuso un “corralito” a las cuentas en divisas de las empresas mixtas, que después sólo ha eliminado paulatinamente, y estableció severos cargos por corrupción contra varios empresarios extranjeros, incluso a algunos muy cercanos al gobierno como Max Marambio. Ambas situaciones son resultado de que en Cuba no hay un estado de derecho ni tribunales de justicia independientes a los que se puedan apelar las decisiones del ejecutivo. O sea, no hay separación de poderes ni contrapesos efectivos.
Richard Feinberg en la sección 2 de su ensayo Reaching Out de 2011 detalló las dificultades de los inversionistas extranjeros para operar en Cuba y cómo prefieren trabajar directamente con sus respectivos gobiernos en vez de con las autoridades cubanas dado el continúo cambio de los términos pactados.
El artículo sobre el embargo asevera que Cuba es ahora menos comunista apoyándose con ligereza en la nueva ley de inversiones extrajeras a pesar de que reconoce sus limitaciones. Lo mismo se podría indicar de otras “actualizaciones” económicas al sistema socialista en varias áreas a partir de 2007 que más que modificar el sistema vigente lo pretende mantener con cambios marginales. El agravamiento de la situación socioeconómica existente de lento crecimiento y pobreza debería obligar al gobierno a realizar cambios mayores, no cambios marginales, porque los problemas existentes son de naturaleza estructural y sistémica, no coyunturales. Sin embargo, el gobierno sólo intenta reformas no fundamentales, sin modificar las características básicas de la organización económica existente y la orientación de las políticas públicas vigentes.
No es una crisis coyuntural que pueda corregirse con unas pocas acciones o medidas, aun cuando resulten significativas. Se requiere un paquete de acciones y reformas integrales y coherentes, con capacidad de lograr resultados sistémicos de forma estable y sostenida, con un claro compromiso político y capacidad de mantener gobernabilidad con cambios progresivos y sostenibles.
Janos Kornai, el economista húngaro, analista del socialismo de tipo estalinista, distingue tres características principales del socialismo predominante en Cuba. (1) La hegemonía política del partido, que se traduce en un completo control de las instituciones y poderes del estado y una clara intención de mantenerlos inalterados que se muestra en la intransigencia y rechazo del gobierno a todo tipo de oposición, críticas y propuestas alternativas. (2) El rechazo de la propiedad privada y el control estatal del aparato productivo nacional. Las autoridades gubernamentales tiene una relación antagónica con el sector privado y salvo algunas excepciones minimalistas (pequeños agricultores, cuentapropistas e inversores extranjeros) la propiedad y gestión estatales eliminan la propiedad y gestión privada y la concentran en empresas estatales, muchas de ellas oligopólicas y monopólicas, como el holding GAESA. También eliminan selectivamente algunas actividades como cines caseros, venta de ropa y paladares con actividades especiales. (3) El empleo de la planificación central y los controles administrativos para mantener el control directo de la economía por el estado. Dada la importancia del control estatal de la producción, se seleccionan mecanismos de asignación de recursos mediante decisiones administradas por el estado para sustituir la asignación de recursos por el mercado y controlar la competencia. El análisis de estas tres características del socialismo estalinista presente en Cuba determinan inevitablemente una serie de problemas económicos insuperables.
El artículo sobre la eliminación del embargo también indica la precaria situación económica de Venezuela, de la cual Cuba depende mucho para sostenerse y destaca que sería peligroso que Rusia la reemplazara; que los cubanoamericanos de la Florida, particularmente los más jóvenes apoyan un cambio de política hacia la Isla; y que cubanos acaudalados en el exterior, si se dan las condiciones apropiadas, desean invertir en la Isla, especialmente ahora que una firma brasileña ha construido instalaciones propicias para una zona libre de manufacturas y de servicios en el puerto de El Mariel, la cual administra una firma de Singapur. No comenta en cambio que más que un completo complejo portuario operativo en El Mariel sólo se ha establecido la infraestructura portuaria básica que tendrá que ampliarse para hacerse funcional y operativa con instalaciones complementarias para establecer empresas manufactureras y de servicios.
Además, el artículo señala el positivo papel que Cuba desempeña en las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, pero ignora el rol de la Isla en el reciente trasiego de 240 toneladas de armas con Corea del Norte, incluyendo misiles de tierra a aire y componentes de radares que fue denunciado por inspectores de Naciones Unidas. Asimismo ignora el rol cubano apoyando al gobierno de Maduro en la represión contra la población civil, particularmente a los estudiantes, en Venezuela. El artículo ignora dos temas que tienen influencia sobre la persistencia del embargo y que requieren algún tipo de negociación previa antes de su eliminación. La confiscación, sin ningún tipo de compensación, de las inversiones estadounidenses en la Isla en 1960 y el derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales en 1996 que originaron la ley Helms-Burton que amplió y codificó el embargo.