El 26 de julio de 2007 Raúl Castro anunció que Cuba requería reformas estructurales y conceptuales, así como la eliminación de prohibiciones absurdas para superar el entorno de baja productividad que determina que los salarios de los trabajadores sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Posteriormente en 2010 el gobierno anunció que las empresas estatales y la administración pública tenían nóminas infladas o trabajadores redundantes que es imprescindible eliminar. Su número se estimó en 1.8 millones de trabajadores o aproximadamente el 38% de la fuerza laboral. Dicha eliminación es fundamental para que las empresas estatales sean rentables, tengan mayores niveles de inversión para actualizar su acervo de capital y sus niveles tecnológicos, puedan hacer una mayor contribución al estado y pagar mayores salarios reales para incentivar a los trabajadores. Menores nóminas les permitirán pagar mayores impuestos al estado y que este a su vez disminuya o elimine los subsidios por pérdidas y dedique los recursos públicos a la inversión pública y al gasto social cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años. También tendería a mejorar la situación del sector bancario que se ve obligado a brindar recursos a empresas no rentables contaminando su cartera y haciéndola más frágil y vulnerable.
El problema estratégico es que la reducción de empleados redundantes y la consecuente restructuración de las empresas estatales depende inexorablemente de la expansión del sector privado o no estatal como ha ocurrido en todas las antiguas economías del socialismo real estalinista. El gobierno cubano durante la autoridad de Raúl Castro ha adoptado algunas medidas para expandir las actividades del cuentapropismo y dar tierras ociosas en usufructo a agricultores privados para que aumenten la capacidad de absorción de trabajadores. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para lograr las metas establecidas de reducción de las nóminas infladas.
Después de la caída del muro de Berlín los antiguos países socialistas de Europa y la Unión Soviética, que tenían una estructura productiva más parecida a la de Cuba que China y Viet Nam con menor proporción del PIB y empleo en la agricultura, comenzaron a privatizar las empresas estatales y alentar nuevas empresas privadas para aumentar su productividad y eficiencia competitiva y así superar su situación de pobreza y atraso. Algunos economistas propusieron que había que transformar esas antiguas economías socialistas para que aumentaran el sector privado de menos del 20% en la generación del PIB y el empleo a aproximadamente el 80%.
La más reciente información del EBRD, de alrededor del 2010, sobre los porcentajes del PIB y empleo generados por el sector privado en 28 antiguos países socialistas de Europa, la Unión Soviética y Mongolia muestra lo siguiente.[1] Tres países (Estonia, Hungría y la República Eslovaca) tienen niveles del 80% en la generación del PIB por el sector privado. Los países en su conjunto tienen un promedio simple (no ponderado) del 66% del PIB, mientras solo alcanza al 30% en Bielorrusia y 25% en Turkmenistán, que tienen los menores porcentajes. Estudios sobre la transición señalan que el nuevo sector privado, principalmente las nuevas pequeñas y medianas empresas (pymes) privadas fueron muy dinámicas generando producción y empleo y contribuyeron al aumento de la productividad y competitividad de esas economías.[2]
El porcentaje de empleo generado por el sector privado no está disponible para 9 de los 28 países, pero para los 19 países que si lo está es similar al del PIB, en algunos casos algo mayor y en otros algo menor. El promedio simple (no ponderado) del empleo generado por el sector privado es del 71%, ligeramente menor que el 72% del PIB generado por el sector privado.
En Cuba, según la ONE, el sector privado empleó alrededor del 12% de la fuerza laboral en 2008 -2010 y aumentó a 18.5% en 2011 por la expansión de los trabajadores por cuenta propia y los agricultores privados que recibieron tierras en usufructo. Si a ellos se agregan los trabajadores en cooperativas la cifra se eleva a 16% en 2008-2010 y 23% en 2011, respectivamente. Hernández Catá estimó el PIB privado y cooperativo en 12.6% para 2009-2010 y en 13.9% para 2011.[3]
En Cuba las cooperativas, principalmente las UBPC en la agricultura, establecidas a partir de 1993 por la conversión de las granjas estatales en cooperativas, no son voluntarias, ni autónomas y están sometidas a estrictas regulaciones. Distan mucho de ser auténticas cooperativas; realmente son empresas estatales disfrazadas en cooperativas como expresó claramente el ministro Murillo el 07/07/13; están a cargo de gestionar mejor la propiedad estatal.[4]
Desde agosto de 2012, 295 UBPC han sido disueltas por pérdidas. En otros países las cooperativas son asociaciones autónomas, constituidas por productores privados voluntariamente para mejorar su situación económica, tener mayor fortaleza económica y eligen sus propios directivos libre y democráticamente. O sea se establecen desde abajo o desde los productores independientes, mientras en Cuba se establecen desde arriba o por decisión gubernamental de agrupar a los trabajadores de las empresas estatales..
Fidel Castro realizó la nefasta Ofensiva Revolucionaria en 1968 cuando confiscó las pymes privadas existentes y las prohibió, también vedó la contratación de empleados privados, ambas medidas se adoptaron con el afán convertir a Cuba en el primer país en alcanzar el comunismo. Posteriormente, la prohibición de las pymes privadas y la contratación fueron elevadas a artículos de la constitución política (arts. 14, 15 y 21) y perduran hasta hoy, 45 años después. En consecuencia en Cuba no se permite convertir las pymes estatales en empresas privadas ni tampoco la formación de nuevas empresas privadas que tuvieron tanta importancia en la expansión del sector privado en los antiguos países socialistas de Europa y la URSS, así como en China y Viet Nam.
Actualmente el gobierno está convirtiendo algunas pymes estatales en cooperativas, principalmente en el área de servicios y la construcción, de menor importancia y rentabilidad, pero que en realidad continúan siendo empresas estatales, como lo han sido las UBPC establecidas desde 1993. Así el cooperativismo está siendo implantado (realmente es impuesto) como una forma de gestión empresarial más eficiente mientras se mantiene la propiedad estatal.
Es indispensable para aumentar el tamaño del sector privado en la economía y superar la baja productividad que existe, que se promueva la formación de nuevas empresas privadas y se facilite la conversión de las empresas estatales que el estado no puede gestionar ni administrar apropiadamente en verdaderas empresas privadas, ya sean individuales o asociativas.
Cuba dispone de un amplio abanico de opciones para expandir el sector privado. Puede ampliar las reducidas actividades de los cuentapropistas y mejorar la situación de los agricultores privados dándole garantías sobre la posesión de la tierra y aumentando sus márgenes al reducir las ventas obligatorias a pérdida al acopio, que enfrenta severos problemas de distribución, China adoptó esas medidas exitosamente desde 1978. Puede aumentar la inversión privada extranjera que contribuya a expandir la capacidad de producción, la actualización tecnológica y la comercialización externa de la producción. Tal como China y Viet Nam lo hicieron con muy buenos resultados desde finales del siglo pasado, puede movilizar la inversión de los cubanos residentes en el exterior, que han mostrado interés y disposición a invertir en la Isla si se les brindan las garantías adecuadas. También puede autorizar las pymes privadas y la contratación de personal.
Estas medidas en su conjunto además de aumentar directamente la producción y el empleo, dinamizarían el lento proceso de racionalización y modernización de las empresas estatales, fundamental para mejorar las finanzas públicas, el sector financiero y la capacidad de proveer servicios sociales que es cada vez más urgente ante el descalabro económico de Venezuela.
Observaciones finales
A finales de setiembre pasado el gobierno cubano aumentó las limitadas actividades de los cuentapropistas de 183 a 201, pero estableció nuevas restricciones a los envueltos en la venta de ropa. El gobierno ha continuado postergando una nueva ley de inversión extranjera pero anunció un conjunto de incentivos tributarios hasta por 10 años a los que inviertan en la nueva zona especial de desarrollo del Mariel a partir de octubre. Un problema que las zonas francas han confrontado en la Isla desde su inauguración en 1997, o sea hace 16 años, es que las empresas tienen que contratar a los trabajadores por salarios 24 veces a los que prevalecen en el país, pues las agencias contratadoras les cobran sus salarios en divisas pero les pagan a los trabajadores en pesos cubanos, con lo cual la mano de obra no es competitiva con la de otros países del área del Caribe.
Esta es una versión ampliada de un artículo publicado recientemente en el blog de ASCE (http://ascecuba.org/blog/default.aspx)
[1] http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml#structural
[2] Ver entre otros, World Bank, Transition -The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the former Soviet , http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/complete.pdf