El 26 de julio de 2007 Raúl Castro anunció que Cuba requería reformas estructurales y conceptuales, así como la eliminación de prohibiciones absurdas para superar el entorno de baja productividad que determina que los salarios de los trabajadores sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Posteriormente en 2010 el gobierno anunció que las empresas estatales y la administración pública tenían nóminas infladas o trabajadores redundantes que es imprescindible eliminar. Su número se estimó en 1.8 millones de trabajadores o aproximadamente el 38% de la fuerza laboral. Dicha eliminación es fundamental para que las empresas estatales sean rentables, tengan mayores niveles de inversión para actualizar su acervo de capital y sus niveles tecnológicos, puedan hacer una mayor contribución al estado y pagar mayores salarios reales para incentivar a los trabajadores. Menores nóminas les permitirán pagar mayores impuestos al estado y que este a su vez disminuya o elimine los subsidios por pérdidas y dedique los recursos públicos a la inversión pública y al gasto social cuya calidad se ha deteriorado en los últimos años. También tendería a mejorar la situación del sector bancario que se ve obligado a brindar recursos a empresas no rentables contaminando su cartera y haciéndola más frágil y vulnerable.
El problema estratégico es que la reducción de empleados redundantes y la consecuente restructuración de las empresas estatales depende inexorablemente de la expansión del sector privado o no estatal como ha ocurrido en todas las antiguas economías del socialismo real estalinista. El gobierno cubano durante la autoridad de Raúl Castro ha adoptado algunas medidas para expandir las actividades del cuentapropismo y dar tierras ociosas en usufructo a agricultores privados para que aumenten la capacidad de absorción de trabajadores. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para lograr las metas establecidas de reducción de las nóminas infladas.
Después de la caída del muro de Berlín los antiguos países socialistas de Europa y la Unión Soviética, que tenían una estructura productiva más parecida a la de Cuba que China y Viet Nam con menor proporción del PIB y empleo en la agricultura, comenzaron a privatizar las empresas estatales y alentar nuevas empresas privadas para aumentar su productividad y eficiencia competitiva y así superar su situación de pobreza y atraso. Algunos economistas propusieron que había que transformar esas antiguas economías socialistas para que aumentaran el sector privado de menos del 20% en la generación del PIB y el empleo a aproximadamente el 80%.
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