El pasado lunes 18 de noviembre las bolsas de valores de EEUU entraron en territorio record (16000 en el Dow Jones y 1300 en el S&P) en parte determinado por las noticias que el gobierno chino fue más específico sobre las reformas socioeconómicas estructurales que contempla implantar en el periodo 2013-2020; asimismo, hizo algunos anuncios inesperados.
El martes 12 de noviembre después que concluyera la Tercer Sesión Plenaria de la XVIII Reunión del Comité Central del Partido Comunista hubo un desalentador y lacónico anuncio sobre las reformas. Esto condujo al desaliento sobre las reformas planeadas y a establecer dudas sobre la capacidad del nuevo dirigente Xi Jinping para realizar las reformas estructurales requeridas; sin embargo, el comunicado más amplio y específico del viernes 15 fue bien recibido a nivel internacional dada la influencia de China como segunda economía mundial y su primordial importancia en el comercio global.
El comunicado se refiere a 60 puntos sobre la ampliación y profundización de las reformas socioeconómicas, así que solo comentaré algunos temas que podrían tener una mayor trascendencia para el ajuste orientado a mantener un elevado crecimiento económico mejorando algunos aspectos sociales clave. Se pretende modificar el modelo de crecimiento orientado a las exportaciones y dependiente de las empresas estatales (EE) y de la planificación central por otro más dependiente del consumo interno con un papel más importante (“decisivo”) del mercado y las empresas privadas en la asignación y utilización de los recursos. Algunos cambios críticos que determinanla naturaleza del cambio de modelo son la política demográfica, el sistema de seguridad social, los derechos de los agricultores sobre la tierra, el sector financiero y las EE.
La Sesión Plenaria estableció un grupo de alto nivel para coordinar y hacer cumplir la implementación de las decisiones adoptadas. Ahora es más evidente que el gobierno de Xi entiende las debilidades estructurales de la economía china; entre ellas: el exceso de capacidad productiva, el elevado nivel de deuda interna, un sector financiero distorsionado, la falta de competencia y las debilidades de los beneficios para los grupos de menores ingresos (agricultores e inmigrantes urbanos).
También, hubo el inesperado anuncio que China eliminará los campos de trabajo forzoso o de reeducación a los prisioneros políticos, lo cual fue muy bien recibido. Este es un tema de gran importancia en los reclamos que se le hacen a China sobre el tema de derechos humanos.
El gobierno anunció un cambio de la política, vigente desde 1979, de un solo hijo a dos hijos por familia cuando uno de los padres sean hijos únicos. Esto tiene como objetivo para reactivar el crecimiento demográfico ya que China experimenta un marcado envejecimiento de la población y una contracción de la fuerza laboral.
Un asunto central en las reformas planteadas es la apertura a la inversión privada en los sectores de finanzas, transporte, comunicaciones y energía a fin de promover competencia y la eficiencia. Estos sectores están dominados por EE que derivan sus elevadas ganancias por sus condiciones monopólicas u oligopólicas. Ello junto a la gradual liberalización de las tasas de interés y la moneda y la liberalización de precios en estos sectores clave ayudaría a modernizarlos. También se establece, las reforma de los bancos, un régimen de propiedad más claro de la tierra para los agricultores y una mejor situación de seguridad social para los migrantes urbanos.
Estas decisiones pretenden corregir distorsiones y prevenir potenciales crisis. El éxito del crecimiento chino ha estado impulsado por exportaciones baratas basadas en mano de obra de baja remuneración, la expansión de la infraestructura construida por EE con financiamiento bancario de bajo costo y presupuestos gubernamentales financiados por la venta de tierras agrícolas y urbanas periféricas. Sin embargo, la mano de obra se ha encarecido y las construcciones de carreteras y otras vías para conectar a las ciudades más importantes han cedido lugar a grandes centros en poblaciones intermedias y las ventas de tierras basadas en la rezonificación están alcanzando tanto sus límites económicos como los de la tolerancia de los habitantes afectado.
El dinero barato y la limitada capacidad para canalizar nuevas inversiones generan el riesgo de fomentar burbujas inmobiliarias y el exceso de capacidad instalada en algunas áreas. De no realizar ajustes fundamentales, China enfrenta un menor crecimiento económico, una inadecuada creación de empleos e innovación, y el estallido de burbujas.
En los últimos 20 años, China ha liberalizado la mayoría de sus mercados de productos y la competencia en estos mercados ha generado elevados beneficios económicos. Sin embargo, la asignación de insumos clave - sobre todo financieros, energía y tierra- no han sido liberalizados y el gobierno ha mantenido un amplio rol en la decisión de quiénes reciben los insumos y a qué precio. El resultado es que muchos de estos insumos se otorgan a precios demasiado bajos a las EE con buenas conexiones. Una de las distorsiones bien conocidas de la economía china - la excesiva dependencia de los gastos de infraestructura es un desperdicio de capacidad instalada- se deriva en gran parte de los bajos precios de los insumos. Si se logra, eliminarlas o aún disminuirlas sería un importante acierto que aumentaría significativamente la eficiencia económica, aunque a costa de privar al gobierno central de una importante herramienta de gestión macroeconómica y a los gobiernos locales de los preciados canales del clientelismo.
La solución es un rápido cambio del modelo de crecimiento basado en las exportaciones a uno sostenido por el consumo interno; de la infraestructura al consumo de bienes y servicios; del dominio de las grandes EE al de pequeñas y medianas empresas privadas; de la industria a los servicios y, en términos más generales, del control burocrático al control por el mercado.
Los países asiáticos exitosos, como Corea del Sur y Taiwán, han realizado esta transformación. Pero los grandes ajustes rápidos, aunque sean necesarios, implican costos y riesgos significativos. Las EE perderán préstamos a bajas tasas de interés, el acceso a la tierra subsidiada, la protección de sus monopolios. Las burocracias partidistas y estatales perderán poder y fuentes de ingresos. Los gobiernos locales están en una situación particularmente difícil. Han acumulado grandes deudas, que amortizan a través de las rezonificaciones y ventas de tierras. Presionados por los elevados precios de los inmuebles y la resistencia popular a las tomas de tierras, ahora enfrentarán mayores tasas de interés, mayores impuestos a la propiedad, pobladores con mayores derechos y la provisión de servicios sociales a los migrantes. Es por ello que los dirigentes locales y los ejecutivos de las EE se han resistido a las reformas en el pasado reciente.
Si bien la implementación implicará una continua oposición y resistencia las reformas, éstas ya están en marcha. El actual 12do Plan Quinquenal requiere alzas salariales anuales promedio de al menos el 13.4% en 2013, pero los salarios están aumentando a una tasa promedio del 18% que asfixian a las industrias caracterizadas por la obsolescencia o la capacidad excesiva. Además, la campaña anticorrupción del gobierno está enfocada en algunos de los grupos de mayor resistencia a las reformas, como el del petróleo, debilitando así su resistencia a las mismas.
Es de notar que los resultados económicos están cada vez más alineados con las metas de las autoridades. Los servicios ya producen mayor valor agregado y empleo que la industria – por ejemplo la empresa Alibaba de Internet está otorgando poder tanto a los consumidores como a las empresas más pequeñas en una escala antes inimaginable– y el crecimiento reciente ha estado impulsado más por la demanda interna que por las exportaciones. El cambio estructural no es solo un plan, está ocurriendo.
La apertura económica hacia Asia Central y la zona de libre comercio ASEAN (especialmente, Vietnam) ya ha avanzado mucho y las reformas incluirán una mayor apertura internacional. Las decisiones de la Tercera Sesión Plenaria siguen al lanzamiento en septiembre de la Zona de Libre Comercio de Shanghái, que abrirá nuevos sectores a la inversión extranjera y permitirá transacciones financieras y flujos de capital basados en mayor medida en el mercado. Se pretende que la liberalización de los flujos de capital se convierta en una política nacional de cambio gradual, canalizada a través de las instituciones financieras de Shanghái. Para el comercio de bienes, se pretende que la nueva zona de libre comercio compita directamente con Singapur y Hong Kong. China teme la dependencia de esos centros de distribución en caso de conflicto. La política es ampliar en gran medida el abanico de posibilidades a los inversores externos pero restringiendo simultáneamente el control extranjero. Las empresas extranjeras podrán mantener participaciones minoritarias en el sector de las telecomunicaciones, excepto ciertas empresas extranjeras dominantes que sufrirán restricciones.
El presidente Xi Jinping enfrenta la riesgosa tarea política de impulsar la agenda de reformas socioeconómicas contra la oposición en tiempos de desaceleración económica y en el contexto del próximo 25to aniversario de la masacre de Tiananmen en 2014. Al enfatizar el control del Partido a través de una ofensiva contra las EE, los oponentes del gobierno y los críticos de los medios y la academia, Xi busca maximizar su capacidad para imponer las reformas y a la vez minimizar el riesgo de un desafío por parte de las fuerzas conservadoras. Parece decidido a evitar la suerte de los anteriores líderes como Jiang Zemin y Hu Jintao, quienes perdieron efectividad después que una masa crítica de oponentes a las reformas las logró detener. Por ahora, Xi está centrado en un grupo clave de reformas, mientras que la reforma política está limitada en gran medida a la reorganización de las agencias gubernamentales para impulsar la eficiencia, fortalecer los esfuerzos para reducir la corrupción y para retirar el poder judicial del control político local.
Cada vez es más difícil a China posponer medidas más amplias y profundas que aplaquen las demandas populares de mayor justicia, incluido el establecimiento de un poder judicial más independiente, que podría resultar en un imperativo significativo para las reformas económicas estructurales. De igual manera, Xi debe aceptar las limitaciones a los controles que implica la revolución informática en curso, o deberá insistir en una represión mucho más costosa.
La visión de China parece ser avanzar hacia una economía en la que el gobierno desempeñe un papel intervencionista directamente reglamentario, mientras conserva un papel como propietario directo de algunos activos clave de la economía. Hay propuestas concretas de reforma de las EE como el aumento de la tasa de pago de dividendos de los actuales 10 a 15% a 30% y un estímulo de la participación privada en proyectos de inversión del sector estatal, mientras se mantiene un papel importante de las EE en el desarrollo económico. Si bien se descarta privatización de las EE, se las someterá a una competencia mucho más intensa y una regulación más estricta. La idea clave de Xi y los reformadores económicos, es que la base de una economía moderna exitosa no es la propiedad privada, como muchos economistas de libre mercado occidentales consideran, sino la competencia efectiva. Como resultado, con el tiempo el papel económico de las EE se erosionará y se mejorará la eficiencia económica general, sin la necesidad de las difíciles batallas políticas sobre la privatización.
En resumen el programa de reformas de Xi no satisface a los fundamentalistas del mercado y desde luego no ofrece esperanzas para los que nos gustaría ver a China más democrática y con mayores derechos y participación ciudadanos. Los dirigentes chinos consideran que deben mantener la estabilidad socio-política en un periodo de rápidas transformaciones. Sin embargo, posiblemente se logrará ajustar el modelo de crecimiento económico a la vez se lo hace más inclusivo socialmente al mejorar los beneficios de los migrantes urbanos y los derechos de los agricultores sobre la tierra.