Varios economistas destacados de EEUU han escrito recientemente sobre la relación entre la economía de libre empresa y mercado, y el sistema político democrático poniendo el tema en un contexto histórico. Entre otros, D. Acemoglu de MIT, J. Robinson de Harvard, y R. Rajan y L. Zingales de la Universidad de Chicago. Si bien ellos difieren en las palabras que emplean para referirse a los conceptos básicos y sus interrelaciones, y presentan realces y perspectivas distintas; no obstante, coinciden sustantivamente en la conceptualización y en las relaciones esenciales en un mundo complejo y fluido.
Consideran que en general, la democracia política liberal y la economía de libre empresa y mercado van acompañadas. Es difícil identificar una robusta democracia liberal que no sea una economía de libre empresa y mercado. Si bien algunas sociedades con gobiernos autoritarios, particularmente en el sudeste asiático, han abrazado la economía de libre empresa y mercado, es solo cuestión de tiempo si quieren seguir progresando, que se vean obligadas por las dinámicas sociales, a desplazarse hacia sistemas políticos más inclusivos y democráticos.
Sin embargo, no es evidente a priori por qué las economías de libre empresa y mercado, y las sociedades democráticas liberales se refuerzan mutuamente. O sea por qué las instituciones políticas inclusivas y participativas apoyan las instituciones económicas inclusivas. Así, mientras la democracia establece que todos los ciudadanos son iguales, con cada ciudadano adulto con un voto e igual derecho a la participación política, la libre empresa y el mercado empoderan a los individuos sobre la base de los ingresos y la riqueza que poseen.
Entonces, ¿qué es lo que impide que el ciudadano medio de una sociedad democrática vote para desposeer a los individuos que han acumulado propiedades y éxitos? ¿Y por qué los propietarios y los exitosos no intentan erosionar los derechos políticos de los otros ciudadanos ?
Una de las razones de que el ciudadano medio actúa racionalmente para proteger la propiedad de los ricos es porque los ve como los administradores más eficientes de las propiedades y los generadores de riqueza y bienestar social que el sistema económico de libre empresa y mercado proporcionan. Por lo tanto, en la medida en que los ricos se hayan hecho a sí mismo, y sean triunfadores en un mercado competitivo, con reglas universales, justas y transparentes, la sociedad lo aprecia como un buen resultado y les permite poseer y administrar sus bienes, a la vez que consigue una cuota razonable para el bienestar social a través de los impuestos y les limita sus acciones para asegurar el bien común a través de normas y regulaciones. Sin embargo, cuanto más los ricos sean vistos como inactivos o tramposos, o sea simplemente como herederos o, peor aún como que se han enriquecido por medios espurios, el ciudadano medio estará dispuesto, como contrapeso, a resistirse y votar en favor de establecer más estrictas regulaciones y elevados impuestos contra ellos.
Así, en la Rusia contemporánea, los derechos de propiedad no gozan de amplio respaldo ciudadano ni de la sociedad civil porque se considera que muchos de los oligarcas del país adquirieron su riqueza a través de medios escabrosos durante el proceso de privatización de las grandes empresas. Ellos se hicieron ricos porque se apropiaron de la riqueza nacional manejando el sistema, mediante instituciones económicas extractivas y excluyentes (el capitalismo de compinches), no porque la obtuvieron promoviendo o administrando bien sus negocios. Actualmente se levantan pocas protestas cuando el gobierno persigue a un magnate petrolero como Mikhail Khodorkovsky, Y, como otros ricos se inclinan ante las autoridades para proteger sus riquezas, desaparece el cuidado contra la arbitrariedad de los gobernantes y se debilita el estado de derecho con lo cual se facilita que el gobierno sea más autoritario. Así se establece un circulo vicioso entre las instituciones políticas y económicas excluyentes y extractivas.
Por el contrario, en condiciones de competencia económica apreciada como justa y transparente, el proceso de destrucción creativa de la riqueza tiende a quebrantar la riqueza mal administrada, haya sido adquirida o heredada, sustituyéndola por otra nueva y dinámica. La desigualdad, surgida a lo largo de generaciones, no se traduce en fuente de resentimiento popular. Por lo contrario, el ciudadano medio sueña y aspira que también se hará rico.
Cuando esas aspiraciones se perciben como factibles, la sociedad democrática apoya y refuerza a la economía de libre empresa y mercado, El rico con confianza y legitimidad popular, entonces usa la independencia que le brinda su riqueza para limitar los poderes excesivos y arbitrarios del gobierno para establecer impuestos y regulaciones y protege la democracia. Entonces la libre empresa y la democracia se apoyan en un círculo virtuoso y se refuerzan mutuamente.
Esto sugiere que hay mayores y profundas razones de por qué los derechos de propiedad y las instituciones políticas inclusivas de sistemas democráticos liberales apoyan la libre empresa y competencia que el argumento despreciativo de que los votos y los legisladores se pueden comprar y que los propietarios poseen la riqueza para hacerlo. En última instancia, un sistema de propiedad privada que no goza de apoyo ciudadano pierde todo vestigio de legitimidad e integridad.
Hoy día existen importantes desafíos a la legitimidad de las democracias de libre empresa y mercado en Occidente. En primer lugar, ya no parece brindar igualdad de oportunidades a todos para hacer la sociedad más inclusiva política y económicamente. La reciente gran recesión ha suscitado marcadas críticas sobre cómo las grandes empresas financieras hacen sus ganancias utilizando prácticas incorrectas e incluso ilegales con el apoyo explícito o la tolerancia implícita de las autoridades públicas, en vez brindar servicios efectivos a sus clientes. Además, se rescataron con paquetes fiscales que hicieron sociales sus pérdidas. Este tema es tratado en detalle para EEUU por Sheila Bair, antigua directora del FDIC, en su libro Bull by the Horns.
Otro reto es la aplicación selectiva de los derechos de propiedad. En la década de 1960 las prósperas economías occidentales adquirieron mayor cohesión social brindando programas extensivos en materia de pensiones y asistencia sanitaria que cada vez fueron menos realistas ya que estaban contemplados para periodos de prolongado crecimiento y bajo desempleo, particularmente de los más jóvenes. El crecimiento posterior más lento, agravado por la reciente gran recesión, y seguido por los costosos rescates financieros, han aumentado sustancialmente el nivel de la deuda pública. Ahora es prácticamente imposible atender todos los compromisos adquiridos por los gobiernos en varios países industrializados. Así en los programas de consolidación fiscal los gobiernos están renegociando y reduciendo las pensiones a largo plazo y sus obligaciones de salud, sin dejar de servir la deuda pública para asegurar la sostenibilidad de la misma a largo plazo y evitar su reestructuración. Hay la fea apariencia de que las obligaciones con los inversores ricos (que suelen estar más directa invertidos en bonos, como también antes lo estuvieron invertidos en los activos financieros que fueron rescatados) están siendo favorecidos a expensas de la ciudadanía en general para quienes las pensiones y la asistencia sanitaria constituían una parte sustantiva de sus activos.
Asimismo, la posibilidad de adquirir riqueza se está deslizando fuera del alcance de muchos en las clases media y de bajos ingresos, en parte debido a que una buena educación que es un pasaporte casi indispensable para la prosperidad en la sociedad del conocimiento, está cada vez más fuera de su alcance, porque se ha hecho muy cara, no les es accesible. Estos tres temas comentados crean malestar social y terminan erosionado el apoyo ciudadano al sistema de libre empresa y mercado y los derechos de propiedad.
Para restaurar la legitimidad, la confianza y el apoyo democrático a la economía de libre empresa y mercado en un mundo complejo con crecientes incertidumbres, los países industriales tienen que restaurar las oportunidades a las clases media y de bajos ingresos, esforzándose en asegurar el acceso a la educación y creando mecanismos de apoyo que permitan a los ciudadanos entrenarse para obtener y mantener buenos empleos. También tienen que explicar por qué algunas obligaciones públicas en los procesos de consolidación fiscal en marcha son más prioritarias e imprescindibles que otras y terminan beneficiando preferentemente a la clase rica o la plutocracia. Estas tareas no son fáciles pero son indispensables si quiere perseverar el apoyo ciudadano en las democracias a las economías de libre empresa y mercado, o sea a sociedades inclusivas política y económicamente. Si falla la cooperación entre los sistemas político y económico se pueden ocasionar daños colaterales, consecuencias no deseadas y generar resultados perversos (estancamiento, corrupción, monopolios, etc.).