Toma nota.../Take note...

Dando seguimiento a este tema, comenzado en esta columna el 9 de mayo, en la última entrega de fecha 31 de mayo comencé a describir la manera en que el gobierno social-comunista español presidido por Pedro Sánchez dejaba sentir su peso sobre la administración de justicia en un sentido claramente chavista. Debo insistir en que sólo cito algunos ejemplos porque tan sólo en la pasada semana, la manera en que el fiscal general del estado se sometió a los dictados de Sánchez empantanándose en una cadena de ilegalidades daría por si sola para toda una serie. Dejémoslo de lado y pasemos a otros aspectos importantes.

Señalaba en la última entrega la utilización de la fiscalía y de la judicatura para perseguir disidentes. Ese gigantesco fraude de ley se ha pretendido incluso trasladar al extranjero. Por ejemplo, España y Estados Unidos suscribieron en su día un tratado de asistencia judicial que permite solicitar a cualquiera de los dos países que tomen declaración a testigos y peritos en territorio del otro o que tengan lugar reconocimientos todo ello on line. Bajo ningún concepto, los tribunales españoles o americanos pueden pedir - ¡sería una locura que quebrantaría los derechos del procesado! – que la persona encausada sea juzgada on line. Estos límites de la cooperación son claramente sencillos y comprensibles. Pues bien una de las audiencias provinciales españolas ha pretendido, en un claro ejemplo de fraude de ley y de clamorosa prevaricación, que la administración de justicia de Estados Unidos redujera a un ciudadano americano procesado por la administración de justicia española a un proceso on line. Es lamentablemente cierto que la administración de justicia española está en no escasa medida corroída por una visión chavista de la justicia, pero no es el caso de la de Estados Unidos cuyo departamento de justicia ha denegado siempre en estos casos la atrocidad jurídica que pretendía el magistrado español. Con buenos modos, todo hay que decirlo.

También es cierto que la persecución de disidentes españoles en suelo extranjero es “peccata minuta” para el gobierno social-comunista español. La realidad es que Pedro Sánchez siempre ha ido detrás de la caza mayor. Así, tras designar al antiguo ministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y de la antigua directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como candidatos a magistrados del tribunal constitucional – algo que hizo inconstitucionalmente porque no contó con el Consejo general del poder judicial como marca la ley – Pedro Sánchez impuso una formación del Tribunal constitucional – siete socialistas frente a cuatro conservadores - que significaba entregarlo en sus manos. Cuestiones tan importantes como la amnistía – ilegal – de los golpistas catalanes, la entrega de soberanía a la Unión Europea, la limitación de la libertad de expresión y de prensa por leyes impulsadas por Sánchez serán acusados de inconstitucionalidad, pero la decisión final derivará de un tribunal constitucional a la hechura de Sánchez.

En su biografía crítica de Vladimir Nabokov, The Russian years (1990) y The American years (1991), el irlandés Brian Boyd nos sumerge en las profundidades dramáticas de la vida y obra del autor ruso-americano que alcanzó la fama, a los 63 años, con el éxito de su novela Lolita.

Boyd describe con lujo de detalles, el ambiente liberal de los Nabokov en San Petersburgo, su huida de la Rusia bolchevique, la educación de Vladimir en Cambridge y el asesinato de su padre en Berlín. Vladimir vive con escasos recursos en Alemania y Francia y tras la llegada de Hitler, se asila, con su esposa e hijo, en Estados Unidos.

El biógrafo examina, además, el mundo de Nabokov (1899-1977), su relación con su época y su independencia de ella; la estructura de su mente y pensamiento, la asociación de su filosofía con la creatividad de su estilo y narrativa. La carrera literaria de Vladimir ya era prominente en Rusia cuando escribe, en exilio, La verdadera vida de Sebastian Knight (1941) y Barra Siniestra (1947), una distopia en la que denuncia la opresión del comunismo.

Nabokov concibe un nuevo tipo de autobiografía, “un intento científico de desentrañar y rastrear todos los hilos enmarañados de la propia personalidad” con el título provisional: La persona en cuestión". Es la única obra de Nabokov, fuera de sus mejores novelas (El regalo, Lolita, Fuego pálido, Ada) que resultó en una obra maestra en su género. Habla, memoria (1951) es un memoir de su infancia en la Rusia Imperial y su exilio en Europa. Ha sido catalogada como la más artística de las autobiografías. Aunque carece del autoanálisis de Leo Tolstoi o del flujo anecdótico de Robert Graves, su autobiografía, fusiona la verdad con el detalle, con la perfección de la forma, lo exacto con lo evocador.

He estado pensando en cómo el poder invisibiliza a las personas

Me contaba alguien el diálogo con un conocido cercano, esos que no podemos llamar propiamente "amigos”, pero que están en el círculo estrecho de nuestras relaciones. Esta persona es uno de los que, vestidos de civil, tienen la función de deshacer las manifestaciones populares, y están autorizados a utilizar la violencia física contra la población.

Contaba esta persona, con orgullo, la función que le han pedido, y cómo “tenemos que parar al pueblo” cuando el pueblo sale en masa pidiendo libertad. El otro lo miró y le dijo: “¿Tú no te has dado cuenta de que yo soy parte de ese “pueblo”, de esa gente a la te han mandado golpear?”

Es interesante cómo nuestras pequeñas parcelas de poder pueden hacernos sentir tan importantes, tan necesarios, tan heroicos incluso, que nos impidan ver la realidad. Es asombroso cómo personas que padecen las mismas carencias del pueblo, que sufren las mismas necesidades, se presten a frenar a aquellos que están teniendo el coraje de decir: “¡Basta ya!”, en nombre de todos. Es triste cómo la ilusión de sentirse importante puede hacer que se reprima y se golpee a aquellos a los que se debería defender.

Porque en realidad, no son más que peones, piezas de un juego que se decide a un nivel mucho más alto. Son sólo fichas a las que se les vende ilusión de poder. 

Pero el poder, aunque sea ilusorio, es una droga, y como droga, hace que la realidad cambie delante de ti. Ves, pero no ves, porque lo que miras no es a la persona que tienes delante. Lo que miras no es al padre y a la madre de familia que están reclamando el pan, los medicamentos, la educación de calidad, el descanso para sus hijos; lo que miras no es al joven que está defendiendo su derecho a la libertad; lo que miras no es al anciano que está sólo, a merced de una pensión escuálida que no le permite vivir. Lo que miras no lo consideras persona.

En mi última entrega, señalé cómo Pedro Sánchez ha ido dando pasos hacia la consolidación de un régimen a la venezolana en España y cómo para poder avanzar en esa dirección le resulta indispensable controlar a una prensa que ha sido objeto de terribles acciones desde hace tiempo. Como no resulta difícil imaginar, esa conducta exige neutralizar y controlar a la administración de justicia y, ciertamente, ese es un proceso que viene de lejos y que con Sánchez está llegando a un verdadero paroxismo. El control de la justicia se produce por el control de la fiscalía, el control de algunos jueces de instrucción y el control de tribunales superiores como el supremo o el constitucional así como del consejo general del poder judicial. En esta entrega, voy a detenerme en fiscales y jueces de instrucción y dejaré las otras instituciones judiciales para la próxima. Comencemos con los fiscales.

Fue el propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, quien formuló la siguiente cuestión: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso”. Lo que Pedro Sánchez deseaba poner de manifiesto es que, al fin y a la postre, al fiscal general del estado lo nombra directamente el gobierno y ese fiscal general de estado aprovecha el orden jerárquico de la fiscalía para que los fiscales se comporten no de acuerdo a la legalidad sino a las órdenes que reciben. Los ejemplos que se podrían citar son muy numerosos, pero permitan que cite sólo algunos ejemplos especialmente escandalosos.

En el año 2006, el indescriptible Cristóbal Montoro creó un despacho de abogados en el que estaban integrados su hermano y cargos relevantes de la administración de Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró que no iba a dedicarse al tráfico de influencias aunque lo cierto es que entonces era miembro del parlamento europeo y no abandonó su escaño a pesar de formar parte del despacho. Entre los miembros más destacados del despacho de Montoro aparte de él mismo se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro; Ricardo Montoro: presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2000 y 2004 y hermano de Cristóbal Montoro; Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy, y anterior presidente del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en España y Portugal; Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del consejo de Equipo Económico y socio director del Área fiscal y regulatoria, así como secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria; Pilar Platero Sanz a la que Montoro nombró subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding adscrito a Hacienda del que dependen la mayoría de empresas estatales y las participaciones en cotizadas como REE, Enagás o Ebro; Miguel Crespo Rodríguez, que fue imputado por sus actuaciones relacionadas con Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y secretario de Estado de Hacienda y de Comercio con Rato, y que fue condenado por el escándalo de las tarjetas ‘black’; Salvador Ruiz Gallud que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda; Francisco de Asís Piedras Camacho que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESCE y Paradores, entre otros cargos; José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008; Gonzalo Solana, colocado por el Gobierno en el consejo de administración de Enagás y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; José Folgado, antiguo vicepresidente de CEOE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar y alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño que adjudicó varios contratos a Equipo Económico; José María Michavila, antiguo ministro de Justicia con Aznar; Covadonga Romero de Tejada: hija del antiguo secretario general del PP madrileño y alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, condenado por las tarjetas ‘black’, y apoderada en la constructora DICO, vinculada al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica y Ana Serrano que sería directora de Comunicación de Montoro en Hacienda.