La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, urgió "poner freno" a la "grave" situación que deja en riesgo la vida y derechos de millones de personas en Venezuela.
Ante la escasez de alimentos, algunos se ven obligados a salir a las calles a revolver en la basura en busca de algo para comer.
Es preocupante que las autoridades de Venezuela no acepten que afrontan una crisis humanitaria sin precedentes en el país, que ha puesto en riesgo la vida de millones de personas, advirtió la delegación de AI en un informe publicado el viernes 9 de junio
La negación casi obsesiva de las autoridades venezolanas de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, su falta de autocrítica y su empeño por no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo, señaló AI.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, encabezó la misión y documentó la actual situación, sostuvo encuentros con autoridades públicas como el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y con congresistas opositores, así como con organizaciones de la sociedad civil, abogados y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el estado Táchira, en la frontera con Colombia.
La compleja situación, como destacó Guevara Rosas en su informe, se ve reflejada en la severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, combinado con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de atender a sus pedidos desesperados de ayuda. Advirtió esla receta perfecta para una catástrofe épica.
Según la AI, se trata de una combinación de factores que con el paso de los días se vuelve más peligrosa para los venezolanos. Si aquellos en el poder no dan un giro completo en la forma en la que están abordando esta dramática crisis, la que ya es una situación extremadamente seria se va a convertir en una pesadilla inimaginable.
AI advierte que después de ver con sus propios ojos lo que padecen los venezolanos en ese contexto de desabastecimiento de alimentos y medicinas, sumado a la violencia en las calles, sí es posible que la situación empeore. Por lo mismo insisten en que solo hay una salida: el diálogo.
La revista Finanzas y Desarrollo del FMI de junio de 2016 presenta dos heterodoxos e interesantes artículos sobre algunos efectos negativos de la globalización y del neoliberalismo.
Un primer artículo resume los escritos del profesor de Harvard, Dani Rodrik, “un rebelde y escéptico con causa”, quien por más de dos décadas ha advertido sobre los efectos negativos, y a veces perversos, de la híper-globalización, o sea, de la completa y libre apertura al comercio de bienes y servicios, y la proliferación de los movimientos de capital y empresas multinacionales,que registraron aspectos adversos sobre la distribución del ingreso debido a las tensiones y desequilibrios que han generado. Rodrik ha sido un continúo exceptivo sobre la globalización y las normas que las sostienen como algo inexorable e inevitable.
El corazón del argumento de Rodrik es existe un "trilema" fundamental y que no se puede perseguir simultáneamente la democracia, la autodeterminación nacional y la globalización económica con la proliferación de las empresas multinacionales. Darle demasiado poder a los gobiernos tiende el proteccionismo. Darle a los mercados demasiada libertad tiende a una economía mundial inestable con poco apoyo social y político de aquellos que se supone ayudar. Rodrik argumenta a favor de una globalización inteligente, no del máximo de la misma para lograr nuevosequilibrios sociales y políticos.
La liberalización del comercio constituye una “alteración” microeconómica por los efectos sobre la composición del empleo, pero no necesariamente sobre su nivel general. Rodrik cita a Autor, Dorn y Hanson que muestran cómo la expansión de las exportaciones chinas produjo “importantes costos de ajuste y consecuencias distributivas” en EEUU. En algunas regiones con industrias muy afectadas por la competencia de las importaciones chinas, hubo una baja de los salarios y un aumento del desempleo por más de una década. La pérdida de empleo en esos sectores era previsible; la sorpresa fue que no se compensaran con la creación de empleo en otros sectores.
El otro artículo es de tres economistas del FMI (JonathanD. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri), trata sobrelos efectos adversos del neoliberalismo, que definen como el aumento de la competencia económica basada en la desregulación y la apertura al exterior. También, en la reducción del tamaño del estado, basada en la privatización de las empresas estatales y en la consolidación fiscal (mantenida por el control del déficit fiscal y el endeudamiento público en el 60% del PIB). Consideran que algunas de las políticas neoliberales han aumentado la desigualdad socioeconómica poniendo así en peligro la expansión económica sostenible.
Próximamente trataré en detalle estos dos temas porque tienen importantes implicaciones de política económica.
Muchas personas, entre José Miguel Vivanco, el director de Human Light Watch (HRW) para las Américas, consideramos que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC ha puesto mayor énfasis en lograr la paz en que en alcanzar la justicia para las víctimas del conflicto y la firmeza dispuesto del derecho humanitario.
Estas personas consideramos que si el acuerdo de paz fuera aprobado en sus términos actuales, significa un "desafío existencial" a la Corte Penal Internacional de La Haya porque le otorgaría "impunidad" a delitos graves de lesa humanidad y contra los derechos humanos fundamentales, así como haría del narcotráfico uno conexo con la lucha armada. Asimismo, el acuerdo viciaban la integridad, legitimidad y seguridad jurídica del acuerdo nacional de paz.
Recientemente, el pasado 11 de mayo, el Gobierno colombiano y las FARC han intentado un complicado y extremo (en un tiempo realmente rápido) blindaje jurídico para lograr el acuerdo de paz, a fin del Congreso apruebe las reformas constitucionales imprescindibles, la Corte Constitucional las revisen de inmediato, y se otorguen al presidente de la república facultades habilitantes especiales que legislar sobre los asuntos del acuerdo de paz. Después vendría el plebiscito.
Vivanco señaló en el llamado blindaje merma el estado de Derecho de Colombia cuanto intenta "restringir las facultades y atribuciones del Congreso condicionando su actuar a una autorización del Ejecutivo y limitar el examen constitucional simplemente a cuestiones procesales". Esta situación es "de la mayor gravedad" pues "cierran puertas a instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Constitucional".
Todos los latinoamericanos queremos la ansiada paz para Colombia, después de un cruel y prologado enfrentamiento de más de 50 años, pero tiene que haber justicia para las víctimas de los crímenes y atropellos cometidos, así como respeto a los procedimientos jurídicos y políticos para el proceso de paz puede estable y prolongado. Las experiencias latinoamericanas recientes con otros procesos de paz sugieren que de lo contrario no serían sostenibles ni vinculantes y que habrá una resistencia civil espontanea, tanto sobre el fondo del acuerdo como sobre en la forma jurídica en que se concretó.
Como ciudadano global, mi principal preocupación es la permanente protección a los derechos humanos fundamentales y al Estado de Derecho, para así ponerle fin a los posibles conflictos y sus secuelas de extendido conflicto armado.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, envió un mensaje de felicitación al líder norcoreano, Kim Jong-un, esta semana al término del VII Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó hoy la agencia estatal KCNA en Pyongyang.
"Me complace expresarle mis felicitaciones por su elección como presidente del Partido de los Trabajadores de Corea en su VII Congreso", expresó Castro en un mensaje enviado el martes, un día después de finalizar el cónclave, según el comunicado de la KCNA.
Kim, que ya era primer secretario del Partido desde que asumió el poder en 2011, fue nombrado "presidente" durante el reciente congreso, celebrado entre los días 6 y 9 de mayo bajo una gran atención internacional al ser el primero en 36 años.
"Estoy convencido de que el Partido de los Trabajadores de Corea y el Partido Comunista de Cuba consolidarán los lazos de hermandad y colaboración en la construcción del socialismo en nuestros respectivos países", expresó Castro a su homólogo norcoreano.
Después de más de una década de continuos retrocesos económicos, Puerto Rico sigue en una prologada y fuerte contracción cada vez más acelerada porque la moratoria de la deuda y porque la población continúa emigrando a EEUU. El PIB disminuyó en un promedio anual 2.4 % entre 2007 y 2015, con la disminución de la inversión y la caída de los bienes raíces, y la fuerza laboral se contrajo en promedio anual un 2.8 % entre 2007 y 2015. Se estima que la población y la fuerza laboral estarán reduciendo al menos en el ritmo superior al 3% anual en 2016.
Muchos portorriqueños han emigrado a EEUU, principalmente a Florida y Texas, porque no encontraban empleos en la isla. La población disminuyó de 3.9 millones a 3.5 millones en los últimos 10 años. Más aún, la tasa de participación de la fuerza laboral de Puerto Rico se sitúa por debajo del 40% frente al 63% en el continente.
La deuda pública se expandió de US$36,702 millones en 2005 a aproximadamente US$72,000 millones en 2016, o sea, un crecimiento anual de 6.3%; y el gobierno no pudo pagarla y se declaró en moratoria el pasado 1 de mayo. La deuda de Puerto Rico es más elevada que los de los gobiernos estatales de EEUU, a excepción de California, Nueva York y Massachusetts, mientras que su economía y población son intermedias. Luego de su reducción, Puerto Rico no podrá pagar el total de la deuda acumulada a menos de que se reduzca drásticamente y la economía comenzar a crecer. Los acreedores y legisladores estadounidenses deberán aceptar esta realidad y actuar de manera acorde. Las lecciones de la crisis griega son evidentes con sus elevados costos económicos y humanos y la necesidad de hacer recortes periódicamente.
Es inevitable y pertinente una acción coordinada y decidida en todos los participantes para lograr efectivamente la restructuración ordenada de la deuda de Puerto Rico. Sobretodo que para lograr que desarrolle una tasa de crecimiento razonable y tenga una política fiscal sostenible para servir la deuda. A pesar de los esfuerzos por recortar los gastos y elevar la recaudación fiscal, las obligaciones actuales y futuras (entre ellas las pensiones) superan por mucho cualquier aumento factible de los ingresos del gobierno.
Durante este siglo los sucesivos gobiernos portorriqueños consideraron erróneamente que la economía de la isla estaba en “recesión” e intentaron estimular la actividad económica mediante la expansión del gasto público financiado con deuda. El hecho de que las tasas de interés fueran bajas facilitó que los déficits fiscales se pudieran financiar mediante bonos muy demandados porque tenían una “triple exención fiscal” en EEUU (libres de impuestos federales, estatales y locales). La deuda se acumuló persistentemente y en el año 2014 los mercados financieros se cerraron completamente a un mayor endeudamiento.
Los sucesivos gobernadores de la isla presentaron presupuestos que estimaron eran equilibrados, sólo para encontrar que la falta de crecimiento económico generaba menores ingresos fiscales mientras incurrieron en mayores gastos que los proyectados debido a la falta de suficientes y adecuados controles fiscales.
Entre los problemas estructurales que afectan a Puerto Rico está la Ley Jones, que exige el uso de costosos barcos construidos en EEUU (junto con su tripulación) para todo el transporte marítimo entre la isla y el continente. Además, la isla debe cumplir con el salario mínimo establecido a nivel federal, a pesar de que su nivel de ingresos es cercana a la mitad del estado estadounidense más pobre; por ello las empresas portorriqueños no pueden competir con las firmas de las islas vecinas que pagan salarios menores. También varios aspectos de la Ley de Atención de Salud Asequible (Obamacare) rigen en Puerto Rico y se debe atender de la manera correspondiente. Asimismo, otras normas onerosas regulan el mercado laboral.
Hay varias lecciones de la crisis portorriqueña. La primera lección, es que inútil pretender que se puede evitar la reducción de la deuda. El recorte debe ser de tamaño suficiente para eliminar el sobre-endeudamiento impagable, fomentar la inversión privada y reconocer que la respuesta no está exclusivamente de más austeridad. La historia habría sido muy diferente si se hubiera reconocido anteriormente que era imprescindible disminuir la deuda de manera sustancial. No hay dudas que sí hará una reducción y que será categórica.
La segunda lección es que Puerto Rico tiene realizar ajustes estructurales que cobrar su competitividad, que envuelven a EEUU y la isla y que se definieron desde muchos años atrás cuando la situación entre ambas partes que eran completamente muy diferentes.
La tercera lección que se desprende de experiencia de Grecia es que no basta con ajustes de tipo macroeconómico. Los países cuya deuda es muy elevada también necesitan tengan una estrategia de crecimiento que sea creíble y válida. Puerto Rico no es ninguna excepción.
La cuarta lección es que las autoridades deben disponer de la política fiscal en una trayectoria sostenible. La economía de Puerto Rico se ha venido reducción desde antes de la crisis financiera del 2008 y los recortes de gastos y los aumentos de impuestos han empeorado la situación fiscal y financiera en últimos años. Por ello la relación entre la deuda y el PIB ha continuado aumentando, al mismo tiempo que la economía profundizó su retroceso.
Una posibilidad consistiría en establecer una norma de responsabilidad fiscal como las que se han adoptado en Nueva Zelanda, Suecia y Chile. La idea es mantener el gasto público por debajo de lo que el gobierno recaude en impuestos en largo plazo, asegurando así la sustentabilidad, y permitir déficits cuando la economía opere por debajo de su potencial o la recaudación del fiscal sea anormalmente baja, garantizando así la flexibilidad y contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y fiscal.
