Una cuestión central que ha preocupado a los economistas a lo largo de la historia es el éxito económico de las naciones. Es decir, ¿por qué unos países crecen y se desarrollan mientras que otros languidecen y se atrasan? Un estudio reciente de McKinsey Global, relativo al comportamiento de las economías emergentes ha destacado la relevancia que tienen las políticas públicas, la eficiencia del gobierno y el comportamiento de las empresas competitivas globales en la receta del éxito económico de las naciones. A ello me refiero en este post.
La importancia del crecimiento para contribuir a crear un clima favorable a la realización de los ahorros y las inversiones permitiendo a las empresas invertir, acumular capital, construir capacidad productiva y abrir el resto de la economía, se ha convertido en el eje principal de una visión compartida que está detrás del éxito económico de las naciones.
Lo más importante es que esta visión no ocurre de manera natural, automática, ni resulta fácil su aplicación, sino que depende de una agenda compartida de los responsables políticos con los dirigentes empresariales privados de los países, que establezca lo que se tiene que hacer, por ejemplo, estimular las exportaciones en un determinado sector de la economía, o situar los incentivos en el sitio correcto, promoviendo el impacto de la acción integrada de los distintos agentes para conseguir altos niveles de ahorro y de acumulación de capital en la economía.
¿Por dónde empezar? Parece evidente que lo primero es lograr elevadas tasas de ahorro y movilizar los recursos financieros de la gente hacia la inversión productiva. Para ello, se necesita aumentar el valor de los ahorros, de modo que si se ponen realmente a trabajar puedan producir un incremento significativo de la riqueza en el futuro. De igual modo, hay que garantizar la seguridad de los ahorros, para que puedan salir de debajo del colchón con tranquilidad y pasar a instituciones crediticias transparentes, competentes y seguras.
La política pública para lograr estos objetivos, pasa primero por crear un sistema financiero que permita que funcione la relación ahorro e inversión de manera eficiente. Solo así se puede lograr que los ahorros se destinen a crear valor. Por un lado para asegurar el despegue de la industria, de otro para estimular el crecimiento de las pequeñas empresas que no tienen acceso a los mercados. Finalmente, para dar seguridad a las inversiones inmobiliarias. Para ello, se deben implementar políticas públicas que permitan la recuperación de los ahorros, sin erosión, lo que facilite de nuevo su aplicación a otros proyectos inversores. Seguridad para ahorrador e inversor. Esta es la clave del proceso.
No conviene descartar la importancia de la inversión extranjera directa, por su contribución en estos países de éxito a la aportación de nuevas tecnologías y know how empresarial, vinculando las empresas locales a los mercados globales. Sin embargo, en términos de acumulación de capital, lo importante para estos países ha sido el ahorro nacional y su correcta aplicación. La credibilidad de las instituciones, la inclusión financiera y la orientación de los ahorros domésticos hacia los mercados de inversión, conforman un círculo virtuoso de desarrollo y prosperidad. Y no existe alternativa.
Es cierto que en tiempos recientes se ha puesto de moda el uso de aranceles, tarifas y cuotas, así como la eventual reducción de sus niveles, como medio para influir en el funcionamiento de los mecanismos de mercado. Los países emergentes de éxito han adoptado estas medidas para abrir de forma gradual, y desregular progresivamente, sus mercados orientando las economías hacia el mercado libre. A resultas de este proceso, han aparecido empresas líderes que han mejorado sus exportaciones, o acelerado su digitalización, por ejemplo. Y si bien es cierto que el papel del gobierno se ha dejado sentir en estos procesos, lo ha hecho en una lucha decidida contra los oligopolios a favor de una mayor competencia. El foco se sitúa en la capacidad para generar beneficios de las empresas, mucho más que las ventas. Las empresas líderes son las que han mostrado una mayor capacidad de obtener beneficios, no solo a corto, sino a medio y largo plazo.
En su camino a la prosperidad, los países emergentes de éxito han contado con empresas competitivas y de gran dimensión, que además, comparadas con sus contrapartes de la OCDE, han avanzado mucho más en los procesos de digitalización. Además crecen más rápido e invierten más. Acaban convirtiéndose en rivales globales de nivel.
Lo que resulta más interesante de estas nuevas empresas es que no solo atienden sus propios mercados, sino que se orientan hacia el mundo como terreno principal de juego. Una vez superan la fase exportadora inicial, a través de procesos de mejora contribuyen a un mejor funcionamiento de las pequeñas empresas con la creación de cadenas de valor que cobran ímpetu. Se pagan salarios más elevados que permiten aumentar las rentas. Y al mismo tiempo, se facilita el I+D, niveles más elevados de inversión en tecnología. Se trata de una organización basada en el mercado, que conduce a niveles más elevados de productividad, incrementa los ingresos y da soporte al aumento de la demanda.
La política pública de la agenda pro-crecimiento, de este círculo virtuoso, combina la energía empresarial con la forma correcta de gestionar una economía, creando oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos. Los gobiernos, en la mayor parte de estas economías de éxito, han desempeñado un papel activo en los procesos. El enfoque de una planificación indicativa, que respeta la acción del libre mercado, gana en relevancia por su contribución al desarrollo. Adaptar las experiencias de éxito, las buenas prácticas observadas por el mundo, ha sido una actuación correcta de los responsables políticos en su deseo por fomentar la prosperidad de sus países.
Además, muchas de estas economías se encuentran en lo que se suele catalogar como las primeras etapas del proceso de desarrollo. Un proceso en el que se presentan fallos de mercado, como la inexistencia de suficiente capital privado para la inversión, que se deben atender por las políticas públicas. En este punto, los gobiernos han actuado correctamente, apostando por la inversión en infraestructuras en las zonas más deprimidas y el desarrollo de las empresas estatales. Después, alcanzado un nivel de solvencia y estabilidad, la privatización ha sido la actuación más correcta.
En ese sentido, los principios de la economía de mercado no solo se han respetado en el ámbito de las decisiones económicas empresariales, sino que han venido a orientar e influir la actuación misma de los gobiernos, en busca de eficiencia para el gasto público.
La inversión en capital humano de los gobiernos para afrontar estos retos emergentes aparece como una cuestión de primer orden. En relación con la abundante investigación relativa al papel que el capital y las tecnologías han desempeñado sobre el crecimiento de la productividad, es interesante comprobar que los estudios sobre la aportación del trabajo han sido mucho menos desarrollados.
La inversión de los gobiernos en educación experimentó crecimientos destacados, pero las empresas de éxito, y en ocasiones sectores completos, han tenido dificultades muy importantes para encontrar trabajadores cualificados y, en última instancia, han debido realizar grandes esfuerzos por actualizar las cualificaciones de los que ya tenían trabajando. El mejor ejemplo es el sector tecnológico de la India. A pesar de contar con abundante población que tiene estudios de educación terciaria, las empresas debieron formar y actualizar sus conocimientos para que pudieran desempeñar los empleos ofertados.
En este punto, los mercados de trabajo de los países emergentes de éxito son determinantes del mismo. El estudio destaca que la flexibilidad, la inclusión y la movilidad son las palancas fundamentales para el desarrollo y la prosperidad. En esta dirección es como deben orientarse las políticas de inversión en educación de los gobiernos si se pretende mantener el dinamismo de las cadenas de valor y las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.