Muchas personas, entre José Miguel Vivanco, el director de Human Light Watch (HRW) para las Américas, consideramos que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC ha puesto mayor énfasis en lograr la paz en que en alcanzar la justicia para las víctimas del conflicto y la firmeza dispuesto del derecho humanitario.
Estas personas consideramos que si el acuerdo de paz fuera aprobado en sus términos actuales, significa un "desafío existencial" a la Corte Penal Internacional de La Haya porque le otorgaría "impunidad" a delitos graves de lesa humanidad y contra los derechos humanos fundamentales, así como haría del narcotráfico uno conexo con la lucha armada. Asimismo, el acuerdo viciaban la integridad, legitimidad y seguridad jurídica del acuerdo nacional de paz.
Recientemente, el pasado 11 de mayo, el Gobierno colombiano y las FARC han intentado un complicado y extremo (en un tiempo realmente rápido) blindaje jurídico para lograr el acuerdo de paz, a fin del Congreso apruebe las reformas constitucionales imprescindibles, la Corte Constitucional las revisen de inmediato, y se otorguen al presidente de la república facultades habilitantes especiales que legislar sobre los asuntos del acuerdo de paz. Después vendría el plebiscito.
Vivanco señaló en el llamado blindaje merma el estado de Derecho de Colombia cuanto intenta "restringir las facultades y atribuciones del Congreso condicionando su actuar a una autorización del Ejecutivo y limitar el examen constitucional simplemente a cuestiones procesales". Esta situación es "de la mayor gravedad" pues "cierran puertas a instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Constitucional".
Todos los latinoamericanos queremos la ansiada paz para Colombia, después de un cruel y prologado enfrentamiento de más de 50 años, pero tiene que haber justicia para las víctimas de los crímenes y atropellos cometidos, así como respeto a los procedimientos jurídicos y políticos para el proceso de paz puede estable y prolongado. Las experiencias latinoamericanas recientes con otros procesos de paz sugieren que de lo contrario no serían sostenibles ni vinculantes y que habrá una resistencia civil espontanea, tanto sobre el fondo del acuerdo como sobre en la forma jurídica en que se concretó.
Como ciudadano global, mi principal preocupación es la permanente protección a los derechos humanos fundamentales y al Estado de Derecho, para así ponerle fin a los posibles conflictos y sus secuelas de extendido conflicto armado.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, envió un mensaje de felicitación al líder norcoreano, Kim Jong-un, esta semana al término del VII Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó hoy la agencia estatal KCNA en Pyongyang.
"Me complace expresarle mis felicitaciones por su elección como presidente del Partido de los Trabajadores de Corea en su VII Congreso", expresó Castro en un mensaje enviado el martes, un día después de finalizar el cónclave, según el comunicado de la KCNA.
Kim, que ya era primer secretario del Partido desde que asumió el poder en 2011, fue nombrado "presidente" durante el reciente congreso, celebrado entre los días 6 y 9 de mayo bajo una gran atención internacional al ser el primero en 36 años.
"Estoy convencido de que el Partido de los Trabajadores de Corea y el Partido Comunista de Cuba consolidarán los lazos de hermandad y colaboración en la construcción del socialismo en nuestros respectivos países", expresó Castro a su homólogo norcoreano.
Después de más de una década de continuos retrocesos económicos, Puerto Rico sigue en una prologada y fuerte contracción cada vez más acelerada porque la moratoria de la deuda y porque la población continúa emigrando a EEUU. El PIB disminuyó en un promedio anual 2.4 % entre 2007 y 2015, con la disminución de la inversión y la caída de los bienes raíces, y la fuerza laboral se contrajo en promedio anual un 2.8 % entre 2007 y 2015. Se estima que la población y la fuerza laboral estarán reduciendo al menos en el ritmo superior al 3% anual en 2016.
Muchos portorriqueños han emigrado a EEUU, principalmente a Florida y Texas, porque no encontraban empleos en la isla. La población disminuyó de 3.9 millones a 3.5 millones en los últimos 10 años. Más aún, la tasa de participación de la fuerza laboral de Puerto Rico se sitúa por debajo del 40% frente al 63% en el continente.
La deuda pública se expandió de US$36,702 millones en 2005 a aproximadamente US$72,000 millones en 2016, o sea, un crecimiento anual de 6.3%; y el gobierno no pudo pagarla y se declaró en moratoria el pasado 1 de mayo. La deuda de Puerto Rico es más elevada que los de los gobiernos estatales de EEUU, a excepción de California, Nueva York y Massachusetts, mientras que su economía y población son intermedias. Luego de su reducción, Puerto Rico no podrá pagar el total de la deuda acumulada a menos de que se reduzca drásticamente y la economía comenzar a crecer. Los acreedores y legisladores estadounidenses deberán aceptar esta realidad y actuar de manera acorde. Las lecciones de la crisis griega son evidentes con sus elevados costos económicos y humanos y la necesidad de hacer recortes periódicamente.
Es inevitable y pertinente una acción coordinada y decidida en todos los participantes para lograr efectivamente la restructuración ordenada de la deuda de Puerto Rico. Sobretodo que para lograr que desarrolle una tasa de crecimiento razonable y tenga una política fiscal sostenible para servir la deuda. A pesar de los esfuerzos por recortar los gastos y elevar la recaudación fiscal, las obligaciones actuales y futuras (entre ellas las pensiones) superan por mucho cualquier aumento factible de los ingresos del gobierno.
Durante este siglo los sucesivos gobiernos portorriqueños consideraron erróneamente que la economía de la isla estaba en “recesión” e intentaron estimular la actividad económica mediante la expansión del gasto público financiado con deuda. El hecho de que las tasas de interés fueran bajas facilitó que los déficits fiscales se pudieran financiar mediante bonos muy demandados porque tenían una “triple exención fiscal” en EEUU (libres de impuestos federales, estatales y locales). La deuda se acumuló persistentemente y en el año 2014 los mercados financieros se cerraron completamente a un mayor endeudamiento.
Los sucesivos gobernadores de la isla presentaron presupuestos que estimaron eran equilibrados, sólo para encontrar que la falta de crecimiento económico generaba menores ingresos fiscales mientras incurrieron en mayores gastos que los proyectados debido a la falta de suficientes y adecuados controles fiscales.
Entre los problemas estructurales que afectan a Puerto Rico está la Ley Jones, que exige el uso de costosos barcos construidos en EEUU (junto con su tripulación) para todo el transporte marítimo entre la isla y el continente. Además, la isla debe cumplir con el salario mínimo establecido a nivel federal, a pesar de que su nivel de ingresos es cercana a la mitad del estado estadounidense más pobre; por ello las empresas portorriqueños no pueden competir con las firmas de las islas vecinas que pagan salarios menores. También varios aspectos de la Ley de Atención de Salud Asequible (Obamacare) rigen en Puerto Rico y se debe atender de la manera correspondiente. Asimismo, otras normas onerosas regulan el mercado laboral.
Hay varias lecciones de la crisis portorriqueña. La primera lección, es que inútil pretender que se puede evitar la reducción de la deuda. El recorte debe ser de tamaño suficiente para eliminar el sobre-endeudamiento impagable, fomentar la inversión privada y reconocer que la respuesta no está exclusivamente de más austeridad. La historia habría sido muy diferente si se hubiera reconocido anteriormente que era imprescindible disminuir la deuda de manera sustancial. No hay dudas que sí hará una reducción y que será categórica.
La segunda lección es que Puerto Rico tiene realizar ajustes estructurales que cobrar su competitividad, que envuelven a EEUU y la isla y que se definieron desde muchos años atrás cuando la situación entre ambas partes que eran completamente muy diferentes.
La tercera lección que se desprende de experiencia de Grecia es que no basta con ajustes de tipo macroeconómico. Los países cuya deuda es muy elevada también necesitan tengan una estrategia de crecimiento que sea creíble y válida. Puerto Rico no es ninguna excepción.
La cuarta lección es que las autoridades deben disponer de la política fiscal en una trayectoria sostenible. La economía de Puerto Rico se ha venido reducción desde antes de la crisis financiera del 2008 y los recortes de gastos y los aumentos de impuestos han empeorado la situación fiscal y financiera en últimos años. Por ello la relación entre la deuda y el PIB ha continuado aumentando, al mismo tiempo que la economía profundizó su retroceso.
Una posibilidad consistiría en establecer una norma de responsabilidad fiscal como las que se han adoptado en Nueva Zelanda, Suecia y Chile. La idea es mantener el gasto público por debajo de lo que el gobierno recaude en impuestos en largo plazo, asegurando así la sustentabilidad, y permitir déficits cuando la economía opere por debajo de su potencial o la recaudación del fiscal sea anormalmente baja, garantizando así la flexibilidad y contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Según Perspectivas económicas: Las Américas del FMI, publicado el pasado 27 de abril, se presenta su visión sobre el crecimiento de la región que se contraerá un 0,5 % en 2016, lo cual significa dos años consecutivos de crecimiento negativo, por primera ocasión desde la crisis de la deuda de 1982–83. Sin embargo, esta cifra, oculta que la mayoría de los países de la región siguen creciendo, de manera moderada pero firme, mientras que un pequeño número de economías —que representan aproximadamente la mitad de la economía de la región— se enfrentan a una recesión, principalmente debido a factores internos.
La desaceleración de la actividad refleja una demanda externa débil, un nuevo descenso de los precios de las materias primas, condiciones financieras más duras y volátiles y, en el caso de algunos países, importantes rigideces y desequilibrios internos. A la vez, muchos países han experimentado fuertes depreciaciones de la tasa de cambio, principalmente debido al deterioro de la demanda externa y de los términos de intercambio.
Diferencias dentro de la región
Brasil sigue sumergido en una profunda recesión y la actividad económica se ha contraído un 3,8 % —la misma tasa que en 2015— debido a problemas económicos y políticos. Argentina y Venezuela se enfrentan a una contracción del producto de alrededor del 1 % y el 8 % en 2016, respectivamente; sin embargo, las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Argentina han mejorado notablemente debido a la transición actualmente en curso para eliminar las distorsiones y desequilibrios internos y corregir los precios relativos. En Chile, el FMI pronostica que el crecimiento se desacelere al 1,5 % en 2016, debido al deterioro de la confianza y al bajo nivel de inversión en el sector de la minería. En Colombia el FMI prevé una disminución de la tasa de crecimiento al 2,5 %. En Perú, la economía se ha fortalecido y el FMI pronostica que el crecimiento siga en aumento al 3¾ % en 2016, impulsado principalmente por las inversiones en el sector minero.
Las perspectivas de crecimiento para México y América Central se mantienen sólidas en un contexto de continua recuperación en EEUU y el envío de remesas familiares. Se prevé que México siga creciendo a un ritmo moderado del 2,4 % en 2016. Para los países de América Central se proyecta que el crecimiento del producto regional sea del 4¼ % en 2016 beneficiando por los bajos precios del petróleo y la continua recuperación en EEUU.
En el Caribe, las perspectivas de crecimiento siguen siendo favorables para los países que dependen del turismo. En cambio, las perspectivas de crecimiento se están deteriorando para las economías dependientes de las materias primas.
Riesgos a la baja
Las perspectivas regionales están sujetas a varios riesgos a la baja. América Latina sigue siendo particularmente vulnerable a una desaceleración mayor de China —el destino del 15 % al 25 % de las exportaciones de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela— y a nuevas caídas en los precios de las materias primas. Una desaceleración en China contribuiría a reducir los precios de las materias primas e incrementar la percepción del riesgo corporativo.
Concluyó la reunión de Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2016. Entre los tres principales temas tratados estuvieron: (1) el mediocre crecimiento de la economía global,frágil, desigual y rodeado de preocupaciones y riesgos, los ritmos de crecimiento del PIB y del empleo todavía son insuficientes e insostenibles;(2) la necesidad de impulsan políticas estructurales y fiscales (en la medida de lo posible, compatible con la consolidación fiscal) para apoyar las políticas monetarias no convencionales, así expandir, la tasa de crecimiento de la economía global, tanto en los países avanzados, tal como en los países emergentes y en desarrollo; y (3) lograr una mejor y amplia cooperación multinacional entre los bancos centrales y regionales para momentos similares a un estallido de la crisis financiera del año 2008 mediante el afianzamiento de líneas de créditos recíprocas de los bancos centrales en el contexto de un sistema financiero cada vez más globalizado y sofisticado.
Los tres temas primordiales fueron los mismos de la reunión de FMI de octubre de 2014, sobre que los cuales escribí oportunamente en estas páginas. Fueron una repetición, con las debidas actualizaciones, pero sin mayores matices nuevos sobre los problemas existentes.
El crecimiento de la economía global ha seguido perdiendo impulso, continúa la nueva normalidad. El crecimiento es lento y frágil, más débil de lo que el FMI pronosticó recién tres meses en enero. Será de 3.2 % para el 2016, 1.9 % para las economías avanzadas y 4.1 % para países emergentes y en desarrollo. Para 2017 el FMI prevé apenas un repunte moderado de 3.5%, también revisado a la baja.
El debilitamiento de las perspectivas de la economía mundial se acrecentó en los últimos seis meses, caracterizado por la desaceleración relativa del crecimiento del PIB de China, la disminución de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, y las perspectivas de empeoramiento de la situación financiera en muchos países (primordialmente de Rusia y Brasil que continúan en severa recesión). Los mercados emergentes y en desarrollo siguen esperando la recuperación del crecimiento de las economías avanzadas.
La preocupación y riesgo principal es que la baja tasa de crecimiento se prolongue por demasiado tiempoy tenga efectos perjudiciales sobre el tejido y cohesión social y político de muchos países. Si los agentes económicos tienen las expectativas de que el crecimiento será bajo en el futuro no aumentarán los niveles de inversión y el consumo. En EEUU la inversión bajó del 8.4% del PIB en el año 2000 al 6.8% en el 2014; en la eurozona se redujo del 7.5% al 5.7% durante el mismo período. Esta dinámica perversa constituye un serio obstáculo para una robusta recuperación, especialmente en las economías avanzadas que además luchar con un elevado desempleo, una baja inflación y una baja productividad. Particularmente, esto ocurre en la eurozona y en Japón,cuyas economías que intentan ejecutar el experimento heterodoxo de utilizar tasas de interés negativas que aun no han retornado el crecimiento ni pleno empleo. En EEUU, el ritmo de crecimiento del PIB está estancado en 2.4 %, en parte debido al fortalecimiento del dólar.