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El “debt ceiling”, “techo de la deuda” o deuda máxima es un límite establecido por el Congreso de los Estados Unidos desde 1917 que exige al gobierno la aprobación legislativa de cualquier gasto que lo sobrepase.  El Congreso puede aumentar o reducir este límite por decisión legislativa, lo que obliga al Poder Ejecutivo a controlar sus gastos o negociar acuerdos con el Poder Legislativo que estén justificados por las necesidades financieras del país.

En estos momentos, el límite asciende a 14,294 billones.

EEUU enfrenta un creciente déficit presupuestario anual que está aumentando enormemente la deuda pública (ver el cuadro que abarca desde 2001 hasta 2011).  Estos déficit crecieron notablemente entre 2002 y 2004 como resultado de las guerras de Afganistán e Iraq, desde 158 mil millones hasta 413 mil millones, y empezaron a disminuir gradualmente hasta reducirse a 162 mil millones en 2007.  El proceso se invirtió a partir de ese año, pero en proporciones abrumadoras e insostenibles, alcanzando la cifra de 1,650 billones en 2011, es decir, cuatro veces más que el déficit más alto de la administración anterior y diez veces más alto que el déficit de sólo cuatro años antes.

El problema es que un déficit tan gigantesco no puede eliminarse de la noche a la mañana.  Cualquier intento de hacerlo súbitamente sería catastrófico y hundiría al país en una depresión económica.  Por lo tanto, la controversia que ha impedido hasta ahora un acuerdo entre las fuerzas políticas del país no consiste en si se debe aumentar o no el límite máximo de la deuda sino en cuánto se ha de aumentar y en cuánto se han de reducir los gastos presupuestarios para frenar el aumento acelerado de una deuda que ya a estas alturas representa un enorme gravamen para la economía del país.

Tanto los congresistas como el Presidente y su gabinete saben bien que si no llegan a un acuerdo antes del 2 de agosto de 2011, el gobierno no tendrá fondos suficientes para responder a todas sus obligaciones actuales.  En realidad, la crisis se remonta al 16 de mayo, cuando el gobierno de EEUU alcanzó ese límite máximo y tuvo que recurrir a fondos de urgencia.  Por tanto, podemos confiar en que esta pugna, que tiene grandes matices electorales en los intentos de ambas partes de echarle la culpa de la crisis a la otra, se resolverá  días antes de esa fecha.  Es inconcebible que la obstinación de ambas partes se sume hasta desembocar en tamaña catástrofe.

Según informa desde La Habana el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC), hasta el momento el gobierno cubano "ha entregado un millón de hectáreas de tierras ociosas, el 56% de lo planificado (1.763.000)", según el plan iniciado por Raúl Castro en 2009 para reactivar la producción agrícola, que había sido una de las más bajas en la historia del país desde su independencia.

El Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos es una organización sindical independiente, fundada en Cuba en el año 1995, con el objetivo de lograr la libertad sindical de los trabajadores cubanos, ampliar sus derechos, beneficios y ventajas, según constan en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, así como los Convenios y/o Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual es signataria.

Según este informe recibido de La Habana, la isla tenía 3,6 millones de hectáreas de tierras ociosas del total de poco más de seis millones de hectáreas cultivables. El CUTC insiste en su breve enfoque que "lo primero que debe hacer [el gobierno] es dar facilidades a los campesinos que le hicieron el favor de adquirir tierras ociosas, sobre todo a la hora de cosechar y vender los productos, eliminando los centros de acopio. Se impone la necesidad de que la transportación de la cosecha se realice por gestión de quienes explotan la tierra, e igual posibilitar que vendan sus productos directamente, sin la mediación de intermediarios, que lo que hacen es provocar la pérdida de lo producido, con el consiguiente malestar a los mismos".

El Presidente Chávez acaba de dar este domingo otra muestra del poder absoluto que tiene en sus manos para regir los destinos de Venezuela.  Caminando por la Plaza Bolívar, frente a las cámaras de "Aló Presidente", comentaba con un grupo de simpatizantes autodenominados "Custodios del Libertador" diversos aspectos de la historia del lugar, cuando uno de ellos comentó que en uno de esos edificios había vivido el Libertador en su juventud.  Volviéndose a su comitiva oficial preguntó Chávez:  "¿Qué es aquel edificio?".  Le respondieron que era "un edificio privado con una joyería".  Inmediatamente el mandatario ladró una orden, como es su costumbre:  "¡Exprópiese!" Seguidamente preguntó otra vez:  "¿Y ese otro de qué es?".  No dio muestras de que le importara mucho la respuesta cuando cortó tajante con otro "¡Exprópiese!", y añadió:  "Tenemos que convertir todo esto en un gran centro histórico", haciendo referencia a ésos y otros edificios del lugar.

Antes de que terminara el programa ya el alcalde Jorge Rodríguez había confirmado que los cuatro edificios señalados por el Presidente serán declarados "de utilidad pública.  Y el martes ya debemos estar expropiándolos".  Ni un asomo de legalidad, de seguir canales oficiales de consulta, de respetar el derecho de los expropiados a defenderse en los tribunales.

Todo esto es la secuela de un proceso donde el Presidente Chávez ha contado con el respaldo casi incondicional de los demás poderes del Estado mediante maniobras y estrategias que le han permitido acaparar el control absoluto del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Electoral.  Esta forma de expropiar por la libre es la manifestación de su éxito en la manipulación de este aspecto específico de su poder político.  Ha seguido un curso legalista, pero claramente ilegítimo porque se basa en la imposición y no en el consenso ni en la negociación, que ha rechazado categóricamente durante su gobierno.  Es el síndrome del poder al que Lord Acton se refería cuando afirmó que "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente".

El episodio del domingo en la Plaza Bolívar es el resultado final de un proceso de consolidación del poder que empezó a cristalizar hace nueve meses.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó el 24 de abril de 2009 una Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

El problema que tenemos los economistas con la economía cubana es que cada vez podemos confiar menos en el ministro del ramo. No hace muchos días, el señor Gil dijo en la Asamblea nacional que el PIB de la economía creció en 2021 un 1,3%, por debajo del plan que había sido establecido en un 2%.

Se podrá pensar que la diferencia de 0,7 puntos es poco significativa, pero hay más. Para que la economía cubana alcanzara un crecimiento del 1,3% en su PIB en 2021 era necesario que en el cuarto trimestre del año el crecimiento se hubiera situado en el 8,9%, una tasa bastante improbable de alcanzar si se presta alguna atención a los indicadores de actividad principales (agropecuario, manufactura, construcción, transportes, comercio, etc., todos con cifras negativas).

Ante esta evidencia, el ministro atribuyó el crecimiento al turismo (que sigue estando al 30% del nivel alcanzado en 2019, de modo que no hay recuperación y su impacto sigue siendo limitado) y a las actividades del sector presupuestado que se financian con un gasto público que llega al 20% del PIB que inunda de líquido la economía. Y nos lo tenemos que creer.

Pero es que, no conforme con ello, Gil sostuvo que la economía en el primer trimestre de 2022 creció un 10,9% y por tanto “seguía mostrando señales de recuperación gradual”. ¿Gradual? ¿De qué vamos? No se puede decir que un 10,9% de crecimiento del PIB sea gradual. Seamos sensatos. Aumentos de esa magnitud ya no se observan ni en China. Pero el ministro insistió en que esa era el resultado, convirtiendo por obra y gracia de sus designios, a la economía cubana en un dragón caribeño, lo cual es difícil de creer.

Cuando los analistas de la economía cubana tienen que pelear con estas informaciones que no tienen ni pies ni cabeza, surgen las dudas. Sobre todo, la credibilidad internacional, lo que explica las dificultades del régimen para atraer la inversión extranjera o la financiación. Enredados con estas cifras difíciles de creer, los dirigentes comunistas no se dan cuenta de que apagones, inflación, desabastecimiento, pérdida de valor del peso, huida de cubanos del país, configuran un escenario crítico, terminal, en el que no cabe un 10,9% de crecimiento del PIB ni en los mejores sueños.

La cuestión es que con un PIB creciendo un 1,3% en 2021 y un 10,9% en el primer semestre de 2022, el ministro Gil despacha una de las peores recesiones sufridas por la economía cubana desde el segundo semestre de 2019. Una recesión que ha devuelto el PIB real de la economía a antes de 2017, como si todo lo generado desde ese año hasta la actualidad se hubiera evaporado.

Los comunistas suelen culpar al bloqueo de todos estos males, a lo que añaden la pandemia del COIVID-19, y, más reciente, la inflación y crisis internacional. Siempre la responsabilidad está en otro sitio, cuando es bien conocido que el caos actual de la economía arranca de la aplicación de la llamada tarea ordenamiento, que puso patas arriba la economía cuando apenas empezaba a dejar atrás la fuerte crisis del COVID-19.