El “debt ceiling”, “techo de la deuda” o deuda máxima es un límite establecido por el Congreso de los Estados Unidos desde 1917 que exige al gobierno la aprobación legislativa de cualquier gasto que lo sobrepase. El Congreso puede aumentar o reducir este límite por decisión legislativa, lo que obliga al Poder Ejecutivo a controlar sus gastos o negociar acuerdos con el Poder Legislativo que estén justificados por las necesidades financieras del país.
En estos momentos, el límite asciende a 14,294 billones.
EEUU enfrenta un creciente déficit presupuestario anual que está aumentando enormemente la deuda pública (ver el cuadro que abarca desde 2001 hasta 2011). Estos déficit crecieron notablemente entre 2002 y 2004 como resultado de las guerras de Afganistán e Iraq, desde 158 mil millones hasta 413 mil millones, y empezaron a disminuir gradualmente hasta reducirse a 162 mil millones en 2007. El proceso se invirtió a partir de ese año, pero en proporciones abrumadoras e insostenibles, alcanzando la cifra de 1,650 billones en 2011, es decir, cuatro veces más que el déficit más alto de la administración anterior y diez veces más alto que el déficit de sólo cuatro años antes.
El problema es que un déficit tan gigantesco no puede eliminarse de la noche a la mañana. Cualquier intento de hacerlo súbitamente sería catastrófico y hundiría al país en una depresión económica. Por lo tanto, la controversia que ha impedido hasta ahora un acuerdo entre las fuerzas políticas del país no consiste en si se debe aumentar o no el límite máximo de la deuda sino en cuánto se ha de aumentar y en cuánto se han de reducir los gastos presupuestarios para frenar el aumento acelerado de una deuda que ya a estas alturas representa un enorme gravamen para la economía del país.
Tanto los congresistas como el Presidente y su gabinete saben bien que si no llegan a un acuerdo antes del 2 de agosto de 2011, el gobierno no tendrá fondos suficientes para responder a todas sus obligaciones actuales. En realidad, la crisis se remonta al 16 de mayo, cuando el gobierno de EEUU alcanzó ese límite máximo y tuvo que recurrir a fondos de urgencia. Por tanto, podemos confiar en que esta pugna, que tiene grandes matices electorales en los intentos de ambas partes de echarle la culpa de la crisis a la otra, se resolverá días antes de esa fecha. Es inconcebible que la obstinación de ambas partes se sume hasta desembocar en tamaña catástrofe.
¿Cómo se endeuda el país?
El método tradicional que utiliza el gobierno para “pedir prestado” es la emisión de Bonos del Tesoro (en el caso del gobierno federal) con vencimiento de corto (menos de un año), mediano (uno a diez años) o largo plazo (más de 10 años). Estos bonos se subastan en el mercado y los intereses que pagan se fijan de acuerdo con la demanda de los inversionistas. Cuando aumenta la deuda pública se emiten más bonos y por lo tanto hay que pagar más intereses por ellos. Si los inversionistas estiman que el país emisor es confiable, los intereses suelen ser bajos. Cuando surgen dudas sobre la capacidad de pago del país endeudado, los intereses suben en proporción al grado en que baje esa confianza.
Hasta ahora, la confianza en los Bonos del Tesoro de EEUU ha sido siempre sumamente alta. La posibilidad de la suspensión o mora de los pagos como consecuencia de un desacuerdo político que llegue más allá de los últimos días de julio, provocará un grave quebrantamiento de esa confianza. En eso consiste la advertencia de Moody’s de que están revisando la calificación de Aaa que hasta ahora ha concedido a esos bonos. Otro indicio ominoso es la calificación de EEUU en el índice del costo del “credit default swap” o seguro de incumplimiento crediticio, es decir, el costo del seguro de protección que debe pagar el inversionista para protegerse de una mora o suspensión de pagos. Estados Unidos estuvo al frente con el índice más bajo del mundo hasta 2010. Había caído a tercer lugar hace apenas un mes, detrás de Noruega y Suecia. Treinta días después ha caído a octavo lugar, sobrepasado por otros cinco países europeos. Para un país emisor de divisas, esta situación no puede prolongarse.
Por lo tanto, la incapacidad de los líderes políticos de llegar a un acuerdo antes de fin de mes representaría un suicidio económico de enormes proporciones. No obstante, tampoco pueden permitir irresponsables aumentos de la deuda sin proceder a ahorros presupuestarios sustanciales que impidan el derrumbe posterior en el cual desembocaría irremediablemente el país si no se toman medidas drásticas ahora.
Soluciones
Los dos grandes renglones que abruman el presupuesto estadounidense son el enorme gasto combinado de los seguros de salud (Medicare y Medicaid) y del seguro social (Social Security y Welfare), y el que corresponde al presupuesto de defensa.
El gasto social y de salud combinado ascendió en 2010 a 1,494 billones, lo cual representa más del 40% del presupuesto nacional. El presupuesto de defensa sobrepasa los 700 mil millones. Este nivel de gastos es insostenible en un presupuesto que en 2011 sufrirá un déficit de 1,650 billones.
Sería lamentable que el acuerdo indispensable de reducción de los gastos sociales y de salud se realizara cortando los beneficios y afectando así cruelmente a los más necesitados. Se trata más bien de enfocar el enorme despilfarro burocrático y los medios de controlar y castigar el costo abrumador de los fraudes que se comenten contra el sistema. Una acción vigorosa en este sentido podría reducir el presupuesto en varios miles de millones de dólares. Hay que tener en cuenta, además, que casi el 18% de la deuda pública de EEUU se le debe al Social Security trust fund. El país le debe a sus pensionados más de 2,500 billones de dólares. Están obligados a satisfacer esta deuda con absoluta prioridad.
En cuanto a los gastos de defensa, aun si rechazan el abandono prematuro del teatro de operaciones en Afganistán e Iraq porque sería un desastre para la política exterior y la seguridad de EEUU, podrían ahorrar muchos miles de millones de dólares en armamentos pesados que no son indispensables. Por ejemplo, la superioridad naval y aérea de EEUU es tan abrumadora que podrían ahorrarse casi cien mil millones sencillamente suspendiendo las partidas destinadas a la construcción de un nuevo portaaviones, un nuevo crucero misilístico, varios nuevos destructores, y más de un centenar de costosísimos aviones de combate. En estos momentos, EEUU podría enfrentar todos los portaaviones de los demás países del mundo con sólo tres de los ya construidos, ¡entre los 12 que tiene en operaciones! Cuenta además con más de 5 mil aviones de combate, suficientes para enfrentar (¡y derrotar!) a todas las principales potencias del mundo juntas. Luego podrían ahorrarse más de cincuenta mil millones sólo con limitar la construcción de armamentos pesados. En estos momentos de crisis económica fue irresponsable el 19% de aumento al presupuesto de construcción militar que se autorizó para 2010, que incluye más de 11 mil millones en cazas F-35 y 15 mil millones en un portaaviones adicional.
Otro problema grave de la abrumadora deuda pública que ha originado esta crisis, es que el 32% corresponde a la deuda externa. Solamente a China le debe EEUU el 7,5% de su deuda pública. Esto se debe en gran parte al déficit comercial. Estados Unidos importa muchísimo más de lo que exporta porque ha perdido muchas industrias y servicios a la competencia extranjera debido a que los costos son mucho menores en otros países. Por tanto, el aumento de los impuestos a empresas y empresarios en medio de una recesión complicada por esta crisis de pagos, provocaría una acelerada fuga de capitales y agravaría enormemente el déficit comercial y, eventualmente, el déficit presupuestario. Estados Unidos tiene que fomentar prioritariamente medidas que mejoren su balanza de pagos atrayendo nuevos capitales e industrias al país. Un aumento de los impuestos tendría un efecto contrario.
Por otra parte, fue un grave error derrochar miles de millones en una política de estímulo económico que benefició a bancos y grandes empresas al borde de la quiebra. Los bancos y las grandes empresas fracasadas tienen graves deficiencias estructurales que suelen perpetuarse en ineficiencias crónicas. Además, tienen una posibilidad de crecimiento muy limitada o nula. Por lo tanto, los subsidios y préstamos no redundan en más puestos de trabajo. Si quiebran, deben liquidarse, reestructurarse o nacionalizarse, pero no deben convertirse en una carga que aumente la deuda pública del país. Esos miles de millones de estímulo pudieron beneficiar a centenares o miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que vieron paralizados sus planes con la recesión pero que contaban con proyectos innovadores, competitivos y eficientes que habrían generado cientos de miles de empleos y un potencial crecimiento adicional a corto y mediano plazos.
Otra medida indispensable para la buena salud económica de EEUU consiste en frenar radicalmente el enorme e irresponsable aumento que ha experimentado la base monetaria desde 2008. Como punto de comparación, la Reserva Federal había aumentado gradualmente la base monetaria desde unos 200 mil millones de dólares en 1984 a unos 900 mil millones en 2008. En estos tres años, ¡aumentó a casi 2,7 billones! Es decir, que se ha triplicado en tres años. En cualquier otro país, esta política monetaria ya habría dado lugar a una violenta devaluación de la moneda. No ha sucedido, pero el peligro está latente y el derrumbe puede desencadenarse si el país no se aprieta el cinturón a tiempo y permite una catástrofe crediticia y bursátil en agosto por una irresponsable partida de póker político.
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