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Malmierca declara a Granma que “en materia de inversión extranjera se observan modestos avances en cuanto a la concreción de nuevos negocios, tanto dentro como fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como reinversiones en varios de los proyectos existentes”, y no me queda más remedio que darle toda la razón. Que de un modo u otro, reconocer, como hace él, un fracaso de la política de captación de inversiones extranjeras en Cuba es un hecho objetivo y, en contra de lo que muchos pueden pensar, obedece a razones de las que él no tiene culpa alguna.

El régimen castrista, que siempre ha confiado su existencia política a la propaganda y la venta de presuntos éxitos, acaba de inaugurar a bombo y platillo la edición 35ª de la Feria Internacional de La Habana, un foro que intenta atraer a inversores y compradores extranjeros a la precaria economía que los comunistas han construido durante 58 años.

Y ni corto ni perezoso, Malmierca informa que desde el pasado año, los negocios de capital extranjero han llegado a sectores estratégicos de la economía, como las energías renovables, el turismo, la construcción, la minería y la prospección petrolera, unido al bancario financiero y las industrias, especialmente la ligera, la alimentaria y la azucarera, y lo han hecho, por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares. Si todo esto fuera cierto, nos alegraríamos, sin duda. Creerlo requiere mucho más que una prueba de fe.

Otra decisión del régimen castrista puede suponer un duro golpe al sector agropecuario privado que empieza a funcionar en el país. Pagar impuestos por la tierra cedida.

Tras las reformas de Raúl Castro en 2006, que permitían la entrega en arrendamiento de tierras ociosas, propiedad del estado, a productores privados para que las pusieran en cultivo, un lento pero continuo aumento de usufructuarios ha situado en 2017 la cifra en 151.000 que ocupan 1,2 millones de hectáreas que continúan siendo propiedad del estado.

Transcurridos 11 años desde la aprobación de estas reformas, que aún tardaron casi dos años en implementarse plenamente, más del 70% de las tierras de cultivo de la isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios. Por el contrario, la proporción de tierras que gestiona el estado se mantiene en el 30%, una cifra realmente elevada, que no se observa en otros países de América Latina y del mundo, y que está detrás de los bajos rendimientos de la agricultura en Cuba.

En realidad, todavía queda por entregar a los productores privados unas 500.000 hectáreas de tierras para la agricultura y la ganadería. Las autoridades justifican esta situación porque se trata de “áreas poco atractivas” por situarse lejos de poblaciones y plagadas de marabú. La realidad es que la fórmula del arrendamiento sin derechos de propiedad no interesa a muchos productores agropecuarios. Nadie quiere trabajar para algo que no es suyo. No obstante, gracias a la entrada de productores privados en la agricultura, se han obtenido incrementos de la producción de arroz, maíz, fríjol y frutas, en los que más del 90% de la producción depende de la iniciativa privada, con crecimientos medios anuales entre el 6% y el 8%.

¿Dónde están los seguros que cubren los desperfectos ocasionados por los desastres climáticos en Cuba? El régimen castrista ha decidido actuar como asegurador a tiempo parcial de los cubanos. Posiblemente, ante el temor a un estallido social como consecuencia del grave deterioro en el parque de vivienda tras el paso del ciclón Irma, han lanzado una iniciativa, publicada hoy en el diario oficial de los comunistas, titulada “Información a la población”. Veamos en qué consiste y cuáles son sus consecuencias.

En la referida nota, el régimen comunista se atribuye una función de asegurador al destacar que, y cito textualmente, “tomando en consideración las severas afectaciones causadas por el huracán Irma, el Gobierno decidió que el Presupuesto del Estado financie el 50% del precio de los materiales de la construcción que se venderán a las personas damnificadas”.

Estamos a 5 de septiembre. Han transcurrido ocho meses de 2017 y todavía la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) no ha facilitado los indicadores relativos a las cuentas nacionales de la economía cubana. Un retraso lamentable que impide realizar un análisis de la evolución de la misma. La situación es especialmente grave ya que en la base de datos de este organismo en internet, los últimos indicadores se refieren al año 2014, no siendo posible construir la información de 2015.

Hasta la fecha, los datos divulgados de las cuentas nacionales de la economía cubana en 2016 se han basado en informaciones fragmentarias, de escasa credibilidad, ofrecidas en la Asamblea nacional por los máximos dirigentes del régimen, y que luego se han aceptado por los organismos internacionales, sin más. Pero este no es el procedimiento. En todos los países del mundo, existen institutos de estadística como ONEI que, con independencia y profesionalidad, se aseguran de la calidad y prontitud de los datos estadísticos. Hay mucho en juego cuando se trata de las cuentas nacionales.

Permitan que realice una breve descripción de lo que se trata. Las cuentas nacionales de un país reflejan los indicadores agregados de su gestión macroeconómica, desde la perspectiva de la producción y del gasto. Se trata de datos que atraen la atención de los analistas, los medios de comunicación y la opinión pública en general, porque se interpretan con facilidad y permiten realizar un diagnóstico preciso de la situación y tendencias de la economía. Entre otros, están el PIB, el consumo privado y público, la formación bruta de capital o inversiones, las exportaciones, las importaciones, y el detalle de su distribución por sectores y ramas de actividad. Un compendio de información valiosa que, en el caso que nos ocupa, todavía sigue sin ver la luz a pesar que ya estamos más cerca de 2018 que del año 2016.

Este tipo de situaciones genera una serie de problemas en juego cuya solución, si no se atiende de forma correcta, suele traer efectos muy negativos en el medio y largo plazo.