Muchas personas, entre José Miguel Vivanco, el director de Human Light Watch (HRW) para las Américas, consideramos que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC ha puesto mayor énfasis en lograr la paz en que en alcanzar la justicia para las víctimas del conflicto y la firmeza dispuesto del derecho humanitario.
Estas personas consideramos que si el acuerdo de paz fuera aprobado en sus términos actuales, significa un "desafío existencial" a la Corte Penal Internacional de La Haya porque le otorgaría "impunidad" a delitos graves de lesa humanidad y contra los derechos humanos fundamentales, así como haría del narcotráfico uno conexo con la lucha armada. Asimismo, el acuerdo viciaban la integridad, legitimidad y seguridad jurídica del acuerdo nacional de paz.
Recientemente, el pasado 11 de mayo, el Gobierno colombiano y las FARC han intentado un complicado y extremo (en un tiempo realmente rápido) blindaje jurídico para lograr el acuerdo de paz, a fin del Congreso apruebe las reformas constitucionales imprescindibles, la Corte Constitucional las revisen de inmediato, y se otorguen al presidente de la república facultades habilitantes especiales que legislar sobre los asuntos del acuerdo de paz. Después vendría el plebiscito.
Vivanco señaló en el llamado blindaje merma el estado de Derecho de Colombia cuanto intenta "restringir las facultades y atribuciones del Congreso condicionando su actuar a una autorización del Ejecutivo y limitar el examen constitucional simplemente a cuestiones procesales". Esta situación es "de la mayor gravedad" pues "cierran puertas a instituciones democráticas como el Congreso y la Corte Constitucional".
Todos los latinoamericanos queremos la ansiada paz para Colombia, después de un cruel y prologado enfrentamiento de más de 50 años, pero tiene que haber justicia para las víctimas de los crímenes y atropellos cometidos, así como respeto a los procedimientos jurídicos y políticos para el proceso de paz puede estable y prolongado. Las experiencias latinoamericanas recientes con otros procesos de paz sugieren que de lo contrario no serían sostenibles ni vinculantes y que habrá una resistencia civil espontanea, tanto sobre el fondo del acuerdo como sobre en la forma jurídica en que se concretó.
Como ciudadano global, mi principal preocupación es la permanente protección a los derechos humanos fundamentales y al Estado de Derecho, para así ponerle fin a los posibles conflictos y sus secuelas de extendido conflicto armado.