La crisis socioeconómica de Puerto Rico, II parte (Continuación del articulo del 10 de mayo de 2016)
La ley Promesa aprobada por el presidente Obama sobre la deuda pública de Puerto Rico no resuelve ninguno de los problemas económicos fundamentales de la isla: la excesiva deuda pública; el prolongado retroceso económico; la emigración forzosa al exterior, principalmente a la Florida y Texas; la recuperación económica, etc. Sólo protege al gobierno de la isla, mediante una restructuración supervisada de la deuda pública de los reclamos judiciales de los tenedores de bonos que no serán pagados oportunamente.
Promesa contó con el apoyo de ambos partidos políticos de EEUU mediante la división de los nombramientos de los miembros de la comisión que supervisará las finanzas de la isla y que durará hasta su logre el balance fiscal positivo por cuatro años conseguidos.
Puerto Rico continúa necesitando un plan que reduzca marcadamente la carga de la deuda y demore los pagos de la misma para permitir que la economía vuelva a crecer y genere sufriente espacio para la inversión privada-pública que restablezca el crecimiento económico. También, la isla necesita una estrategia de crecimiento efectiva que coloque a la economía en una ruta sustentable que remueva las condiciones a que las vigentes relaciones de EEUU y la isla frenan su desarrollo.
Promesa dista mucho de esos resultados, en particular porque la legislación aprobada depende, realmente, de una comisión de supervisión de tipo neocolonial. La comisión no incluye a ningún representante de las autoridades electas por Puerto Rico y es ella, y no el gobierno portorriqueño, la que determinará la forma de la restructuración de la deuda. Como Puerto Rico no puede implementar políticas monetarias o cambiarias, y sus limitaciones presupuestadas actuales descartan políticas fiscales activas, la austeridad depresiva continuará.