Después de más de una década de continuos retrocesos económicos, Puerto Rico sigue en una prologada y fuerte contracción cada vez más acelerada porque la moratoria de la deuda y porque la población continúa emigrando a EEUU. El PIB disminuyó en un promedio anual 2.4 % entre 2007 y 2015, con la disminución de la inversión y la caída de los bienes raíces, y la fuerza laboral se contrajo en promedio anual un 2.8 % entre 2007 y 2015. Se estima que la población y la fuerza laboral estarán reduciendo al menos en el ritmo superior al 3% anual en 2016.
Muchos portorriqueños han emigrado a EEUU, principalmente a Florida y Texas, porque no encontraban empleos en la isla. La población disminuyó de 3.9 millones a 3.5 millones en los últimos 10 años. Más aún, la tasa de participación de la fuerza laboral de Puerto Rico se sitúa por debajo del 40% frente al 63% en el continente.
La deuda pública se expandió de US$36,702 millones en 2005 a aproximadamente US$72,000 millones en 2016, o sea, un crecimiento anual de 6.3%; y el gobierno no pudo pagarla y se declaró en moratoria el pasado 1 de mayo. La deuda de Puerto Rico es más elevada que los de los gobiernos estatales de EEUU, a excepción de California, Nueva York y Massachusetts, mientras que su economía y población son intermedias. Luego de su reducción, Puerto Rico no podrá pagar el total de la deuda acumulada a menos de que se reduzca drásticamente y la economía comenzar a crecer. Los acreedores y legisladores estadounidenses deberán aceptar esta realidad y actuar de manera acorde. Las lecciones de la crisis griega son evidentes con sus elevados costos económicos y humanos y la necesidad de hacer recortes periódicamente.
Es inevitable y pertinente una acción coordinada y decidida en todos los participantes para lograr efectivamente la restructuración ordenada de la deuda de Puerto Rico. Sobretodo que para lograr que desarrolle una tasa de crecimiento razonable y tenga una política fiscal sostenible para servir la deuda. A pesar de los esfuerzos por recortar los gastos y elevar la recaudación fiscal, las obligaciones actuales y futuras (entre ellas las pensiones) superan por mucho cualquier aumento factible de los ingresos del gobierno.
Durante este siglo los sucesivos gobiernos portorriqueños consideraron erróneamente que la economía de la isla estaba en “recesión” e intentaron estimular la actividad económica mediante la expansión del gasto público financiado con deuda. El hecho de que las tasas de interés fueran bajas facilitó que los déficits fiscales se pudieran financiar mediante bonos muy demandados porque tenían una “triple exención fiscal” en EEUU (libres de impuestos federales, estatales y locales). La deuda se acumuló persistentemente y en el año 2014 los mercados financieros se cerraron completamente a un mayor endeudamiento.
Los sucesivos gobernadores de la isla presentaron presupuestos que estimaron eran equilibrados, sólo para encontrar que la falta de crecimiento económico generaba menores ingresos fiscales mientras incurrieron en mayores gastos que los proyectados debido a la falta de suficientes y adecuados controles fiscales.
Entre los problemas estructurales que afectan a Puerto Rico está la Ley Jones, que exige el uso de costosos barcos construidos en EEUU (junto con su tripulación) para todo el transporte marítimo entre la isla y el continente. Además, la isla debe cumplir con el salario mínimo establecido a nivel federal, a pesar de que su nivel de ingresos es cercana a la mitad del estado estadounidense más pobre; por ello las empresas portorriqueños no pueden competir con las firmas de las islas vecinas que pagan salarios menores. También varios aspectos de la Ley de Atención de Salud Asequible (Obamacare) rigen en Puerto Rico y se debe atender de la manera correspondiente. Asimismo, otras normas onerosas regulan el mercado laboral.
Hay varias lecciones de la crisis portorriqueña. La primera lección, es que inútil pretender que se puede evitar la reducción de la deuda. El recorte debe ser de tamaño suficiente para eliminar el sobre-endeudamiento impagable, fomentar la inversión privada y reconocer que la respuesta no está exclusivamente de más austeridad. La historia habría sido muy diferente si se hubiera reconocido anteriormente que era imprescindible disminuir la deuda de manera sustancial. No hay dudas que sí hará una reducción y que será categórica.
La segunda lección es que Puerto Rico tiene realizar ajustes estructurales que cobrar su competitividad, que envuelven a EEUU y la isla y que se definieron desde muchos años atrás cuando la situación entre ambas partes que eran completamente muy diferentes.
La tercera lección que se desprende de experiencia de Grecia es que no basta con ajustes de tipo macroeconómico. Los países cuya deuda es muy elevada también necesitan tengan una estrategia de crecimiento que sea creíble y válida. Puerto Rico no es ninguna excepción.
La cuarta lección es que las autoridades deben disponer de la política fiscal en una trayectoria sostenible. La economía de Puerto Rico se ha venido reducción desde antes de la crisis financiera del 2008 y los recortes de gastos y los aumentos de impuestos han empeorado la situación fiscal y financiera en últimos años. Por ello la relación entre la deuda y el PIB ha continuado aumentando, al mismo tiempo que la economía profundizó su retroceso.
Una posibilidad consistiría en establecer una norma de responsabilidad fiscal como las que se han adoptado en Nueva Zelanda, Suecia y Chile. La idea es mantener el gasto público por debajo de lo que el gobierno recaude en impuestos en largo plazo, asegurando así la sustentabilidad, y permitir déficits cuando la economía opere por debajo de su potencial o la recaudación del fiscal sea anormalmente baja, garantizando así la flexibilidad y contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y fiscal.