Toma nota.../Take note...

Ayer en su visita a Venezuela para profundizar las acciones de apoyo y solidaridad con ese país el primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura hizo unas declaraciones sobre los recientes hechos políticos en Venezuela:  "Las leyes habilitantes otorgan poderes al Gobierno para ofrecer soluciones rápidas ante situaciones desfavorables y quien las rechace, no está contra ellas sino contra el pueblo.  Estas leyes no comprometen de ninguna manera la soberanía del pueblo", ( ver http://caracas.eluniversal.com/2011/01/03/pol_ava_jaua-anuncia-leyes-p_03A4925735.shtml).

Machado Ventura considera que la ley habilitante del presidente que cercena la capacidad de legislar de la Asamblea y otras leyes (p. ej. la eliminación de la autonomía universitaria), conocidas como el paquete cubano, reflejan la soberanía popular.  Machado Ventura se equivoca y está confundido de plano, la soberanía popular reside en la ciudadanía que ha aprobado la Constitución que establece los principios y normas jurídicas básicas, las reglas de juego esenciales, que gobiernan a Venezuela y que de modificarse sin participación ciudadana constituyen un golpe de estado contra la legalidad o el estado de derecho.

Al respecto el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza ha expresado "Creo que es preocupante que un poder del Estado sea en la práctica privado de algunas atribuciones, o que algunas personas que van a entrar al Congreso sean privadas de su inmunidad''.   "El equilibrio de poderes es un tema que está en la carta democrática interamericana y creo que cuando se dictan leyes como la Ley Habilitante, con la duración que tiene, es un tema que sí es preocupante''. (ver http://www.elnuevoherald.com/2010/12/31/861550/secretario-de-la-oea-critica-gobierno.html#ixzz1A5OaGK1B).

 En Cuba las nuevas leyes o la práctica política se contraponen sistemáticamente la Constitución por eso puede afirmase que se carece de un estado de derecho. P. ej. el economista Oscar Espinosa Chepe considera que los cambios económicos en gestación en Cuba requieren ajustes a dos artículos de la Constitución cubana.  No se ha modificado el Artículo 21, que establece: ¨Se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno¨.   También cuando se despiden 500.000 personas, sin totales garantías de un trabajo honrado, se choca con el Artículo 45: ¨El trabajo en la sociedad socialista es un derecho…lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo…¨.

En el Condado de Miami-Dade, en el Sur de la Florida, aumentaron el presupuesto en medio de un período de aguda recesión económica.  Esto implica un alza de los impuestos para la mayoría de sus habitantes. De nada valieron sus protestas.  Pero estos acontecimientos no son una aberración provocada por autoridades carentes de un sentido del límite y la moderación, sino que se repiten en muchas partes del mundo sin que parezca haber racionalidad alguna en esta carrera desenfrenada de despilfarro presupuestario.  

Cuando se debaten cifras tan astronómicas, según el idioma y la cultura se miden de forma diferente.  Es decir, un billón, en inglés o en español tiene una cantidad diferente de ceros,  lo cual contribuye a la confusión de la mayoría de la gente, frustrada por su incapacidad de imaginar su magnitud.

Como el idioma universal de los negocios y las finanzas es el inglés, se impone la idea del billón en los medios, los informes y la contabilidad como el equivalente a mil millones.  Es decir, un 1 seguido por nueve ceros.  Parece una cifra muy grande, ¡y lo es!, pero como el gasto desenfrenado ahora se mide en cientos y hasta miles de billones (trillones en inglés), la gente se va acostumbrando a tomar a la ligera la idea de un simple "billoncito" o dos. 

 

The Securities and Exchange Commission is experiencing a crisis of public esteem, particularly for failing for more than a decade to bust confessed Ponzi-schemer Bernie Madoff and alleged Ponzi-schemer Alan Stanford. This week's $550 million settlement with Goldman Sachs over fraud charges notwithstanding, "Where was the SEC?" has a familiar ring.

One of the simpler and more effective things the SEC could do is adapt a new system of statistical incentives for agents to measure themselves against. Instead of encouraging field offices to take on a larger number of cases, the SEC should encourage them to take on more complex cases.

Jul. 14.─ Goldman Sachs Group Inc. and the Securities and Exchange Commission recently held discussions about a possible settlement to simultaneously resolve the fraud lawsuit against Goldman and some of the agency's lower-profile probes of the Wall Street firm's mortgage department, according to people familiar with the situation.

The settlement idea was floated by Goldman, which is eager to end the bad publicity swirling around the New York company ever since the SEC sued it in April over a collateralized debt obligation called Abacus 2007-AC1, these people said. Combining a settlement of the Abacus lawsuit with a resolution of related SEC probes could so the Goldman clients and investors, while shielding the firm from the release of information that could be used against Goldman in private litigation.

La mayoría de los votantes de Estados Unidos esperan de la administración Trump una transparencia mucho mayor que la de sus predecesores y sus lamentables manejos de la economía del país en el período 2020-2024. Pero se está comprobando que en muchos casos no es así, en particular en las disposiciones que están desatando una guerra comercial con algunos de sus más estrechos aliados, como es el caso de Canadá. 

Aunque es cierto que Canadá ha impuesto tarifas a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos desde hace algunos años; para ser más precisos, desde el 1º de julio de 2018 (bajo la anterior presidencia de Trump); en realidad fue en represalia por las tarifas que Estados Unidos les impuso en marzo de ese año con el pretexto de una necesidad de "seguridad nacional", bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Por tanto, Canadá ripostó con un arancel del 25% sobre el acero estadounidense, del 10% sobre el aluminio y aranceles adicionales sobre otros productos procedentes de su vecino.

¿Y cuál es la verdad sobre el comercio de automóviles? Antes de 2025, Canadá no estaba imponiendo aranceles a las importaciones de automóviles estadounidenses. De hecho, las reglas comerciales bajo el T-MEC mantuvieron los aranceles automotrices fuera de la mesa siempre y cuando los autos cumplieran con los requisitos de origen correctos.

Es muy lamentable este enfrentamiento que perjudica a ambos socios comerciales y sólo nos queda esperar que la actual administración recapacite y sea más selectiva a la hora de castigar a los países responsables que sí han estado aprovechando la generosidad comercial de Estados Unidos para beneficiarse unilateralmente, como es principalmente el caso de China y, en menor medida, de India y de algunos países de Europa.