Toma nota.../Take note...

Unchecked public debt fuels corruption and bad governance. A polycrisis is the simultaneous occurrence of several catastrophic events, and that is exactly what we see with global public debt. Over the past several years many countries are reaching an overwhelming debt distress.

May 17 (DPnet).– Governments are spending an increasing percentage of their budgets on debt repayment, which keeps them from making investments in the expansion and development of their countries. According to a recent survey, debt servicing costs are 2.5 times higher than education expenditures and 3.7 times higher than healthcare costs across the globe. Governments that attempt to address the issue by cutting back on public spending adversely impact disadvantaged populations and may experience greater rates of service reductions and layoffs. 

As a result of populist policies aimed at satisfying the desires of the population without any consideration for the consequences, 3.3 billion people worldwide currently reside in nations where the government spends more on debt repayment than on healthcare or education. This implies that when the amount of debt eventually becomes unpayable and causes a widespread bankruptcy of the economy, the affluence of today will eventually turn into severe impoverishment in the world of tomorrow.

La Doctrina Social de la Iglesia es desconocida por la inmensa mayoría de las personas en este mundo de hoy. Es incluso desconocida por muchos economistas y hasta por una mayoría de católicos. Peor aun, muchas veces la confunden con teorías socialistas o marxistas, pese a que se basa en una ética radicalmente distinta. Otras veces la califican erroneamente de doctrina religiosa, pese a que se trata de un mecanismo ético que puede ser adoptado por quienes profesan cualquier religión o se autoidentifican como agnósticos o ateos.

Entre sus importantes planteamientos, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en varios idiomas por el Vaticano, destaca y aclara con precisión la función del Estado. La propuesta se basa en los principios de subsidiariedad y de solidaridad, que son esenciales en la doctrina social, así como en la defensa del más débil, aceptando la intervención del Estado sólo cuando tiene que enfrentar circunstancias de abuso o de inestabilidad en "situaciones excepcionales", pero en un "contexto de libre mercado". Así podemos leerlo en sus acápites 351 y 352:

351. La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica; debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más débil. La solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiariedad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta. Para respetar estos dos principios fundamentales, la intervención del Estado en ámbito económico no debe ser ni ilimitada, ni insuficiente, sino proporcionada a las exigencias reales de la sociedad: «El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales».

352. La tarea fundamental del Estado en ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas, con el fin de «salvaguardar... las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes, no sea que una de ellas supere talmente en poder a la otra que la pueda reducir prácticamente a esclavitud ». La actividad económica, sobre todo en un contexto de libre mercado, no puede desarrollarse en un vacío institucional, jurídico y político: «Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes». Para llevar a cabo su tarea, el Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de superestructuras y constricciones autoritarias o, peor aún, totalitarias.

Es importante señalar que el indispensable principio de subsidiariedad, que es uno de los ejes de esta Doctrina Social, aboga por una amplia descentralización del Estado con el objetivo de dar más poder a las comunidades, municipios y provincias (o Estados federales) a la hora de decidir y resolver sus necesidades y problemas particulares. Por tanto, el Estado central que adopte esta política no controla sino que interviene sólo para proteger y garantizar el respeto a las leyes y, en particular, a los derechos humanos, los cuales no pueden ser relativizados por leyes injustas.

Muy pocos han oído hablar de una teoría económica que surge de pensadores y economistas católicos, el "Distributismo", un planteamiento basado en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), la cual quedó articulada y codificada mediante diversas encíclicas redactadas desde el siglo XIX, a partir de la Rerum Novarum de León XIII. Por tanto, estimo que es un tema que merece abrir amplios debates.

El Distributismo es una teoría que comienza a desarrollarse a partir del pensamiento de Hilaire Belloc y G.K. Chesterton y su principio clave establece que la propiedad de los medios de producción debe estar lo más extendida posible en lugar de concentrarse en manos de unos pocos propietarios (capitalismo) o en manos de burócratas estatales (socialismo). No obstante, Belloc, quien llegó a ser miembro del Parlamento Británico, no creía que estuviera desarrollando una nueva teoría económica, sino más bien reconstruyendo una antigua y extendida defensa de la propiedad privada y la libre empresa contra las novedades adulteradas tanto del capitalismo como del socialismo.

Frente al capitalismo, basa su argumento en la tendencia entre los desposeídos a consolidar su condición de clase asalariada demandando al Estado y a sus patronos precisamente aquello que les hace dependientes; es decir, más salario y más seguridad en lugar de reivindicar el acceso a la propiedad mediante la libre empresa como un derecho inalienable, única fuente de libertad económica y política. Frente al socialismo, desarrolló un pensamiento original que atribuía el fracaso de la ideología socialista a la “falsa filosofía” que le servía de base. En su opinión, esta ideología conducía directamente al tipo de sociedad que denominó el estado servil. Por tanto, siguiendo el pensamiento de John Locke en cuanto a que una sociedad estable tiene que estar basada en individuos libres, planteaba –como lo había formulado Locke en su Carta en torno a la Tolerancia (1689)– que es indispensable la libertad económica, la libertad intelectual y la libertad de conciencia, así como un indispensable derecho a la propiedad privada.

Por su parte, el escritor y filósofo G.K. Chesterton explicó la relación de la teoría con la política actual cuando escribió: "La mitad de nuestro tiempo lo dedicamos a explicarle al comunista que no estamos defendiendo el capitalismo; y explicarle al capitalista que no estamos defendiendo el comunismo". De hecho, no se trata de un sistema excesivamente dogmático por el que todos los aspectos de la vida económica han sido grabados en piedra, ni de un conjunto de impresionantes ecuaciones matemáticas a través de las cuales se pueden optimizar las decisiones, sino que para alivio de quienes temen o han experimentado los rigores del socialismo marxista o maoísta y todas sus secuelas puede afirmarse que el Distributismo NO es una forma encubierta de socialismo. Es un sistema que favorece la propiedad privada y la pequeña y mediana empresa.

En un artículo fechado el 20 de mayo de 2022 en este mismo espacio, señalaba que la inmensa y crediente deuda nacional en Estados Unidos alcanzaba "la friolera de 30 billones 462 mil millones de dólares (más de 30 trillones en inglés), lo cual representa una deuda de $242,985 por cada contribuyente al fisco."

El 1º de enero de 2023 comentaba en un artículo publicado en el FORO PARTICIPATIVO y titulado "2023; Derroche populista vs Ciencia Económica", que:  «Enfrentamos en 2023 las consecuencias del irresponsable derroche económico que ha llegado a niveles sin precedentes en Estados Unidos, al superar la deuda pública la aterradora cifra de 31 billones (31 trillones en inglés)»

Hablando del derroche presupuestario sin precedentes que estamos experimentando en los últimos años, me referí a una política de gastos irresponsables cuando el 21 de febrero de este año di una clarinada de alerta en una nota publicada en Facebook sobre la eliminación de 1,200 millones de dólares de la deuda de préstamos estudiantiles federales concedida a más de 153.000 personas que se habían beneficiado mediante una obligación contraída que sabían que debían pagar.

Parece que no fue suficiente este "regalo" que el gobierno federal por decreto del Presidente sacó hace dos meses de los bolsillos de todos nosotros mediante los impuestos –con los que se pretende pagar la creciente deuda del país–, sino que concede ahora el perdón de 7,400 millones de deuda a otros 277.000 beneficiarios de esos préstamos. 

Este dinero "regalado" no sale de un superavit presupuestario sino que, por el contrario, añade casi 9,000 millones de dólares a la deuda del país ¡que ya se acerca a la abrumadora cifra de 35 trillones de dólares (billones en español)! Todo indica que prefieren llevar al país al borde de la bancarrota para lograr los 430.000 votos de los beneficiados con ese "regalo" federal.

Este es sólo un detalle de la absurda irresponsabilidad del inmenso derroche presupuestario que no se ha frenado sino que ha aumentado desde aquel artículo del 20 de mayo de 2022.