Toma nota.../Take note...

Durante la administración de Obama la "ayuda" o "asistencia" (Foreign aid) otorgada a China osciló entre 61 y 98 millones de dólares, en la administración de Trump osciló entre 26 y 50 millones. Pero eso no es todo: es sólo la punta del iceberg. 

Aunque Estados Unidos debe al país comunista más de 800 mil millones de dólares (800 billones en inglés), nuestro gobierno envió casi 500 millones de dólares a China para pagar todo, desde proyectos literarios de poesía hasta investigaciones sobre murciélagos. La verdad es que nadie en Washington puede (o quiere) dar cuenta de la cantidad real que se ha enviado y se sigue enviando a China.  

El gobierno federal no sigue el rastro de los dólares de los contribuyentes después que el dinero sale del Tesoro para ver dónde termina. Esto permite que intermediarios irresponsables canalicen dinero destinado a proyectos en China sin el escrutinio público, algunos de muy cuestionable utilidad.  

Los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por ejemplo, otorgaron millones de dólares a EcoHealth Alliance. Seguidamente, esa turbia organización compartió el dinero con el notorio Instituto de Virología de Wuhan, administrado por el Estado en China, para la arriesgada investigación sobre los coronavirus de murciélagos que muchos creen que desencadenó la pandemia de COVID-19.

Una auditoría reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) concluyó que era imposible determinar el monto total en dólares que se enviaba a cualquier parte de China porque Washington no estaba llevando un registro. 

Mientras tanto, el monto de la deuda nacional de Estados Unidos sigue subiendo en billones de dólares (trillones en inglés) todos los años.  

Un régimen fiscal que haga hincapié en la equidad para el individuo permitirá a sus ciudadanos conservar la mayor parte del dinero que ganan o de la riqueza que poseen porque, después de todo, es de su propiedad. En particular, conservar lo que poseen o han adquirido legítimamente porque es de su propiedad privada, no de la propiedad comercial, sino de la vivienda y de la tierra donde ésta está asentada. 
 
Los defensores de la tributación argumentan que las nociones de derechos legales de propiedad privada están definidas por el marco legal del Estado y, por lo tanto, la tributación exigida por parte del Estado no representa una violación de la ley de propiedad, a menos que el impuesto en sí sea ilegal.

Frente a tal argumento, ¿qué pasa con la “teoría de la tarifa de entrada” que describe el impuesto a la propiedad como el precio de admisión para vivir en una comunidad y consumir todos los servicios que esta ofrece, como la educación y la protección policial que proporciona el gobierno local, así como otros servicios indispensables y el mantenimiento de la infraestructura? 

El ritmo de crecimiento mundial se ha ralentizado desde principios de este siglo. Las estimaciones indican que, tras la COVID-19, el crecimiento del PIB en las economías avanzadas cayó de un promedio del 2% a principios de la década de 2000 a menos del 1,5% en 2023. Durante el mismo período, las economías emergentes y en desarrollo experimentaron una desaceleración significativamente más marcada del crecimiento del PIB, con una disminución del crecimiento del 6% a menos del 2%. Según el FMI, el mundo está entrando en un período de crecimiento históricamente bajo como consecuencia de no haber tomado las medidas adecuadas, con una tasa de crecimiento a cinco años que se ubicará en 2,8% para 2030, muy por debajo del promedio histórico de 3,8%. Uno de los obstáculos que deben abordarse para que el crecimiento vuelva a acelerarse es la preocupante reducción de un 27% de la productividad total de los factores (PTF)*, así como la disminución de la formación de capital y de la participación en la fuerza laboral.

No se espera en un futuro previsible que la expansión económica mundial alcance el nivel del 4% observado a principios de la década de 2000. Sin duda, la tecnología desempeñará un papel importante en el crecimiento económico a largo plazo, sobre todo en las economías de ingresos altos, pero no podrá ayudar a las economías de ingresos bajos ni revertir el crecimiento lento o incluso negativo de todos los demás sectores económicos.

En un artículo publicado en este mismo espacio, titulado "DISTRIBUTISMO: una teoría económica con todos y para el bien de todos", comenzaba diciendo que: «Muy pocos han oído hablar de una teoría económica que surge de pensadores y economistas católicos, el "Distributismo", un planteamiento basado en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), la cual quedó articulada y codificada mediante diversas encíclicas redactadas desde el siglo XIX, a partir de la Rerum Novarum de León XIII. Por tanto, estimo que es un tema que merece abrir amplios debates.» 

Y, efectivamente, referenciado ese análisis en las páginas de Facebook ha despertado nutrido debate en ese y otros medios sociales provocando la confusión de muchos participantes que pretenden que sea una política impuesta por el Estado al estilo de la ideología Socialista. Por eso, estimo que hay puntualizar algunos conceptos.

El Distributismo es una teoría que comenzaron a desarrollar en el siglo XIX Hilaire Belloc y G. K. Chesterton y, como señalaba en aquel análisis, «su principio clave establece que la propiedad de los medios de producción debe estar lo más extendida posible en lugar de concentrarse en manos de unos pocos propietarios (capitalismo) o en manos de burócratas estatales (socialismo).» 

El Distributismo ha evolucionado desde los tiempos de Belloc hasta nuestros días, alejándose de aquella reacción suya frente a los abusos de la revolución industrial para ajustarse a los tiempos que han engendrado sistemas democráticos más participativos y una Declaración Universal de protección a los derechos humanos y de respeto a las libertades fundamentales.