El Frente Sandinista ha obtenido una importante (pero cuestionada) victoria en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2011, dando a Daniel Ortega un nuevo mandato presidencial y alcanzando la mayoría absoluta del parlamento, lo cual refuerza su hegemonía dentro del panorama político nicaragüense. Oficialistas y opositores reconocen que el voto sandinista alcanzó más del 50 % de los boletas válidas sufragadas, aun cuando las denuncias de irregularidades empañen el triunfalismo de los voceros del Frente (Unión Europea, 2011). Con todo, semejante resultados incrementan el interés de la opinión pública por conocer los rumbos y contenidos de la agenda política de esta fuerza política ahora que Ortega (re)asumió la banda presidencial el pasado 10 de enero.
El actual Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) debe analizarse en el marco de su trayectoria y desempeño concretos y recientes (Martí, 2009) (Saldomando, 2011) diferenciándolos del mantenido durante el periodo revolucionario (1979-1990). Los defensores del actual gobierno lo presentan como paladín de la soberanía nacional, garante de los intereses de los pobres y proclive al diálogo con las demás fuerzas políticas dentro del contexto nacional. Para los opositores, el Gobierno de Ortega estaría procurando, desde sus inicios y mediante el empleo de medios legales y/o inciviles, un control total de las instituciones del Estado, la justicia, los medios y la sociedad civil. Ambas lecturas podrían ser confirmadas/refutadas por un análisis del accionar gubernamental en algunas de sus iniciativas políticas fundamentales, como el llamado Poder Ciudadano.
Desde el inicio de su mandato, en enero de 2007, el presidente Ortega se empeñó en construir un sistema de participación ciudadana paralelo al establecido en la Ley 475 de Participación (2003) y en asignar a Rosario Murillo, su esposa y jefa de campaña del FSLN, la coordinación de esta nueva estructura. En enero del 2008 una resolución de la Corte Suprema de Justicia —afecta al sandinismo— reconoció el derecho del Ejecutivo para emitir decretos relacionados con la participación ciudadana que contribuyan al buen desempeño de su gobierno. Semejante decisión posibilitó la confirmación de Rosario como Coordinadora del Consejo y la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), con la responsabilidad de coordinar todos los programas sociales de las instituciones públicas, administrar la relación con los medios de comunicación y diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC) en todo el territorio nacional.
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