Perspectiva económica: Martínez-Solanas

Le llaman "cancel culture"
y se está extendiendo como una plaga.

Es lógico denunciar la censura en los medios de comunicación de cualquier democracia que se precie pero, además, esta práctica que ha estallado como un polvorín en los medios sociales es también un grave error que puede traerle a los censores desagradables consecuencias.

Estamos contemplando con justa indignación cómo los gigantes de la alta tecnología ("Big Tech") están introduciendo limitaciones y trabas para restringir severamente o incluso erradicar opiniones que califican de conservadoras. Es asombroso que estas empresas multibillonarias, manejadas por opulentos empresarios y administradores a los que les sobra el dinero, intenten silenciar a quienes, precisamente, son los principales defensores de la propiedad privada y de la libre empresa. Cabe especular que ellos no tienen interés alguno en respetar la propiedad privada ni fomentar la libre empresa, por la sencilla razón de que se han dejado dominar por una ambición desmedida que los impulsa a aspirar a la formación de sistemas monopólicos y oligopólicos que sólo son posibles cuando hay gobiernos centralizados que proverbialmente derivan hacia la corrupción y permiten estos excesos del capitalismo.

Aunque este es un fenómeno que se ha extendido rápidamente en pocos meses por la mayoría de los países industrializados, el foco de la censura pandémica que nos está azotando parece originarse en Estados Unidos. A raíz del horrible ataque de grupos extremistas al Capitolio de Washington DC el pasado 6 de enero, estas empresas se han despojado de toda pretensión de objetividad.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) favorece la empresa privada capitalista orientada por los preceptos de la Economía Social de Mercado, que se desenvuelva mediante una política promotora de la Justicia Social.

Cuando hablamos de la "distribución de la riqueza", la DSI promueve también lo que se conoce como el Distributismo, una teoría económica que enfoca los temas éticos de la distribución de la riqueza y del bien común, alentando y favoreciendo la iniciativa empresarial y la propiedad privada. No obstante, es muy importante subrayar y dejar muy en claro que no promueve ni un sistema de Welfare, como está planteado en muchos países ni, mucho menos, uno de clientelismo político, que es la consecuencia de muchas políticas populistas que se aplican en muchos países, incluso en los EEUU, para lograr más votos en las elecciones.

Sobre la teoría económica del Distributismo, que implica una estructurada descentralización del poder que permita a cada comunidad, a cada municipio o a cada provincia (o Estado) resolver los problemas que atañen a ese escenario político –como postula el Principio de Subsidiariedad–, los interesados en entender este tema pueden encontrar un análisis breve, pero más detallado del Distributismo en el ensayo titulado «La Economía de Mercado a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia», además de encontrar en él una ojeada sobre otros aspectos muy pertinentes de la Doctrina Social Cristiana en materia socioeconómica.

Para leer ese análisis, pulsen → AQUÍ

Desde hace algún tiempo se viene propagando la idea de un, así llamado, "Capitalismo inclusivo", que promueva los ideales de la justicia social y el bien común. Entre las más prominentes organizaciones impulsoras de esas ideas destaca el Council for Inclusive Capitalism, que se describe a sí mismo como «un movimiento de líderes mundiales del sector público y empresarial que están trabajando para construir un sistema económico más inclusivo, sostenible y confiable que aborde las necesidades de nuestros pueblos y del planeta.» (“a movement of the world’s business and public sector leaders who are working to build a more inclusive, sustainable, and trusted economic system that addresses the needs of our people and the planet.”).

Notablemente, este movimiento se ha constituido como una organización global sin fines de lucro creada bajo el auspicio del Vaticano con la orientación moral del Papa Francisco: “Nuestra misión es aprovechar el potencial del sector privado para construir una base económica más inclusiva, sostenible y confiable para el mundo. El Consejo está liderado por un grupo de base de directores ejecutivos y líderes públicos conocidos como los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, quienes se reúnen anualmente en el Vaticano”.

La fundadora del Consejo y socia directiva de esta organización es Lynn Forester de Rothschild, quien ha destacado que, si bien el capitalismo ha generado «una enorme prosperidad en el mundo», también ha dejado a «muchas personas atrás» lo que ha llevado a la «degradación» del planeta y, por tanto, no se confía «ampliamente en la sociedad». Además, ha declarado: «Este Consejo seguirá la recomendación del Papa Francisco de escuchar ‘el llanto de la tierra y el llanto de los pobres’ y responder a las demandas de la sociedad por modelos de crecimiento más equitativos y sostenibles». Por otra parte, el Consejo ostenta una larga lista de "Guardianes" dedicados a «usar su imaginación, influencia y recursos combinados para cambiar el capitalismo para siempre» en colaboración con el Papa Francisco. Estos son:

Los Derechos Humanos tienen su cimiento filosófico y cultural en la dignidad primordial de la persona humana.  En la Declaración Universal se postulan derechos y libertades que son inalienables e inherentes porque no dependen de las decisiones ni de la generosidad de gobiernos y grupos o de otros individuos o instituciones.  Los derechos humanos no se otorgan como una dádiva del Estado o del gobierno sino que son intrínsecos de la naturaleza humana.  Es así porque los derechos humanos trascienden las instituciones humanas y deben ser respetados por éstas como un producto tangible de un orden moral basado en una autoridad superior que no padece las limitaciones y deficiencias que nos aquejan como personas.  En el proceso civilizador que está plasmado en la historia observamos que los países más avanzados y los gobiernos más estables han llegado a estas mismas conclusiones en la edificación del mundo moderno que reconoce estos imperativos en sus propias Constituciones y Declaraciones de Independencia.

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se hace referencia a la “Ley Natural” y a un “decoroso respeto a las opiniones de los seres humanos” para afirmar que “estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables”.  Los próceres cubanos siguieron por el mismo camino en sus proclamas, como lo habían seguido también sus pares sudamericanos desde el Congreso de Tucumán, cuando los “representantes de la Provincias Unidas en Sudamérica” invocaron “al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos” para “recuperar los derechos de que fueron despojados”. Un siglo más tarde, la Constitución de la República de Cuba, de 1940, a pesar de su notable y avanzado contenido socialista, proclamaba que “para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general” acordaban “invocar el favor de Dios”.  En todo esto no hay un contenido religioso, como pretenden los críticos desde una posición relativista, sino una afirmación de inviolabilidad de libertades y derechos que, para ser válidos, tienen que trascender la voluntad de cualquier ser humano o las decisiones frecuentemente arbitrarias de una suma de voluntades.

Las realidades históricas demuestran abundantemente que la injerencia humana en los derechos de sus congéneres, mediante decisiones que derivan de procesos políticos, económicos o culturales, provocan invariablemente toda suerte de injusticias y crueldades.  Las decisiones de gobiernos que restringen, limitan o desconocen los Derechos Humanos afirmando que el fin justifica los medios utilizados para lograr “el bien común” convierten en dioses a quienes deben limitarse a ser servidores de sus pueblos.  Tales prácticas mesiánicas hacen germinar las semillas de la tiranía.  El buen gobierno sólo es posible en un ambiente cultural que respeta la dignidad de cada persona, establece normas de justicia social y se desenvuelve con una ética de tolerancia, cooperación y solidaridad.